La pasada sesión del Senado puso de manifiesto una fractura política, que involucra al bloque de fuerzas que ha cogobernado la Argentina en el último año y medio: nos referimos a Javier Milei, de un lado, y a los gobernadores, por el otro. En el Congreso, los partidos que responden a esos mandatarios le habían pavimentado el camino a la Ley Bases y a las facultades delegadas. En las provincias, se encargaron de ejecutar el ajuste que les era dictado desde el gobierno nacional.
En lo inmediato, ese choque se expresó en la aprobación de las leyes que disponen un pequeño aumento jubilatorio, las prestaciones por discapacidad, la remisión de los ATN y la coparticipación del impuesto a los combustibles. Milei anticipó un veto para todas ellas, y, si el veto fuera rechazado, la dilación indefinida en aplicarlas. Con razón, se vincula este choque con las disputas por las listas para las elecciones de octubre, donde los gobernadores no quieren resignar diputados o senadores propios. Pero si actúan de ese modo, es porque saben que los intereses que deben defender en el Congreso serán divergentes, al menos parcialmente, con los del gobierno nacional.
Lo que está en diputa es el futuro régimen económico y político de Argentina. No es un secreto que Milei aspira a imponer tres iniciativas nodales: la reforma laboral –así le llaman a la liquidación del derecho del trabajo–, la reforma previsional –van por un aumento de la edad jubilatoria y la privatización del sistema– y, finalmente, una reforma del sistema impositivo. Los partidos de los gobernadores apoyan entusiastamente las reformas reaccionarias del trabajo y la previsión. En ese acuerdo estratégico hay que incluir al peronismo y al kirchnerismo, cuya principal referente utiliza el eufemismo de “actualización laboral” para aludir a la legalización del trabajo precario, en tanto Axel Kicillof, más críptico, convoca a interpretar “nuevas partituras”, mientras aplica descuentos a los docentes bonaerenses que van a la huelga porque sus salarios no llegan a la línea de pobreza.
Pero la discordia ha estallado a raíz de la tercera reforma, la del régimen de impuestos. Ella pondrá sobre el tapete la distribución de los recursos fiscales entre el Estado nacional y las provincias. El meollo de la reforma del Gobierno consiste en establecer un “súper impuesto” a cargo del Fisco nacional, que consolidará al IVA con el impuesto a los Ingresos Brutos que actualmente perciben las provincias. Despojadas de este último tributo, cada provincia deberá crear un sistema impositivo propio para solventar sus gastos, pero en competencia (fiscal) con los otros distritos. Una reforma de ese orden empujaría a una mayor motosierra en las provincias, al tiempo que concentrará la recaudación en manos del gran pagador de la deuda pública –el Estado nacional.
Milei y Caputo piensan que esa súper caja, que operaría como una “supergarantía” para los acreedores de la deuda, serviría para hacer caer el riesgo país por debajo de los 400 puntos básicos. Pero podría llevar también a una bancarrota de los Tesoros provinciales. En la súper caja se anotan también las retenciones, que no se coparticipan con las provincias y que suman al pago de la deuda pública, en pesos y en dólares. Milei es amigo de La Rural, pero más aún de Pimco y de BlackRock, que reclaman garantías para una deuda pública de proyección explosiva. Por esa razón, el J.P. Morgan y otros se tomaron “un respiro” de Argentina hace algunas semanas atrás.
Al final de cuentas, el diseño de un régimen económico fundado en el reconocimiento de una deuda pública usuraria ha creado una crisis de la “Organización Nacional”. Como ocurriera con los que Milei considera sus próceres del siglo XIX, los actuales libertarios y sus opositores provinciales pelean por “el oro de la Aduana”, para conciliar los llamados “intereses nacionales” con el reciclamiento indefinido de la deuda pública.
Los gobernadores –y los intereses sociales que los animan– salen a disputar su porción en medio de una fractura del comercio internacional y cuando asoma otra crisis financiera, considerablemente más aguda que las precedentes. En esta riña de los gobernadores con Milei, se teje el programa de un frente opositor en grado de tentativa, que aspira a gobernar para después de que los “libertarios” hayan completado la faena oscura de la motosierra: la destrucción de las conquistas laborales, la privatización de las jubilaciones y, claro está, la devaluación de la moneda. Este frente transversal en ciernes guarda su lugar para Kicillof y el pejota-kirchnerismo.
Pero la puja entre Milei y las provincias es la manifestación de un régimen social agotado. Los dos bandos de esta pelea han dispuesto a los Estados nacionales y provinciales como cajas privilegiadas del pago de la deuda pública, un tributo a perpetuidad en favor de la clase capitalista nacional e internacional que actúa como acreedora. Sus dividendos le son succionados a la clase trabajadora, empujada a la pérdida de conquistas laborales y a la pauperización.
Mal que le pese a sus responsables, las crisis de alcance histórico son también las que ponen en movimiento fuerzas motrices y salidas transformadoras. Un gobierno propio de los trabajadores pondrá fin a la sangría de la deuda usuraria y establecerá un régimen de impuestos progresivos al capital y al patrimonio, aboliendo los impuestos que gravan a los que viven de su trabajo. Es el punto de partida para poner fin a la miseria social, al hacinamiento, a la destrucción de la educación y la salud y la indefensión de la juventud y la niñez, de la que son responsables las dos facciones que, circunstancialmente, se han lanzado a la disputa por el “oro de la Aduana”.
Por Marcelo Ramal-Perfil