El CEPA dio a conocer su informe fiscal de febrero analizando ingresos, gastos y resultados del Sector Público Nacional y el estudio reveló que, en el traspaso de fondos de Nación, los gobernadores fueron los grandes perdedores.
Hace unos días, el gobierno nacional dio a conocer un dato que ilusiona al oficialismo, por segundo mes consecutivo se llegó al esperado superávit fiscal con una cifra que supera los $1,2 billones. Tras el pago de intereses por $894.412 millones, el superávit financiero fue de $338.112 millones. Este resultado es producto, al igual que en enero, de un fuerte recorte en los gastos en el cual las provincias fueron las más afectadas.Según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) el superávit no es producto de un incremento en la recaudación sino de un brutal derrumbe del gasto de 36,4%. Éste es explicado por la caída de todas las partidas presupuestarias, la mayoría con reducciones reales de dos dígitos. De cada $100 de ajuste en febrero, $35 correspondieron a recortes en jubilaciones, siendo el principal factor explicativo de la reducción real del gasto.
Le siguen en importancia los gastos de capital (que aportaron el 23,7% del ajuste total) y los subsidios económicos, principalmente energéticos (por la falta de transferencias a CAMMESA), que impactaron en la suba de tarifas tanto de transporte como de gas y luz.
Los problemas ocasionados por la demora en las transferencias a CAMMESA abren un interrogante sobre la sostenibilidad del ajuste llevado adelante por el gobierno. Esto quiere decir que al frenarse el traspaso de fondos se llegó a una especie de superávit ficticio en el que sólo se ganó tiempo por parte del oficialismo que venía del revés político que le dio el Congreso con la caída del DNU 70/23 en la Cámara Alta y en consecuencia, generó un descalabro en las tarifas que pegaron directamente en el bolsillo de la gente.Otro de los puntos a tener en cuenta tiene que ver con el recorte a las provincias, según el informe “Las transferencias a provincias se redujeron 85% en términos reales, principalmente explicadas por la eliminación del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.”
Por su parte, los gastos de capital registraron una disminución real del 88% en febrero, con una ejecución prácticamente nula debido a la decisión de paralizar la obra pública. La inversión en infraestructura fue mínima, alcanzando niveles no vistos desde febrero de 2017.Con un superávit fiscal acumulado de $3,2 billones en el primer bimestre del 2024, es probable que se cumpla la meta fiscal modificada por el FMI, que requiere un superávit de $962.000 millones para el primer trimestre del año.
Todo esto deja entrever que el plan que prioriza el gobierno es seguir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y los plazos que el ente le pide al Ejecutivo, pero todo tiene un costo político. El margen es cada vez menor y esta situación puede generar más descontento en la gente, incluso en los propios, quienes todavía apoyan las medidas de Milei y Caputo, en un país donde la paciencia tiene fecha de vencimiento.