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Netanyahu ante el final de una etapa

Derrota electoral, aislamiento político y la amenaza de La Haya

La derrota electoral de Benjamin Netanyahu en los comicios israelíes del 27 de octubre de 2026 abrió una crisis política que puede marcar el final de una de las trayectorias más prolongadas y controvertidas de la historia política de Israel. El primer ministro, que durante años consiguió sobrevivir a sucesivas crisis parlamentarias, procesos judiciales internos, conflictos militares y crecientes cuestionamientos internacionales, enfrenta ahora una situación diferente: la posibilidad concreta de perder el control del Gobierno y quedar expuesto a una reconfiguración institucional que podría modificar sustancialmente su futuro.

El resultado electoral no produjo una transferencia inmediata del poder. Sin embargo, alteró la correlación de fuerzas en la Knéset, debilitó a Likud y permitió que la oposición comenzara a construir una alternativa encabezada por Gadi Eisenkot, antiguo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel. La diferencia entre perder una elección y perder efectivamente el Gobierno es importante en el sistema parlamentario israelí, pero los acontecimientos de las últimas semanas indican que Netanyahu atraviesa uno de los momentos más comprometidos de su carrera.

Según la información publicada por Associated Press el 17 de noviembre, las autoridades electorales no encontraron pruebas de que las irregularidades denunciadas por Likud hubieran tenido una magnitud capaz de modificar el resultado. Las acusaciones de compra de votos en comunidades árabes, que Netanyahu y sus aliados utilizaron para cuestionar la legitimidad de los comicios, comenzaron a desmoronarse cuando los primeros detenidos fueron liberados sin cargos y la Comisión Electoral descartó que existieran elementos que justificaran alterar el resultado.

El episodio adquirió una dimensión adicional cuando surgieron informaciones que situaban el origen de las denuncias en el propio entorno del primer ministro. La Fiscalía General israelí examina ahora las comunicaciones entre colaboradores de Netanyahu y las fuerzas policiales, mientras investiga cómo se construyeron y difundieron las acusaciones. No hay pruebas publicadas que permitan atribuir al primer ministro una participación personal en eventuales irregularidades, pero el episodio representa un serio problema político: la tentativa de desacreditar el resultado electoral puede terminar convirtiéndose en otro factor de desgaste para su liderazgo.

Una mayoría perdida y una oposición que comienza a tomar posiciones 

Los números explican la dificultad que enfrenta Netanyahu. La alianza de Likud con los partidos nacionalistas de derecha y las formaciones ultraortodoxas obtuvo 53 de los 120 escaños de la Knéset, por debajo de los 61 necesarios para alcanzar una mayoría parlamentaria. El espacio encabezado por Eisenkot y sus potenciales socios reúne 48 bancas, mientras que los partidos que representan a la minoría árabe israelí disponen de otras 19. Esa distribución convierte a estas últimas fuerzas en actores decisivos para cualquier intento de constituir un nuevo Ejecutivo. No se trata de una coalición sencilla: las diferencias ideológicas y las posiciones respecto de la seguridad nacional pueden dificultar un acuerdo estable. Pero la oposición dispone ahora de una oportunidad que no había conseguido consolidar durante los años anteriores.

El primer movimiento institucional ya se produjo. El 17 de noviembre, la Knéset eligió a Matan Kahana, integrante del partido Yashar de Eisenkot, como nuevo presidente del Parlamento. Obtuvo 66 votos frente a los 52 de su adversario y desplazó a Amir Ohana, dirigente de Likud y aliado de Netanyahu. La presidencia parlamentaria no es un cargo meramente protocolar: tiene influencia sobre la agenda legislativa y sobre la tramitación de proyectos. Su cambio de titular permite a la oposición impulsar iniciativas que hasta ahora encontraban obstáculos dentro de la estructura parlamentaria controlada por el oficialismo.

Entre las prioridades anunciadas por el bloque de Eisenkot figuran la creación de una comisión independiente que investigue el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, la limitación de los mandatos del primer ministro y la derogación de disposiciones aprobadas durante la anterior gestión de Netanyahu que, según sus críticos, redujeron las atribuciones del Poder Judicial.

