El 26 de febrero pasado, a las 8.12, llegó al Aeroparque un vuelo privado con una sola pasajera y dos tripulantes. Venían de Miami y viajaban en un avión de OCP Tech, una compañía del empresario Leonardo Scatturice, comprador de Flybondi y uno de los nexos entre el gobierno argentino y el presidente estadounidense, Donald Trump.
Las tres personas que llegaron en el avión trabajan para este empresario, que tiene un pasado que lo une a los servicios de inteligencia.
Desde un primer momento, cuando el periodista Carlos Pagni informó sobre las sospechas en torno al ingreso al país de este avión y su equipaje, el Gobierno negó cualquier posible irregularidad. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que se habían hecho todos los controles de rutina y que la única pasajera, Laura Belén Arrieta, solo había entrado al país con un carry on y una valija que habían pasado por los “chequeos correspondientes”.
Pero los avances de la causa penal sacaron a la luz datos que, a juicio de los fiscales que intervienen en el caso, dan cuenta de falsedades en los registros del vuelo y de una maniobra para eludir los controles sobre el equipaje, que incluiría bultos nunca declarados. Quién estuvo detrás y por qué son algunos de los misterios en una trama que tiene todavía muchas dudas por despejar.
Estos son los interrogantes centrales, en base al dictamen que presentaron Claudio Navas Rial, el fiscal de la causa, y Sergio Rodríguez, el responsable de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
¿Cómo y por qué se saltearon los escáneres?
Los fiscales relatan que en los videos que aportó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se ve claramente cómo a la pasajera y a los tripulantes del vuelo N18RU no les controlaron el equipaje, a diferencia de lo que hicieron “sin excepción” con todos los demás viajeros que llegaron ese día en la misma franja horaria. A los tres que venían del vuelo privado de Miami les abrieron un carril especial paralelo sorteando los chequeos. Detallan los fiscales que entre el personal de Aduanas que les abrió este paso “se identifica a una agente que coincide con la imagen de quien previamente los había recibido en pista”. El juez del caso, Pablo Yadarola, ordenó medidas para determinar quién es e investigar sus comunicaciones.
El momento en el que una agente abre el paso por un canal que no estaba habilitado y permite así a los pasajeros del misterioso vuelo eludir los escáneres
El titular de ARCA, Juan Pazo, de quien depende la Aduana, dijo en las últimas horas que el escaneo de maletas es "una facultad selectiva del personal”, que no se monitorea el 100% de lo que entra al país y que el equipaje de este vuelo ya había sido revisado en Estados Unidos, en la salida de ese país. El control del equipaje está regulado por el Anexo IX “C” de la Resolución General AFIP 4361/201816, que establece que, cuando los pasajeros no poseen bienes para declarar o estos no exceden la franquicia permitida, deben dirigirse a la vía señalizada como “nada para declarar” y que, en tales casos, “el servicio aduanero procederá a revisar selectivamente el equipaje del pasajero mediante los controles que considere pertinentes”. La norma -citada por los fiscales en su dictamen- prevé las alternativas “en ausencia de tecnología de control no intrusivo o de metodología de control de flujos” y usa como criterio los “perfiles de riesgo”, que deben estar regulados. Pero los fiscales dicen que pese a que en el lugar había escáneres disponibles y un dispositivo tipo ‘semáforo’ para activar el mecanismo de revisión selectiva, “los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero hacia una vía secundaria, sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a revisión de equipaje”. Esta decisión “no obedeció a una situación de congestión ni a una saturación operativa”, sino que “el desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero”, señalaron los fiscales.
La decisión de desviarlos estuvo justificada en la inexistencia de alertas activas sobre el grupo, según lo manifestado por el jefe de División en la causa. El dictamen del Ministerio Público advierte, no obstante, que “se evidenció una discrecionalidad no reglada, sin trazabilidad ni fundamentos objetivos”. “El argumento del bajo riesgo que implicaban estas personas no se sostiene frente a la evidencia de que todos los demás viajeros que llegaron al hall de Aduana simultáneamente fueron sometidos a control. ¿Todos ellos representaban un riesgo, mientras que los tres ocupantes del vuelo privado no?”, se preguntaron los fiscales.
¿Cómo fue el episodio del teléfono que investiga la Justicia?
Un oficial de la PSA que estaba en la pista cuando aterrizó el avión declaró que vio “descender a la pasajera de la aeronave portando un teléfono celular” y observó que ese teléfono se lo entregó “a una agente de Aduana”, que hizo “un gesto de ‘okey”, antes de que Arrieta fuera conducida a la zona de arribos internacionales. El testigo -según relatan los fiscales en su dictamen- no supo si el celular era de propiedad de la pasajera. Los fiscales propusieron medidas de prueba para determinar quién fue la agente, qué líneas telefónicas tenían registradas ella y Arrieta y qué comunicaciones se hicieron esa mañana desde esas líneas en busca de contactos cruzados.
El dictamen sostiene que no pudo determinarse hasta ahora por qué las valijas no fueron escaneadas. “No se descarta, como hipótesis, la existencia de una instrucción externa que habría condicionado el desarrollo de los procedimientos previstos”, escribieron los fiscales en su documento.
¿Hubo bultos no declarados?
