Despidió a un tercio de los abogados que querellan. Seis provincias se quedaron sin representación del Ejecutivo en el proceso de juzgamiento a genocidas.Espacios de memoria, en jaque: Javier Milei echó a más de la mitad de los trabajadores
El Gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel tomó la decisión de abandonar la acusación contra genocidas de la última dictadura cívico militar. La oleada de despidos con la que el exjuez Alberto Baños redujo la planta de la Secretaría de Derechos Humanos a menos de la mitad de trabajadores durante su primer año al frente del área dejó a varias provincias sin abogados que asuman las querellas en causas y debates orales de lesa humanidad.Notas Relacionadas
“Este gobierno está en las antípodas morales y éticas de mi persona, utilizando tanto el presidente como la runfla que lo apoya el mismo lenguaje y amenazas que utilizaban los genocidas”, argumentó Mónica Fernández Avello su decisión de no adoptar la opción que la gestión de La Libertad Avanza le “ofreció” como alternativa a su despido.
Milei comenzó a aplicar la motosierra en la Secretaría de Derechos Humanos desde el minuto cero de su gestión al frente de la presidencia de Argentina, con Baños y Mariano Cúneo Libarona –ministro de Justicia– como sus mandaderos. A lo largo de 2024, la gestión negacionista despidió a cuatro abogados y abogadas. Durante enero, fueron eliminados cuatro puestos más del equipo jurídico que comenzó el año con 26 abogados y abogadas y en la actualidad quedaron 17, algo que impactará de lleno en el desempeño del Estado en el proceso de juzgamiento a genocidas: Córdoba, La Rioja, Catamarca, Salta, Corrientes y Mendoza se quedaron sin quien asuma la tarea de querellar en nombre del Gobierno argentino. En Mendoza y en Bahía Blanca, la Secretaría de Derechos Humanos nacional abandonó su querella en medio de dos debates orales en curso.
Lesa humanidad sin querella oficial
Durante los primeros meses la modalidad de despido fue por la vía de la no renovación de contratos precarios, mismo modus operandi que aplicó Milei y su troupe en el resto de las áreas del Estado. En octubre comenzó el hachazo a través del fin de Acara como ente empleador del Ministerio de Justicia. “La inmensa mayoría de los abogados y abogadas del equipo jurídico de la Secretaría estábamos contratados vía Acara. Y hemos sufrido una situación bastante violenta, todos fuimos invitados a tomar el retiro voluntario, con una recontratación más precaria y por menos de la mitad del sueldo. Las opciones fueron el retiro o el despido y cumplieron”, contó Fernández Avello. A los letrados que tuvieran juicios en curso, como es su caso, se les prometió recontratarlos a fin de que culminen los procesos, con un recorte salarial de más del 60%.
Fernández Avello fue hasta el 31 de diciembre de 2024 y durante más de 15 años abogada querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos en juicios de lesa humanidad de su ciudad, Bahía Blanca. La semana pasada presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal número 1 de esa ciudad para comunicar por qué no continuaría al frente de ese rol –sí lo hará en representación de la querella de la regional local de H.I.J.O.S.–. “Tengo la certeza de que este gobierno ha roto el pacto democrático”, sostuvo en su descargo. “La pasamos mal en el gobierno de (Mauricio) Macri, pero nos dejaban trabajar y no iban a visitar a los genocidas a la cárcel, no nos trataban de zurdos de mierda. ¿Cómo me voy a quedar representando a una gestión que trata a sobrevivientes y víctimas de la dictadura como terroristas?”, completó en diálogo con Letra P.
Juicios sin querella
El lunes el TOF 1 de Bahía Blanca reanudó audiencias de alegatos en el juicio contra una treintena de represores por crímenes de lesa humanidad cometidos dentro de las fronteras de lo que fue la zona V del Ejército. Fue la primera vez en casi tres años de debate que el Estado nacional no estuvo representado. Luego de informar la decisión de Fernández Avello, el presidente del tribunal, Ernesto Sebastián, informó que solicitarán a la Secretaría de Derechos Humanos que reemplace a la abogada. De lo contrario, quedará abandonada la acusación.
El juicio por los crímenes de lesa humanidad del D2, que se desarrolla en Mendoza, es otro que quedó sin abogado que represente a la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Fernando Peñaloza tomó la misma decisión que Fernández Avello. “No tomé el retiro voluntario y me despidieron. En teoría me corresponde el 50 % de la indemnización, pero no recibí nada. El abandono del posicionamiento del Estado argentino como acusador en esta clase de crímenes aberrantes está claro y es total”, resumió. Los despidos impactaron en la querella nacional de los expedientes de Córdoba –con los despidos de Claudio Oroz, Eugenio Biafore y Ramiro Fresneda— y de la zona norte del país, con la desvinculación de Paula Álvarez Carreras. También despidieron a José Iparraguirre que se encargaba del acompañamiento a testigos-víctimas en Entre Ríos y la zona centro de Santa Fe.