La investigación sobre el 7 de octubre tiene una importancia política particular. El ataque de Hamás, que provocó una de las mayores crisis de seguridad en la historia israelí, dejó al descubierto fallas graves de inteligencia, evaluación estratégica y respuesta militar. Netanyahu ha resistido los reclamos de una investigación estatal independiente, una decisión que alimentó las sospechas sobre su disposición a asumir responsabilidades políticas por los acontecimientos. Para una parte significativa de la oposición, establecer las responsabilidades no es solamente una cuestión histórica: es una condición para reconstruir la confianza en las instituciones de seguridad.

El conflicto institucional también tiene antecedentes inmediatos. La reforma judicial impulsada por el Gobierno de Netanyahu provocó una profunda fractura social y política. Sus detractores interpretaron aquellas iniciativas como un intento de limitar los controles sobre el Ejecutivo y debilitar la independencia de los tribunales. Las movilizaciones que generó demostraron que la confrontación no se limitaba a los partidos opositores, sino que atravesaba sectores empresariales, profesionales, militares y amplios segmentos de la sociedad israelí.

La eventual derogación de esas disposiciones, por lo tanto, tendría consecuencias que excederían la disputa parlamentaria. Significaría revisar uno de los proyectos centrales de la anterior administración y establecer un nuevo equilibrio entre el Gobierno, el Parlamento y la Justicia.

Sin embargo, Eisenkot todavía debe resolver su propio problema: conseguir una mayoría de gobierno que no dependa exclusivamente de la coincidencia circunstancial contra Netanyahu. La participación o el apoyo de los partidos árabes puede resultar indispensable, pero esa alternativa enfrenta resistencias dentro de sectores nacionalistas y conservadores. El propio Netanyahu ha intentado convertir esa posibilidad en un argumento de deslegitimación, presentando a esos partidos como aliados incompatibles con la seguridad israelí.

La paradoja es que esa estrategia puede terminar reforzando el protagonismo parlamentario de los representantes árabes. Su crecimiento, de 15 a 19 escaños, constituye uno de los cambios relevantes de la elección. Si Eisenkot consigue articular un acuerdo con ellos, aunque sea mediante un respaldo parlamentario externo, podría formar un Gobierno. Si fracasa, Netanyahu conservará margen para negociar una coalición alternativa o forzar una nueva convocatoria electoral durante 2027.

El frente internacional: una orden de arresto que no desaparece

La crisis política interna coincide con una situación judicial internacional excepcional. El 21 de noviembre de 2024, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant. La decisión se relaciona con presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza entre octubre de 2023 y mayo de 2024.

En el caso de Netanyahu, la Corte identificó motivos razonables para considerar su posible responsabilidad en el crimen de guerra de utilizar el hambre de la población civil como método de guerra, además de los delitos de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos. También consideró su posible responsabilidad por dirigir intencionalmente ataques contra población civil. Se trata de imputaciones judiciales que deberán ser probadas conforme a las garantías del procedimiento penal internacional.

La decisión tuvo un fundamento jurisdiccional importante. Israel no integra el Estatuto de Roma, tratado que creó la CPI, pero Palestina se incorporó en 2015 y aceptó la jurisdicción de la Corte sobre los territorios palestinos desde el 13 de junio de 2014. Los jueces entendieron que esa base territorial permitía investigar presuntos delitos cometidos en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, sin que fuera necesaria la aceptación de la jurisdicción por parte de Israel.

Israel rechazó la competencia del tribunal y cuestionó la investigación. Sin embargo, la Corte desestimó los planteos presentados por el Estado israelí en noviembre de 2024. Por consiguiente, la orden contra Netanyahu continúa vigente. La salida del Gobierno, por sí misma, no la anularía. Tampoco la destitución posterior del fiscal Karim Khan, decidida en julio de 2026, modificó automáticamente la situación procesal: la continuidad o revocación de las órdenes corresponde a los jueces de la Corte.

La dificultad para ejecutar la orden es otra cuestión. La CPI carece de una fuerza policial propia y depende de la cooperación de los Estados. Los países que integran el Estatuto de Roma tienen, en principio, la obligación de detener y entregar a las personas buscadas cuando se encuentren en su territorio. Sin embargo, la situación de un jefe de Gobierno en ejercicio introduce controversias jurídicas sobre la inmunidad personal de los altos funcionarios de Estados que no son miembros del tratado. Esa discusión ha generado interpretaciones divergentes y constituye uno de los principales obstáculos para una eventual detención.

