El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, cumplió este jueves 23 de mayo sus primeros seis meses de mandato con una alta popularidad, tras un periodo marcado por su mano dura en la lucha contra el crimen. El presidente más joven en la historia del país y que declaró en enero al país en “conflicto armado interno” ha dedicado sus primeros meses a la lucha contra las bandas criminales en medio de una crisis de seguridad que ha sacudido a Ecuador, antes considerado como un remanso de paz. Sus políticas y medidas han generado alta popularidad, pero también críticas por parte de organizaciones internacionales y choques con otros países, en particular con México.
Este jueves 23 de mayo, Daniel Noboa, de 36 años, cumplió sus seis primeros meses en la Presidencia de Ecuador.
Su triunfo en los comicios del 2023 fue inesperado: en vísperas de la primera vuelta presidencial, en agosto del año pasado, el actual presidente no sumaba más del 8% de las intenciones de votos. Tres meses después, el empresario, hijo del magnate y excandidato presidencial Álvaro Noboa, se convirtió en el presidente más joven en la historia del país andino.
De viaje a Madrid el viernes 17 de mayo, Daniel Noboa se mostró satisfecho de sus primeros meses en el poder, que calificó de “muy intensos” y afirmó haber conseguido “mejorar significativamente” la situación en el país.
La visión positiva que Daniel Noboa tiene de su ejercicio del poder también es compartida por gran parte de los ecuatorianos. El presidente es ahora el gobernante más popular de América Latina, según una encuesta difundida el lunes por la empresa CB Consultora. Daniel Noboa suma 58,1% de aprobación.
Sin embargo, Fernando Carrión, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) subraya que “su popularidad, aunque sigue siendo alta, ha caído de 20 puntos desde enero”.
Seis primeros meses marcados por una inédita crisis de seguridad
Los seis primeros meses de la Presidencia de Daniel Noboa han estado marcados, sobre todo, por su política de mano dura contra los grupos vinculados con el narcotráfico.
Ecuador no es más el remanso de paz que solía ser en la región. De una tasa de homicidios históricamente baja de 6,9 por cada 100.000 habitantes en 2016, Ecuador pasó a 45 en 2023, según cifras del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado.
Esta crisis de seguridad explotó a la cara del mundo a principios de enero. El 7 de enero, Adolfo Macias, alias Fito, jefe de los Choneros, una de las bandas criminales más poderosas del país, se escapó de una cárcel de alta seguridad de Guayaquil, la ciudad más grande del país y epicentro de la violencia. Al día siguiente, Daniel Noboa decretó un estado de excepción en todo el país.
“Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y jurídico para sus acciones”, dijo, en aquel momento, Daniel Noboa. El Ejército quedó autorizado a actuar durante 60 días para mantener el orden en las calles y cárceles del país.
El martes 9 de enero, otro episodio de violencia conmocionó a todo el país. Hombres armados irrumpieron en el plató del canal público TC Televisión, en Guayaquil. Los ecuatorianos vieron con estupor a encapuchados tomando en vivo como rehenes al personal del canal, mientras las cámaras seguían rodando. El incidente terminó tras la intervención de la Policía. Al día siguiente, Noboa declaró el país en “conflicto armado interno” y prometió dedicar su mandato a retomar el control de la situación.
La política de mano dura de Noboa
Tras varios otros atentados contra representantes del Estado -que culminaron con los asesinatos de dos alcaldes en menos de 48 horas a mediados de abril- Daniel Noboa extendió por 60 días el estado de excepción en siete provincias.
Entre otras medidas, el estado de excepción permite el despliegue de las fuerzas militares en las calles, la suspensión de derechos como él de inviolabilidad del domicilio y la intercepción de las correspondencias.
Esta política enfocada en la lucha contra el crimen organizado también se concretó en un referendo organizado el 21 de abril.
Los ecuatorianos votaron por el ‘Sí’ en 9 de las 11 preguntas planteadas por el Ejecutivo, la mayoría de ellas relacionadas con la seguridad.
Entre las medidas que recibieron el respaldo se encuentran patrullas conjuntas policiales y militares, la extradición de criminales buscados, no libertad condicional para delitos como secuestro o financiamiento del terrorismo, controles de armas más estrictos en áreas cercanas a las cárceles y que los militares puedan utilizar armas confiscadas.
