El organismo de control pidió información al Gobierno sobre el destino de las reservas, pero Bausili se niega a contestar. Qué puede hacer el Congreso.
La Auditoría General de la Nación (AGN), que preside Juan Manuel Olmos, intimó al Banco Central para que informe sobre el destino de los lingotes de oro pertenecientes a las reservas que el gobierno de Javier Milei envió al exterior a mediados de 2024 y evalúa la posibilidad de iniciar acciones judiciales ante la falta de respuesta.
“Estamos ante un intercambio de notas que ya se agotó”, explicó Olmos el último martes, cuando concurrió al Congreso a la reunión de la comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que preside el diputado Miguel Pichetto. Durante su exposición, el titular de la AGN habló sobre la situación anómala que atraviesa el organismo, por la falta de nombramiento de los auditores, por parte del Congreso, y focalizó en la situación del Banco Central.
La AGN puso en marcha dos auditorías que tienen como sujeto al Banco Central, que preside Santiago Bausili. La primera tiene que ver con el préstamo REPO que la entidad firmó con bancos internacionales y tiene como garantía bonos para la reconstrucción de una Argentina libre (BOPREAL) por un monto superior a los cinco mil millones de dólares. Se trata de la actuación 46/2025.
La segunda auditoría versa sobre la administración de las reservas físicas del Banco. Puntualmente, sobre el oro que la entidad envió a Londres el año pasado. Es la actuación 92/2025, sobre “facultades y funciones, operaciones de traslado y depósito de barras de oro en el exterior”.
El silencio del Banco Central
En los dos casos, el organismo envió notas al Banco Central para que la entidad informara detalles de las operaciones. Respecto del oro, la AGN pidió información sobre el uso y destino de los lingotes, además de cuál es el beneficio que le generó al país. “No podemos saber dónde está el oro, qué interés está rindiendo, cuáles son las tasas que se están pagando. Tampoco sabemos si se pagaron seguros de traslado y cuánto costaron”, relató Olmos frente a los diputados y senadores.
“Algunas estimaciones informales indican que se enviaron entre 31 y 37 toneladas de oro, equivalentes al 60 % del total de reservas en metales, y cuyo valor rondaría los u$s 1000 millones”, publicó la exdiputada Carla Pitiot, asesora en la AGN.
Según explicó el titular de la AGN en el Senado, el Banco Central respondió que se trata de “información reservada”. “Entendemos que ese secreto es importante para el Banco, pero no para el organismo auditor. En todo caso, es uno de los ejemplos en los que la AGN debería guardar reserva”, dijo Olmos. El 2 de septiembre del año pasado, la entidad publicó una nota en la que indicaba que “tanto la Auditoría General de la Nación como los entes de control pertinentes mantienen acceso a esa información bajo el mismo manto de confidencialidad”. Pero, ante los requerimientos, no dio detalles.
Los caminos de la AGN
Según pudo saber Letra P, el intercambio de notas entre la Auditoría y el Banco Central terminó el 3 de septiembre de este año, cuando el organismo de control envió la última intimación a la entidad bancaria. El paso siguiente fue la exposición de Olmos ante la comisión Mixta del Congreso.
De acuerdo con el artículo 85 de la Constitución Nacional, el Poder Legislativo ejerce “el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos”. La opinión y el examen del Congreso deben sustentarse “en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación”, que funciona como un organismo de asistencia técnica.
La Auditoría podrá, entre otras cosas, exigir la colaboración de todas las entidades del sector público, las que estarán obligadas a suministrar los datos, documentos, antecedentes e informes relacionados con el ejercicio de sus funciones”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 de la ley 24.156, de administración financiera. El Banco Central, como integrante del sector público nacional, está sujeto a la ley y debe cumplir con la requisitoria de la AGN.
El comunicado del Banco Central sobre las reservas de oro.
Ante la falta de respuesta de parte de la entidad bancaria, la normativa interna de la Auditoría indica que, a partir de la recepción del caso por parte de la comisión Mixta Revisora de Cuentas, el organismo “procederá a iniciar una acción judicial en ejercicio de las competencias constitucionales y legales”.
Sin embargo, ese camino está actualmente trabado porque la AGN atraviesa una situación inusual. El organismo debe estar integrado por siete auditores, de los cuales seis deben ser designados por el Congreso, a razón de tres por cada cámara. El séptimo lugar corresponde al presidente, que debe ser propuesto por el partido político de oposición con más legisladores. Es el caso de Olmos, que fue impulsado por el peronismo.
Pero Olmos está solo en su tarea. Los mandatos de los otros seis auditores vencieron y, por falta de acuerdo entre las diferentes bancadas, el Congreso no nombró a sus reemplazantes. Eso dejó a la AGN virtualmente acéfala, sin cuerpo de auditores. La situación paralizó la tarea del organismo, que tiene que controlar las cuentas del Estado y, en este caso, el posible avance de una acción judicial en el caso del Banco Central. Olmos, por sí solo, no puede tomar decisiones.
“Si estuviera constituido el colegio general de auditores, podría judicializar el tema para avanzar con las auditorías y pedirle, de mínima, al fuero contencioso administrativo federal que le ordene al Banco Central (que entregue información) o para denunciar por incumplimiento de deberes ante el fuero penal”, explicó el titular de la AGN. La oposición pretende acelerar los nombramientos en los próximos días, antes del recambio legislativo de diciembre.
