El Gobierno confía en que el Senado dará su aval al juez, pero el académico tiene menos chances. Vuelve la idea de un decreto. ¿Puede prosperar la jugada?
Con el dictamen favorable del Senado para votar la nominación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema, el presidente Javier Milei logró un avance importante de su agenda, pero todavía no se conforma y aspira a que tanto él como el otro candidato, Manuel García Mansilla, se sumen al máximo tribunal antes del 1 de marzo.
Ese día Milei volverá a presentarse ante el Congreso para inaugurar el nuevo período de sesiones ordinarias. En esta ceremonia —que nuevamente sería por la noche, como el año pasado— siempre hay un lugar reservado para los gobernadores y otro para los jueces de la Corte, hoy integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, con dos vacantes.
Según supo iProfesional de fuentes de la Casa Rosada, cerca del Presidente están confiados en que esa noche en el Congreso tanto Lijo como García Mansilla “van a estar sentados como miembros de la Corte, de una forma o de otra”.
La cuestión a resolver para el Gobierno es que, hasta ahora, solo el pliego de Lijo está en condiciones de votarse en el recinto —posiblemente el próximo jueves— con chances de alcanzar la mayoría de dos tercios para ser aprobado gracias al apoyo de un grupo de senadores peronistas de Unión por la Patria, el de García Mansilla todavía no cosecha esas adhesiones.
Corte Suprema: el plan de Javier Milei para tener a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla antes del 1 de marzo
En ese marco, volvió a entrar en juego el plan original del Gobierno de recurrir a un decreto para llenar las vacantes de la Corte. Tras haber considerado nombrar a los dos jueces por esa vía, el cambio de escenario lleva ahora a la Rosada a pensar en el decreto solo para meter a García Mansilla, si el Senado aprueba únicamente el pliego de Lijo.
La idea del gobierno de Milei es agotar primero la vía parlamentaria. Sin embargo, el pliego de García Mansilla tiene hasta ahora menos chances de avanzar que el de Lijo. Por empezar, todavía no tiene dictamen. En segundo lugar, el bloque Unión por la Patria se divide para votar al juez federal, pero estaría unificado en el rechazo al académico.
El kirchnerismo/peronismo quiere que el Gobierno baje la candidatura de García Mansilla y proponga a una mujer, preferentemente sugerida por ellos. Los demás bloques están de acuerdo con la cuestión de género (que no quede una Corte integrada solo por hombres) y en espacios como el PRO, el académico cosecha más apoyo que el juez federal —al que le cuestionan su “idoneidad moral”— pero sin votos de Unión por la Patria no llega a la mayoría de dos tercios.
A eso se le suma que, según relatan hace tiempo distintas fuentes del Senado, Lijo “buscó él mismo sus votos”, amparado en sus muchos vínculos políticos, sobre todo con gobernadores. García Mansilla no tiene esas mañas.
En ese contexto, en el Gobierno son optimistas respecto de que Lijo reciba el aval del Senado para sumarse a la Corte Suprema pero encuentran trabas para que García Mansilla tenga la misma suerte y, en consecuencia, crece la posibilidad de que lo nombren por decreto, dado que quieren tener a los dos jueces para el 1 de marzo y advierten que lo conseguirán “de una forma u otra”.
Cuestión de tiempos: cómo es la jugada que piensa el Gobierno
Es una jugada al fleje, porque encontrará muchos cuestionamientos —tal vez de los propios jueces de la Corte— y resistencia política, pero también tiene su lógica, basada en los tiempos parlamentarios y en la discusión constitucional de fondo.
Para justificar el nombramiento de un juez de la Corte por decreto, el Gobierno recurre al artículo 99 de la Constitución Nacional, que autoriza en el inciso 19 al Poder Ejecutivo a cubrir “vacantes de los empleos que requieran acuerdo del Senado” y que “ocurran durante su receso“.
El Gobierno quiere que el pliego de Lijo se trate el 20 de febrero, en la misma sesión donde se definirá la suspensión de las PASO. Es un día antes de que finalicen las sesiones extraordinarias que convocó el Presidente y de que el Congreso vuelva a entrar en receso hasta el 1 de marzo.
Es decir que Milei podría esperar a ver qué ocurre en esa sesión y, si solo se aprueba el pliego de Lijo, podría nombrar a García Mansilla por decreto en los días siguientes. Con eso seguiría fielmente el argumento que plantea y el segundo candidato quedaría designado hasta fines de noviembre, a la espera de una resolución del Senado.
¿Cuáles son los posibles límites para el plan de Milei?
Sin embargo, allí empiezan a aparecer los límites de la jugada. Por un lado, la bancada de Unión por la Patria advirtió meses atrás que promoverán “el inmediato rechazo del pliego de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la Corte ‘en comisión’”, es decir, por decreto. Con 34 votos y varios senadores de bloques dialoguistas muy enfrentados con Milei, es posible que logren que Mansilla no llegue a noviembre en el cargo.
El argumento que presentan para esta advertencia también es constitucional. Plantean que el artículo al que apela el Gobierno no aplica para los magistrados del máximo tribunal, porque habla de “empleos” como son los del personal diplomático, que también requiere aval del Senado, pero la Justicia es un poder independiente.
Por otro lado, está la incógnita sobre si García Mansilla aceptaría ser nombrado por decreto llegado el caso. Durante su presentación ante la Comisión de Acuerdos del Senado tuvo una postura ambigua, al decir que “visto el impacto que tuvo” el caso de Rosatti y Rosenkrantz (a quienes Mauricio Macri intentó nombrar por decreto), él “no hubiera aceptado”, pero también recordó que “la Constitución lo prevé”.
Por Pablo Sieira-IProfesional