La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el proyecto impulsado por el gobernador Hugo Passalacqua. La reforma incorpora expresamente a las sociedades públicas y mixtas bajo fiscalización del organismo y establece que los resultados de las auditorías deberán ser informados cada año a la Legislatura. La norma comenzará a regir en enero de 2027.
La Cámara de Representantes de Misiones aprobó por unanimidad, durante su última sesión ordinaria del año, una modificación a la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas que amplía y precisa las facultades de fiscalización sobre las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado provincial o de los municipios.
La iniciativa fue impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua y apunta a fortalecer los mecanismos de control sobre los recursos públicos, incluso cuando son administrados a través de estructuras empresariales constituidas bajo distintas figuras jurídicas.
Uno de los puntos centrales de la reforma es que el Tribunal de Cuentas deberá remitir anualmente a la Legislatura un informe con los resultados de las fiscalizaciones realizadas sobre las entidades alcanzadas. De esta manera, los diputados contarán con información periódica sobre el uso de los fondos públicos en esas sociedades.
La nueva normativa comenzará a regir en enero de 2027.
Qué empresas estarán alcanzadas por el control
La modificación introduce cambios en el artículo 2 de la Ley I-N.º 3, correspondiente a la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, e incorpora expresamente bajo su competencia a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y otras entidades empresariales en las que el Estado provincial o municipal tenga mayoría en el capital o capacidad decisiva en las decisiones societarias.
El objetivo es evitar que la utilización de diferentes figuras jurídicas se convierta en un obstáculo para controlar el destino de los recursos públicos.
Durante el debate, el diputado Alejandro Arnhold, miembro informante del proyecto, sostuvo que la reforma busca actualizar el marco normativo y dar mayor claridad a las atribuciones del organismo de control.
“El Estado puede desarrollar sus actividades a través de distintas estructuras jurídicas, pero esta diversidad no debe convertirse en un obstáculo para controlar el destino y la utilización de todos los recursos públicos”, expresó.
El legislador también aclaró que la nueva legislación no implica que el Tribunal de Cuentas vaya a intervenir en la conducción de las empresas, sino que ejercerá un control externo sobre los fondos públicos, respetando las competencias de los órganos de administración y fiscalización de cada sociedad.
Informes anuales ante la Legislatura
Otro aspecto relevante de la ley es la obligación de presentar anualmente ante la Cámara de Representantes los resultados de las fiscalizaciones efectuadas sobre las empresas alcanzadas.
Este punto fue incorporado durante el tratamiento en comisión, a partir de aportes de distintos bloques legislativos. La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Anazul Centeno, había destacado que el proyecto original fue enriquecido durante su análisis y que las modificaciones permitieron alcanzar un dictamen unánime.
La presentación de estos informes busca fortalecer la rendición de cuentas y permitir que el Poder Legislativo conozca los resultados de las auditorías, sin intervenir directamente en las decisiones empresariales.
El planteo del Gobierno provincial
Al anunciar el envío del proyecto, Passalacqua había señalado que la iniciativa respondía a la necesidad de fortalecer la transparencia y garantizar mayor claridad sobre la administración de los recursos públicos.
“Los misioneros necesitan claridad, apertura y una gestión de cara a la gente, y quienes tenemos la responsabilidad de gobernar y manejar los recursos públicos trabajamos 24/7 para garantizar absoluta transparencia con medidas concretas”, había expresado el mandatario.
En los fundamentos de la propuesta, el Poder Ejecutivo sostuvo que la reforma permitirá aportar mayor certeza jurídica sobre el alcance de las atribuciones del Tribunal de Cuentas y evitar interpretaciones ambiguas respecto de las sociedades empresariales del Estado.
Con la aprobación legislativa, Misiones incorpora un mecanismo específico para ampliar la fiscalización sobre las empresas con participación estatal y establece una instancia anual de información ante los representantes legislativos. El nuevo régimen entrará en vigencia en enero de 2027.