La titular de la Defensoría del Público dialogó con Manuela Fernández Mendy para BigBang y explicó en qué consiste el proyecto cuestionado por la oposición.
-Una de las principales críticas realizadas por ADEPA fue que la creación del observatorio suponía “la instauración de órganos de vigilancia desde el Estado” y el peligro de que sean “utilizados como métodos de disciplinamiento o represalia”
-Ese es otro de los puntos que queremos remarcar. La creación del observatorio no significa que vayamos a monitorear, controlar o prohibir ningún tipo de discurso. No hay censura. De hecho, se van a analizar las noticias ya emitidas y no se va a personalizar en ningún medio o periodista; sino que se van a abordar los conceptos cuestionados. No será un vehículo de estigmatización de nadie, porque en efecto no tiene facultades sancionatorias. Eso es contrario al espíritu de su creación.
-¿Cuál es la respuesta a aquellos que sostienen que se trata de una limitación a la libertad de expresión?
-Nuestro compromiso con la libertad de expresión es absoluto. Lo que planteamos es que ningún sector puede limitar el debate público. Lo que queremos es una plaza pública en la que podamos debatir todos y todas, sin que queden sectores excluidos o que sufran por querer intervenir.
“El fenómeno de la desinformación y el discurso violento en redes sociales, que tiene su salto posterior a los medios convencionales, no sólo preocupa en la Argentina; es un debate que se está dando en las Naciones Unidas y en la Unión Europea, por ejemplo”, destacó. “De acuerdo a los reclamos que hemos recibido por parte de las audiencias, hay una profusión de mensajes que podrían incitar a la violencia en redes, que están expulsando a muchos sectores de la sociedad del debate público y lesionando en consecuencia su libertad de expresión”.
-¿En qué caso concreto habría intervenido el observatorio?
-Con la comunidad china, por ejemplo. Es un colectivo que durante la pandemia fue muy atacado y en este caso tiene la vulnerabilidad adicional de la barrera lingüística, que no es menor. Para nosotros, la libertad de expresión es un bien a sostener y respaldar. Pero no podemos hablar de libertad si difundimos discursos estigmatizantes o misóginos.
-¿El caso de la difusión de noticias falsas, como el consumo de dióxido de cloro como forma de prevención del Covid-19, también formará parte de la agenda?
-Claro. Lo que se busca es pelear contra la desinformación. Pero quiero ser clara con este punto y tal vez sea reiterativa: no vamos a aplicar ningún tipo de sanción. Lo que buscamos es el debate para que la información sea chequeada.
“Lanzamos la iniciativa con una actividad de la que participaron personas con perspectivas distintas o incluso contrapuestas. Consultamos universidades, cámaras empresarias e incluso sindicatos; así como también organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es construir una línea de trabajo en conjunto, no un ente regulador. El objetivo de esta búsqueda es incluir a todos los sectores no hegemónicos que no tienen un lugar en el debate público”, refuerza.
La agenda incluirá, entre otros colectivos, el abordaje a temas vinculados a la salud mental, la discapacidad, el trato xenófobo hacia las comunidades de inmigrantes, los pueblos originarios y la agenda de género. “Se va a construir un centro de estudios para producir materiales que sirvan a la promoción de iniciativas ciudadanas inclusivas; una suerte de ‘alfabetización de información mediática’. Lo que buscamos es que todos tengamos las herramientas para poder acceder a la información veraz y protegernos de los discursos violentos”.