La Fiscalía acusa a Héctor Ovidio Alvarado de la agresión contra la niña, y a otros cinco soldados de amenazar a adolescentes, en una playa turística en 2023.
Una corte penal de El Salvador instaló este martes (01.10.2024) un juicio contra el exsargento de la Fuerza Armada Héctor Ovidio Alvarado por la violación de una niña en septiembre de 2023, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La fuente indicó que el militar es acusado por los delitos de agresión sexual, violación y privación de libertad, mientras que se espera que otros cinco involucrados enfrenten a la Justicia. La entidad dijo que una corte de apelaciones accedió a que estos militares enfrenten nuevamente la etapa previa al juicio tras anular un fallo que decretó un sobreseimiento.
Los señalamientos contra los militares
La FGR explicó en redes sociales que, de acuerdo con las investigaciones, “un grupo de menores de edad regresaban de departir en la playa cuando fueron interceptados por cinco soldados y el exsargento”. El 23 de septiembre de 2023, los seis militares sorprendieron a la niña y a otros adolescentes en Mizata, una playa muy visitada por turistas.
“Alvarado tomó a la víctima y la llevó a un lugar apartado para abusar sexualmente de ella, el resto de los implicados se quedaron en el lugar amenazando a los acompañantes de la víctima”, agregó la FGR. Los otros señalados por la Fiscalía han sido identificados como René Escobar, Hilario Flores, Vicente Gómez, Edgardo Pintín y Eder Salazar. Para el Ministerio Público salvadoreño, Alvarado “es el autor directo de los hechos” y los otros “son cómplices necesarios”.
Las denuncias contra cuerpos de seguridad
Según un reporte de tres organizaciones humanitarias, los cuerpos de seguridad salvadoreños han superado a las pandillas en la generación de desplazamiento forzado interno. Entre los hechos generadores de tal desplazamiento se encuentran el acoso y el abuso sexual.
Los datos de Cristosal, Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) señalan que las 223 víctimas de desplazamiento que han atendido -entre 2022 y 2023- denunciaron amenazas (18,4 %), vigilancia (17 %), detención arbitraria (16,6 %) y malos tratos y tortura (14,8 %) por parte de policías y soldados. Además, el acoso sexual (2,2 %) y abuso sexual (0,9 %).