Desde la Justicia rechazaron el pedido de nulidad de la causa por lavado de dinero y narcotráfico. Confirman que se investigan conexiones políticas y empresariales,
Según informa El Territorio, las pruebas que pesan sobre Roberto Rodríguez, dueño de la ex concesionaria de autos de alta gama RR Vip Automotores -acusado de blanquear millonarias sumas de dinero proveniente del narcotráfico- son tan contundentes que aún lo mantienen con prisión preventiva al igual que a sus tres cómplices, quienes esperan que la causa sea elevada a debate oral en lo que será el cierre de una minuciosa investigación que duró casi tres años.
Su situación, al igual que la de sus secuaces, de por sí es complicada, pero por medio de su abogado defensor presentó un recurso de nulidad de la intervención telefónica que desnudó las maniobras de su organización, que en poco tiempo y por medio de testaferros insolventes, le permitió adquirir una decena de propiedades, lujosos autos europeos y hasta construyó emprendimientos turísticos, todo con dinero -según la investigación- proveniente de la venta de marihuana paraguaya.
El recurso fue planteado en base a lo que el acusado considera una irregularidad, debido a que esas escuchas telefónicas practicadas inicialmente el 26 de enero de 2012, por las cuales se logró determinar que supuestamente cometió delitos, no corresponde -a su criterio- como metodología de trabajo.
Refirió que en la etapa investigativa los detectives solicitaron al magistrado interviniente -en este caso el juez federal de Corrientes, Carlos Vicente Soto Dávila, que estaba de feria- la autorización para realizar actividades investigativas a los fines de confirmar o desvirtuar la comisión del delito y la intervención telefónica, pero no acompañaron pruebas y no existían razones de urgencia, por lo que “todo se reduce a información de dudosa procedencia que originó las actuaciones en violación a garantías constitucionales”. Señaló en esa línea que se habilitó la feria judicial sin comunicar al fiscal federal y eso amerita la anulación de la pericia.
Su recurso fue analizado por las camaristas Mirta Gladis Sotelo y Selva Angélica Spessot, quienes lo rechazaron fundamentando que las intervenciones se autorizaron en base a los indicios objetivos que el personal de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional “Corrientes” (Uesprojud) habían aportado. Y que cada oportunidad cuenta con la resolución fundada de Soto Dávila ordenando la intervención, el término, el registro y posterior grabación de las conversaciones, como también la identificación de sus titulares.
En ese momento se mencionó como hipótesis -confirmada con la investigación- la existencia de una organización delictiva dedicada a transportar y comercializar marihuana introducida desde Paraguay para ser trasladada a los principales centros de distribución en camiones; y que dicha organización estaba integrada por una persona de nombre Gabriel, quien coordinaba todo con un ciudadano que responde al seudónimo de “Cacho”. Ese fue el inicio de la investigación, que derivó, tres años más tarde, en el allanamiento a RR Vip y la detención de Rodríguez, Romina Sosa (su pareja), además de sus socios, Cándido Passarello y Santa Elba Aquino.
El rechazo del pedido de nulidad ratifica el procesamiento de los cuatro sospechosos y los pone al borde de recibir condena en un debate público. La próxima instancia que corresponde es la elevación a juicio de la causa, de acuerdo a lo que explicaron las fuentes judiciales de la vecina provincia. Según la investigación la banda posadeña participó en el envío de unas 20 toneladas de marihuana a distintos puntos del país, en camiones, en los últimos cuatro años.