Tras la sanción –con cambios– de la reforma laboral impulsada por Javier Milei, se abren una serie de interrogantes sobre los efectos de la nueva normativa en el nivel de empleo. Advierten sobre un aumento de la litigiosidad.
¿Modernización o retroceso laboral? Antes de generar empleo formal, la nueva reforma laboral abre una fuerte litigiosidad porque agravará la precariedad de los trabajadores formales que estarán sometidos a la presión del despido, por el abaratamiento de las indemnizaciones y por las condiciones más gravosas de trabajo, por las jornadas de trabajo variables o el fraccionamiento de las vacaciones.
Y esto ocurrirá con mayor fuerza por las condiciones de caída de la actividad económica en sectores claves de la economía que requieren más fuerza humana de trabajo.
Los datos oficiales del INDEC marcan que en la provincia de Santa Fe hay 662.000 asalariados formales y 391.000 “en negro”. Los primeros percibieron un ingreso promedio mensual de $1.141.500 y los informales de apenas $587.360. En síntesis, cuatro de cada 10 asalariados se desempeñan “en negro”.
Las cifras del empleo formal de noviembre de 2025, a nivel país, reflejan que por cada 10 asalariados menos respecto a noviembre de 2023 (24 meses) se crearon cinco nuevos monotributos. La relación máxima se había dado en junio de 2025, cuando llegó a ocho.
En relación con noviembre de 2023, mes previo a la asunción del gobierno nacional actual, hay 192.000 asalariados privados menos y 78.800 asalariados públicos menos. En total, la caída es de 270.800 asalariados registrados.
Por otra parte, los monotributos aumentaron en igual período en 137.400.
Si se hace la relación entre la caída de los empleos asalariados formales y el aumento de los monotributistas, se tiene que, por cada empleo asalariado menos, se creó medio monotributo. Es decir que, por cada 10 trabajadores asalariados registrados menos, se crearon cinco monotributos, señala el Instituto Argentino de Análisis Fiscal.
En síntesis, hay más participación de autónomos y monotributos y menos participación de asalariados privados, públicos y de casas particulares.
En tanto, la consultora PxQ dice que la apertura importadora contribuyó a la baja de precios, particularmente en algunos sectores de alto impacto en el IPC y en el consumo no esencial.
Sin embargo, agrega que “el costo de esa desinflación en términos de reducción de empleo está siendo significativo. Esto implica un dilema de política económica: la apertura comercial puede actuar como un ancla de precios, pero al mismo tiempo genera costos sobre sectores de la economía con menor competitividad relativa, muchos de los cuales son intensivos en empleo”.
El balance de ganadores y perdedores no permite pensar que las actividades primarias y sus escasos eslabonamientos productivos podrán absorber los empleos perdidos en la industria. El gobierno parece decidido a priorizar la desinflación por sobre el empleo y la actividad, lo cual implica una política de apertura comercial con un tipo de cambio “no libre” que, al ser usado de ancla, destruye empleo incluso en sectores que podrían competir con el resto del mundo.
El riesgo político derivado de esa decisión es que el crecimiento no aparezca y la sociedad deje de premiar la desinflación, tal y como ocurrió en la elección de medio término.
La conflictividad laboral en la gestión de Javier Milei
La conflictividad laboral es un indicador central para el análisis de la evolución del mercado de trabajo y las relaciones laborales, ya que refleja las tensiones derivadas de los procesos económicos y productivos.
Durante los últimos dos años, Argentina atravesó transformaciones macroeconómicas y productivas caracterizadas por el ajuste fiscal, las desregulaciones, la apertura importadora y la redefinición del rol del Estado (solo por nombrar algunas), lo que generó impactos directos sobre el nivel de actividad, empleo, salarios reales y la negociación colectiva.
Desde enero de 2024 hasta el 5 de febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictividad laboral en todo el país.
- El sector más perjudicado por los conflictos laborales fue la Industria con el 62,1%. Las ramas más afectadas fueron: textil, alimentos y la metalurgia y siderurgia, fundamentalmente como consecuencia de la apertura importadora y de la caída del empleo.
- El sector Servicios representó el 16,9% de los casos. Las actividades de Recreación y esparcimiento (Hotelería, Restaurantes, Bingos y Casinos), Transporte, Medios de comunicación y Sanidad fueron los de mayor alcance.
- El sector Primario acumuló el 9,5% de los casos, donde la mayor afectación se dio en el sector de Hidrocarburos y Servicios Petroleros, el Pesquero, y la Minería.
- El Comercio representó el 8,2% de los casos: Supermercados fue el subsector más afectado.
- Por último, la Construcción acumuló el 3,3% de los casos, siendo la obra privada la más afectada.
Por Ismael Bermúdez-AireDigital