La privatización exprés de áreas petroleras de YPF a Bentia Energy, empresa creada por el ex ministro de Energía durante la presidencia de Macri, Javier Iguacel, ha encendido alarmas sobre posibles conflictos de interés y favoritismos. La trama involucra a Mauricio Macri y a su socio Nicky Caputo, que podrían haber influido en el proceso bajo el nuevo gobierno de Javier Milei, exacerbando las sospechas sobre la transparencia del manejo de los recursos estratégicos del país.
La reciente adjudicación de pozos de YPF a la nueva compañía de Javier Iguacel, fundada con un capital inicial ínfimo, revela la influencia de figuras clave del macrismo y pone en cuestión la transparencia del proceso licitatorio del gobierno de Milei.
La venta de pozos de YPF, una de las operaciones más controvertidas de la administración de Javier Milei, ha desatado una serie de cuestionamientos que trascienden la mera transacción comercial. La adjudicación de cuatro áreas petroleras a Bentia Energy, una empresa de reciente creación por Javier Iguacel, ex ministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri, no solo destaca por su rapidez sino también por el opaco proceso detrás de la operación.
Bentia Energy fue fundada el 1 de julio de 2024 con un capital inicial de apenas 30 millones de pesos, una suma irrisoria comparada con los valores involucrados en el sector petrolero. A pesar de su corta existencia y capital reducido, la compañía de Iguacel logró asegurar cuatro de los pozos en cuestión en un tiempo récord. Este logro ha suscitado una serie de interrogantes sobre el proceso de privatización llevado a cabo por YPF y el papel de figuras prominentes del pasado gobierno en el mismo.
La sombra de Mauricio Macri y su socio Nicky Caputo se cierne sobre la transacción, alimentando las especulaciones sobre posibles favoritismos y tráfico de influencias. Las conexiones entre Macri e Iguacel son bien conocidas; el ex presidente ha intentado en múltiples ocasiones colocar a Iguacel en cargos relevantes del sector energético. De hecho, no es un secreto que Macri ha manifestado un marcado interés en mantener una influencia sobre YPF, incluso después de perder el control directo sobre la compañía.
Según diversas fuentes del sector, el proceso de venta de los pozos de YPF se llevó a cabo de manera precipitada y opaca. Se rumorea que el acuerdo de adjudicación fue parte de las negociaciones entre Macri y Milei, lo que sugiere que la influencia del ex presidente podría haber jugado un papel crucial en la decisión final. Esta situación resulta especialmente problemática dado que la administración de Milei se presenta como un gobierno de renovación y transparencia, pero que, en la práctica, parece replicar las mismas prácticas oscuras que caracterizaron a gobiernos anteriores.
El vínculo de Iguacel con Nicky Caputo, hermano del alma de Macri y socio en el sector energético, agrega una capa adicional de complejidad al asunto. Caputo, quien también jugó un papel clave durante la gestión de Macri, fue responsable de colocar a Lucas Logaldo, ahora socio de Iguacel en Bentia, en un puesto estratégico dentro del Ministerio de Energía. Este entrelazamiento de relaciones sugiere que la adjudicación de los pozos a Bentia Energy podría no ser un simple caso de suerte o capacidad empresarial, sino el resultado de un entramado de influencias y negociaciones en los pasillos del poder.
La adjudicación de estos activos petroleros plantea serias dudas sobre la integridad del proceso. No solo se cuestiona la transparencia del mismo, sino también la equidad con la que se han tratado a otros posibles oferentes. La rapidez con la que Bentia Energy se hizo con los pozos, junto con las conexiones políticas de su fundador, deja un sabor amargo en el sector y entre los ciudadanos que exigen una gestión más clara y honesta de los recursos nacionales.
La actual administración de Milei, que ha promovido un discurso de cambio y eficiencia, parece enfrentar dificultades para distanciarse de las viejas prácticas que critican. La privatización de recursos estratégicos bajo su gobierno ha sido objeto de críticas, no solo por el manejo de los activos sino también por la percepción de que las decisiones están influenciadas por viejas redes de poder.
El Diputado Fueguino Jorge Araujo ha solicitado informes para esclarecer el proceso de adjudicación, buscando respuestas sobre si hubo tráfico de influencias o algún tipo de privilegio en la venta de los pozos. La respuesta de Iguacel y su equipo ha sido desmentir cualquier irregularidad, pero las dudas persisten.
Este episodio no solo destaca la continuidad de los viejos vínculos de poder sino que también refleja la dificultad del gobierno actual para consolidar un verdadero cambio en la administración pública. Mientras los argentinos observan con preocupación la evolución de la privatización de YPF, la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos naturales se hace cada vez más evidente. La trama de influencias que envuelve la operación de Bentia Energy sirve como un recordatorio de los desafíos que enfrenta el gobierno de Milei en su intento de reformar el sistema y ofrecer una gestión pública más limpia y justa.
Fuente: EO