El Gobierno provincial acompañará la presentación que realizarán las asociaciones yerbateras ante el Directorio del organismo, con un informe técnico de 110 páginas. El documento advierte sobre el impacto de la reforma en los controles, la trazabilidad, la calidad de la materia prima y las condiciones de comercialización. Además, el director por Misiones, Ricardo Maciel, cuestionó la iniciativa nacional y sostuvo que eliminar las regulaciones vigentes implica un vaciamiento institucional.
Misiones respaldará el pedido de las asociaciones de productores para suspender el tratamiento del proyecto de Reordenamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). La presentación incluirá un informe técnico de 110 páginas que analiza las consecuencias de eliminar resoluciones vigentes. Además, plantea interrogantes sobre las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional.
La iniciativa será presentada ante el Directorio del organismo y cuenta con la firma de cinco entidades del sector: la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), la Asociación Civil Impulso Yerbatero, la Asociación de Yerbateros del Alto Uruguay, la Asociación Civil Productores Yerbateros del Norte y el Movimiento Agrario de Misiones (MAM).
El acompañamiento provincial fue confirmado por el director del Inym en representación de Misiones, Ricardo Maciel. Ratificó la postura de la Provincia frente al proceso de desregulación iniciado con el DNU 70/23. “Nos oponemos a desguazar desde adentro las normas vigentes”, afirmó.
En ese sentido, recordó que desde la modificación del marco regulatorio nacional, Misiones reclamó recuperar las facultades del Instituto mediante presentaciones judiciales y gestiones políticas. También consideró que el organismo fue una herramienta central para ordenar la actividad y superar las crisis que atravesó el sector en décadas anteriores.
Maciel advirtió que dejar el funcionamiento de la cadena yerbatera exclusivamente en manos del mercado podría profundizar las dificultades actuales. Por eso, sostuvo que la recuperación de las facultades legales del Inym resulta necesaria para garantizar condiciones de previsibilidad y protección para los distintos eslabones productivos.
Qué cuestionan los productores del reordenamiento normativo
El informe, elaborado con el patrocinio del abogado Federico Padolsky, analiza las consecuencias de dejar sin efecto 21 resoluciones sancionadas entre 2002 y 2023. Estas normas establecen mecanismos de registración, fiscalización, controles de calidad, trazabilidad y disposiciones vinculadas con la producción, la cosecha y la comercialización de la materia prima.
Según el documento, su eliminación tendría consecuencias directas sobre el funcionamiento de la actividad y, especialmente, sobre las condiciones en que los productores primarios entregan y comercializan la hoja verde.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la intención de trasladar parte de las funciones del Inym a otros organismos nacionales, principalmente al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Para los productores, esta modificación no garantiza la continuidad de las herramientas específicas que desarrolló el Instituto durante más de dos décadas.
Al respecto, Maciel sostuvo que las competencias del Senasa no requieren eliminar las regulaciones del organismo yerbatero. “El Senasa no necesita dar de baja normativas del Inym para aplicar las reglas propias que ya tiene fijadas por ley”, señaló.
Entre los puntos centrales del análisis aparecen cinco ejes:
- Registros y trazabilidad: el proyecto reemplazaría el sistema de información del Inym por mecanismos de inscripción declarativa y registros externos, con mayor dependencia del Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e) del Senasa. Los productores advierten que esto debilitaría la capacidad de identificar operadores, conocer las superficies implantadas y reconstruir los movimientos de materia prima.
- Fiscalización y controles: el informe cuestiona la eliminación de procedimientos específicos para inspecciones presenciales, denuncias, toma de muestras, contraverificaciones y controles sobre declaraciones juradas.
- Régimen sancionatorio: plantea cambios en la clasificación de infracciones y en el cálculo de las multas. El esquema vigente contempla sanciones vinculadas con kilogramos de yerba canchada, mientras que la propuesta establece categorías generales y montos fijados en pesos.
- Calidad de la materia prima: advierte que las nuevas disposiciones no contemplan con el mismo nivel de detalle los parámetros técnicos, protocolos de muestreo y mecanismos de intervención preventiva que permiten controlar la calidad de la producción.
- Cosecha mecanizada y corresponsabilidad gremial: señala que la eliminación del Reglamento de Cosecha y del registro de operadores de cosecha mecanizada dejaría sin respaldo específico aspectos como el límite de peso de los raídos y el seguimiento de la incorporación tecnológica frente al empleo rural.
La definición quedará en manos del Directorio
El proyecto de Reordenamiento Normativo fue impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo.
La propuesta requiere primero el tratamiento en comisión y luego la aprobación de la mayoría de los doce integrantes del Directorio del Inym en una sesión plenaria. Actualmente, se encuentra en etapa de revisión y se espera una definición antes de finalizar noviembre.
Con el informe, las asociaciones no solo solicitarán suspender el tratamiento de la iniciativa, sino que también pedirán documentación y explicaciones sobre los aspectos que todavía no fueron definidos. El objetivo es que los directores evalúen las consecuencias de cada modificación antes de avanzar con la eliminación de las resoluciones.
En ese escenario, Misiones ratificó su acompañamiento al reclamo de los productores y su postura en defensa de las herramientas institucionales del Inym, en una discusión que vuelve a poner en el centro el alcance de la desregulación nacional sobre la actividad yerbatera.

