Sigue la incógnita alrededor de la designación de los magistrados para el máximo tribunal, mientras sigue sumando capítulos la detención y posterior expulsión del senador entrerriano.
Esta vez fue el propio presidente Javier Milei el que confirmó todos los rumores y los off the record -las declaraciones fuera de registro- de los funcionarios de su gobierno: como si quisiera ejercer un último mecanismo de presión, aseveró en una entrevista radial que si no consigue consenso en el Congreso, está dispuesto a colocar dos jueces en la Corte Suprema de Justicia por decreto, en comisión.
“Si yo lo pudiera sacar mediante el Senado, lo sacaría mediante el Senado. Si me aparece la demanda pero el Senado no resuelve, lo tendré que resolver yo. Transitoriamente resolvería esa demanda y luego el Senado lo convalidará o lo rechazará”, afirmó en una entrevista que le dio al periodista Luis Majul.
No es exactamente eso lo que habilita la Constitución. En el artículo 99, inciso 19, dice que el Presidente puede “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. Lo que aquí está en discusión no son precisamente “empleos” que depende del Poder Ejecutivo. Y, al menos una de las vacantes a llenar, se produjo mucho antes del receso. Detalles.
¿Cuál sería la “demanda” a la que refiere Milei? Una necesidad forzada a los empujones por el propio Presidente. El 29 de diciembre Juan Carlos Maqueda cumple 75 años y se le acaba el tiempo como juez de la Corte porque el propio Ejecutivo le hizo saber que no le dará la posibilidad de intentar conseguir un nuevo acuerdo del Senado para permanecer 5 años más en el cargo. A partir de esa fecha, el máximo tribunal quedará con solo 3 de los 5 miembros previstos para conformar esa instancia. Esto significa que para lograr una mayoría deberá hacerlo por unanimidad. ¿Y si eso no se logra? Existe la posibilidad de convocar conjueces, aunque parece que esa no es una de las posibilidades que tiene Milei en su abanico. Está dispuesto a resolver la “demanda” por decreto.
Tras más de 20 años de recorrer los pasillos de la Corte Suprema, y con un pasado de político profesional, Maqueda retomó por estos días algo que había dejado hacía mucho tiempo: las declaraciones públicas. En cada uno de los brindis de fin de año a los que lo invitan -y en los que le rinden homenaje de despedida- aprovecha para hacer público su temor por la fragilidad que atraviesan las instituciones y los sistemas democráticos en el mundo. Se refiere al mundo, sí, pero habla aquí y ahora: en la república Argentina que gobierna Milei en la que, se sabe, hubiera querido ser juez por al menos 5 años más.
Por ahora le escapa a las entrevistas. Pero en su entorno avisan: el 29 de diciembre será una suerte de hombre libre. Ese día comenzará a responder, uno a uno, los pedidos de nota que se le vienen acumulando.
Por estos días, en tanto, la Corte sigue funcionando con 4 jueces. Salieron fallos de trascendencia y saldrán otros.
También el presidente de la Corte realizó por estos días movimientos de esos que mira la política con atención. “El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti, y la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero, mantuvieron un encuentro con los integrantes de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales”, se informó oficialmente.
“Durante la reunión se abordaron cuestiones como la cobertura de vacantes en la Magistratura, en el marco de la implementación del sistema acusatorio en diversas jurisdicciones. Al respecto, se informó que actualmente existen 305 vacantes sobre un total de 1002 cargos de magistrados/as, que el Poder Ejecutivo Nacional tiene bajo estudio 161 ternas y el Consejo de la Magistratura cuenta con 144 concursos en distintas instancias de tramitación”, dijo el parte oficial. Mensajes.
En lo que va del gobierno de Milei, no se avanzó con la cobertura de vacantes. Hace ya mas de un mes, el viceministro de Justicia Sebastián Amerio dio un mensaje desde la Casa Rosada donde anunció el envío de 150 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos al Senado para empezar a cubrir esos espacios. En la cámara alta siguen esperando. Mientras tanto los gobernadores intentan colocar algún candidato propio en esa nómina.