Respecto a los equipajes, el dictamen señala: “En la Declaración General de Vuelo se consignó de forma manual el ingreso de cinco bultos correspondientes a la tripulación y a la pasajera. Sin embargo, del análisis de las imágenes aportadas por la PSA incorporadas al expediente, surge que el grupo vinculado al vuelo privado trasladaba consigo más de diez bultos”. Los fiscales aportan fotos de diez objetos, numerados, en el momento en que son bajados de la cinta, para acreditar que hubo “inconsistencias”. No todos son valijas.
Los fiscales pidieron entonces que se citara a declarar a los dos tripulantes para preguntarles sobre esta “discrepancia”, entre otras medidas de prueba. El juez accedió a volver a tomarles declaración a los pilotos. A la Justicia le corresponderá determinar si se falseó la declaración sobre el equipaje ingresado. OCP Tech, la compañía de Scatturice dueña del avión y empleadora de las tres personas que llegaron a Buenos Aires a bordo de esa aeronave, insistió el martes, en un comunicado, en que no eran “10 valijas” sino “cuatro valijas y cuatro maletas de cabina, además de otros dos paquetes de dimensiones menores”. Para los fiscales, los -al menos- diez bultos no fueron debidamente informados.
¿Por qué hablan los fiscales de la “aparición” de las dos maletas en tránsito?
Los fiscales hacen mención en su dictamen sobre “la aparición de dos maletas en el interior del avión a la hora de su egreso del territorio nacional”. Según las declaraciones de los pilotos, esas dos valijas permanecieron dentro del avión “en carácter de equipaje en tránsito” y eran de “un pasajero que no abordó el vuelo de ingreso [al país], aunque sí el de salida”, pero a los fiscales no les consta nada de eso. Este pasajero es Víctor Germán Du Plooy, gerente de Negocios Corporativos de OCP Tech, que había llegado a Ezeiza antes, en un vuelo comercial, y que viajó con Arrieta a París. “Si bien afirmaron haber informado verbalmente esta circunstancia [que había dos valijas en el avión] al personal de Aduana y PSA, no se incorporó documentación formal que acreditara la existencia, contenido ni titularidad de dichos bultos”, indicaron los fiscales. Y advirtieron que no se sabe fehacientemente qué pasó con el avión mientras estuvo en el hangar porque los videos se cortan y no incluyen imágenes del primer día. “La ausencia de registros visuales continuos durante la permanencia de la aeronave en el hangar impide verificar que su contenido haya permanecido inalterado, como así también, permite dudar de que efectivamente [las dos valijas] hayan sido subidas al avión en el aeropuerto de origen”, sostiene el dictamen. En teoría, el comandante “cerró con llave” el avión cuando aterrizaron y solo lo abrió el día de la partida. No obstante -dicen los fiscales- “no se hallaron registros oficiales que acrediten la existencia de un control continuo sobre la aeronave durante su permanencia en el hangar de la firma Royal Class, ni documentación que garantice su inmovilización e inviolabilidad durante dicho período”. No hay un “sellado” del avión de parte de la autoridad competente.
¿Por qué hay dudas sobre el aeropuerto de origen del vuelo?
El avión llegó al Aeroparque Jorge Newbery la mañana del 26 de febrero de 2025, presuntamente procedente del aeropuerto de Fort Lauderdale (KFLL) o del aeropuerto de Opa-locka (KOPF), ambos ubicados en Florida, Estados Unidos, dice el dictamen. Los fiscales plantean dos opciones porque, según consta en la Declaración General de Vuelo, el aeropuerto de origen informado fue Fort Lauderdale, pero en mensajes de WhatsApp que el propio piloto le envió al personal de Royal Class -y esta compañía presentó en la causa- dijo que había partido de Opa-locka y que regresaría a ese mismo aeropuerto el día 12 de marzo. Asimismo, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) también aludió a Opa-locka. Por eso, la justicia argentina empezó los trámites para hacerse de las imágenes del despegue del avión. Pero hubo más inconsistencias en relación con el registro del vuelo: la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó en la causa que directamente “no existían registros oficiales de movimientos de la aeronave durante las fechas indicadas”. Los fiscales advirtieron que esto evidenciaba “una falta de información sobre el ingreso y egreso de la aeronave al espacio aéreo argentino”.
¿Hubo un cuarto viajero del que no hay registros?
El comunicado que dio a conocer el martes la empresa de Scatturice, titulado “OCP Tech informa que el avión de la compañía cumplió con todos los controles de rutina”, dice en uno de sus párrafos: “La tripulación del avión consistía en piloto, copiloto y asistente de vuelo, todos empleados de la compañía, y la única pasajera de ese vuelo es también empleada de la compañía”. Es una versión novedosa porque de ese supuesto “asistente de vuelo” no hay registro alguno. Según la información oficial en el Bombardier Global 5000 venían la pasajera Arrieta y dos tripulantes: Juan Pablo Pinto, el comandante, y José Luis Donato Bresciano. Nadie más. A ellos se sumó Du Plooy a la vuelta. Y en este punto la fiscalía destaca otra “inconsistencia”: “Los datos consignados por la Dirección Nacional de Migraciones indican como destino de salida Estados Unidos, cuando en realidad la aeronave partió con destino final París, realizando una escala intermedia en Tenerife, y recién retornó a EE.UU. el día 12 de marzo”. Los fiscales pidieron que se indagara en los motivos de esta discrepancia.
El registro de los pasajeros en el informe del vuelo
Por Paz Rodríguez Niell-La Nación