ONG denuncian vulneración de derechos
Si bien los homicidios han descendido a un 27 % desde que se declaró el “conflicto armado interno”, según datos oficiales, organizaciones locales e internacionales denunciaron violaciones a derechos humanos en medio de las medidas para combatir al crimen.
ONG apuntan a violencia perpetrada por militares, especialmente dentro de las cárceles.
Al respecto, la ONG Human Rights Watch envió el miércoles una carta a Noboa para advertir que su decisión de elevar la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado internacional” carece de sustento y ha contribuido a “serias violaciones de derechos humanos”.
Además, expertos cuestionan la eficacia a largo plazo de la política ofensiva de Noboa.
El foco puesto en la reducción de ciertos crímenes como los homicidios produjo un desplazamiento del accionar de las bandas criminales hacia otros tipos de delitos. “Ahora observamos un aumento de los secuestros y de las extorsiones”, indica el profesor de Flacso Fernando Carrión.
Pero, a pesar de estas críticas, la política de mano dura del Ejecutivo ha sido, de manera general, bien recibida por parte de la población.
“Esta política responde a una demanda por parte de la población que es víctima de la crisis de seguridad”, enfatiza el profesor.
Una resonante crisis diplomática tras asalto a embajada
Las medidas de Daniel Noboa en materia de seguridad no han sido la única fuente de críticas. El país andino también estuvo en el foco de la mirada internacional cuando estalló una crisis diplomática con México tras el arresto de Jorge Glas, el 5 de abril, en la embajada de México, donde acaba de recibir asilo.
El exvicepresidente ecuatoriano, buscado por corrupción, había buscado refugio en la embajada mexicana en Quito.
En Ecuador, Glas se enfrenta a cargos por malversación de fondos vinculados con la reconstrucción de la provincia costera de Manabí, en el oeste del país, después del terremoto de 2016. Ya había sido condenado una primera vez a seis años de cárcel por haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos con el Estado.
Tras el asalto contra su embajada, México denunció una violación del derecho internacional ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
“Estaremos acudiendo a la Corte Internacional de Justicia, donde estaremos presentando este triste caso y por supuesto iremos a todos los foros multilaterales regionales e internacionales que corresponden para que realmente esto, primero que nada, se condene por toda la comunidad internacional”, declaró la secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena, dos días después del incidente.
En aquel momento, Daniel Noboa justificó la captura de Glas diciendo que no podía permitir que “se asile a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves” y que luego se fuguen “como ha pasado antes”.
Sin embargo, la irrupción de fuerzas policiales en la sede diplomática desencadenó fuertes críticas por parte de la comunidad internacional.
Ahora el caso sigue ante la CIJ. El jueves 23 de mayo, la corte rechazó las medidas cautelares pedidas por México, en el último avance de la pelea jurídica que opone ambos países.
Daniel Noboa reaccionó al fallo emitido con un mensaje dirigido al expresidente izquierdista Rafael Correa, quien había pedido a la comunidad internacional presionar al Gobierno de Ecuador tras el asalto a la embajada.
Las medidas económicas, otro detonante de críticas
Si la política de mano dura en materia de seguridad logró el respaldo de una gran parte de la población, no fue el caso de las medidas económicas emprendidas.
Daniel Noboa subió hasta un 15% el IVA, una decisión motivada por la necesidad de financiar el conflicto armado interno, justificó. En febrero, la Asamblea Nacional (AN, parlamento) rechazó el incremento, pero la decisión fue vetada por Noboa. Así, el mandatario insistió en incluir en la normativa el aumento del IVA. Una acción denunciada por la oposición que dijo que la medida afecta a quienes menos tienen.
A esto se suman los apagones, que también impactaron el bolsillo de los ciudadanos. Daniel Noboa declaró el “estado de emergencia energética” el 16 de abril ante la crisis en las hidroeléctricas.
Apagones hasta de 13 horas afectaron a la población. Las pérdidas ascienden a “alrededor de 12 millones de dólares por hora sin luz eléctrica, lo que genera un aproximado de 72 millones de dólares diarios”, reconoció el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, a finales de abril.
“El presidente Noboa empieza a acumular unos hitos complicados en su mandato, que podrían pesar al momento de las elecciones presidenciales en febrero del año próximo”, resumió Fernando Carrión.
Por William Gazeau-France24 con AFP, EFE y medios locales.