A pesar de las declaraciones del presidente Milei, o quizás a la par de sus declaraciones, los voceros del gobierno que participan del armado de la estrategia para asuntos vinculados al Poder Judicial insisten en que aún hay posibilidades de que los pliegos del juez Ariel Lijo y el académico Manuel García Mansilla se debatan en el Senado.
El primero tiene dictamen de comisión con las nueve firmas necesarias, entre las que hay rúbricas de senadores de Unión por la Patria. El segundo aún no lo logró. La negociaciones políticas están empantanadas. Y cuando parecía que se movían, en realidad también lo estaban: el gobierno nunca se movió, en términos reales, de llevar esos dos nombres. Nunca quiso consensuar otra posibilidad con la oposición.
Ambos candidatos saben que aceptar asumir en comisión conlleva el riesgo de no durar más de un año en el cargo, porque eso es lo que prevé la Constitución para las designaciones a “empleos” en Comisión y el kirchnerismo ya avisó que rechazaría ambos pliegos si aceptan llegar a la Corte por esa vía.
La posibilidad que no tuvo Maqueda, la tuvieron solo dos jueces en lo que va de la gestión Milei, que serían, en rigor, los únicos dos pliegos que el Ejecutivo mandó al senado en lo que va de esta gestión. Se trata de los jueces Jorge Eduardo Morán, vocal de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, y Roberto Enrique Hornos, vocal de la Cámara Nacional en lo Penal Económico quienes en septiembre lograron la reválida del Congreso, habilitada por el envío de sus pliegos por parte del Ejecutivo, para permanecer en el cargo 5 años más.
Los fantasmas detrás del caso Kueider
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal es la instancia revisora de los que decidan los jueces de primera instancia de ese fuero. Desde esta semana, el magistrado Enrique Lavié Pico tiene en sus manos la posibilidad de avalar judicialmente o impugnar la expulsión del entrerriano Edgardo Kueider del Senado, que fue detenido en Paraguay cuando intentaba pasar por la frontera con más de 200 mil dólares. El senador expulsado presentó un amparo con el que cuestionó la validez de la sesión en la que se decidió su eyección. Hizo propios los argumentos de los estrategas del gobierno.
Dijo que a la hora en la que se concretó la expulsión, la vicepresidenta Victora Villarruel estaba a cargo de los destinos de la Nación, porque Milei ya había emprendido su viaje a Italia, por lo que no podía conducir la audiencia parlamentaria. El mochilero entrerriano amenazó en su escrito con escalar las acciones legales contra los dos integrantes de la fórmula presidencial por incumplimientos de sus deberes de funcionarios públicos. El amparo ya está bajo estudio del fiscal Miguel Ángel Gilligan.
La estocada que precipitó la expulsión de Kueider la dio el jueves último la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado cuando reclamó su desafuero y detención. Al día siguiente, ya con el caso bajo secreto de sumario, la Inspección General de Justicia recibió un oficio en el que se informa la prohibición de innovar que rige sobre las firmas vinculadas a él y a su familia.
El listado de personas alcanzadas por el fallo judicial incluye a su secretaria acompañante en el viaje a Paraguay Guinsel Costa y al colaborador que figura como titular del auto en el que viajaban Daniel González. Las sospechas no se alejan del manual: los investigadores creen que el entramado de empresas y posibles prestanombres pudo haber sido pensado para esconder un patrimonio imposible de justificar.
En la Casa Rosada todavía se preguntan como fue que Kueider cayó en desgracia. ¿Cómo fue posible que después de tantos viajes por ese camino y a ese destino le encontraran una mochila estallada de dólares? También agitan fantasmas detrás de la decisión de Arroyo Salgado de reclamar el desafuero de Kueider el mismo día que se iba a votar entre su suspensión y la expulsión. Sin pruebas pero sin dudas, le atribuyen influencia en esa decisión al expresidente Mauricio Macri. La jueza y una de sus hijas asistieron en 2015 al debate presidencial invitadas por el entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño, el exjuez Guillermo Montenegro, hoy intendente macrista de General Pueyrredón.
Por Ariel Zak- C5N