A esa dificultad se suma el enfrentamiento con Washington. La administración de Donald Trump profundizó durante 2026 su ofensiva contra la CPI y en octubre anunció sanciones financieras contra la institución. El Gobierno estadounidense considera que el tribunal excede sus atribuciones y amenaza la soberanía de países que no reconocen su jurisdicción. En julio, Trump había asegurado públicamente que Netanyahu no sería detenido si viajaba a Estados Unidos. Esa posición muestra hasta qué punto la ejecución de una orden internacional depende también de las relaciones de poder entre los Estados.

El futuro de Netanyahu: cuatro escenarios posibles

El desenlace político de Netanyahu dependerá de la capacidad de Eisenkot para construir una mayoría parlamentaria y, sobre todo, de la disposición de los partidos que hasta ahora han sostenido al primer ministro a aceptar una transición. Pueden identificarse cuatro escenarios.

El primero es la formación de un Gobierno encabezado por Eisenkot. Sería la alternativa más significativa para Netanyahu porque implicaría perder el control del aparato ejecutivo y abriría la posibilidad de revisar decisiones de su administración, investigar responsabilidades por el 7 de octubre y modificar la legislación judicial. También podría cambiar la posición diplomática israelí frente a la guerra de Gaza y las relaciones con sus aliados occidentales. No obstante, un Gobierno apoyado por fuerzas ideológicamente heterogéneas podría resultar inestable.

El segundo escenario es que Eisenkot fracase en las negociaciones. Netanyahu podría aprovechar las diferencias entre sus adversarios para reconstruir una mayoría o promover un acuerdo de unidad nacional bajo su conducción. Ya ha planteado esa alternativa. Sin embargo, después de la derrota electoral y del cambio en la presidencia parlamentaria, su capacidad de imponer condiciones parece considerablemente menor.

El tercero es la convocatoria de nuevas elecciones en 2027. Si ningún dirigente consigue reunir los apoyos necesarios, la crisis parlamentaria se resolverá nuevamente en las urnas. Netanyahu podría intentar recuperar terreno presentándose como garantía de estabilidad y seguridad frente a una oposición dividida. Pero también tendría que enfrentar el desgaste acumulado de su gestión, la controversia por las denuncias electorales y las demandas de investigación sobre el 7 de octubre.

El cuarto escenario, probablemente el más delicado para su futuro personal, es que su salida del Gobierno termine debilitando la protección política de la que dispuso durante años. La pérdida del poder no significa automáticamente que avance una causa penal internacional, pero modifica las condiciones bajo las cuales podría desenvolverse frente a las instituciones judiciales.

Aquí aparece una distinción fundamental: Netanyahu no necesita ser condenado para que exista una orden internacional de detención. Esa orden ya está vigente. Lo que todavía no existe es una situación que permita asegurar que será arrestado y sometido a juicio.

Si abandona el cargo, podría reducirse una de las principales controversias relacionadas con su inmunidad como jefe de Gobierno en ejercicio. Si posteriormente viajara a un Estado miembro del Estatuto de Roma, aumentaría el riesgo de que las autoridades locales ejecutaran la orden de arresto. La controversia sobre las inmunidades no desaparecería necesariamente, pero la situación jurídica sería diferente.

Para que comparezca efectivamente ante la CPI, sin embargo, primero tendría que ser detenido y trasladado a La Haya. La Corte no celebra juicios penales en ausencia del acusado. Después de su entrega, tendría lugar una instancia destinada a confirmar los cargos y determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia el juicio. No se trata, por tanto, de un procedimiento automático ni de una consecuencia inmediata de su eventual derrota política.

La alternativa de que Netanyahu permanezca políticamente protegido tampoco garantiza que la cuestión desaparezca. Mientras exista la orden, sus desplazamientos internacionales estarán condicionados por el riesgo de detención, las obligaciones de los Estados que reconocen la jurisdicción de la Corte y las decisiones diplomáticas de sus aliados.

En definitiva, la elección del 27 de octubre puede haber iniciado el proceso de desplazamiento de Netanyahu, pero todavía no determina su desenlace. El dirigente que durante años convirtió su supervivencia política en una de las constantes de la política israelí enfrenta ahora dos problemas simultáneos: conservar suficiente respaldo interno para evitar su desplazamiento y mantener una red internacional de protección frente a una orden judicial que no depende de los resultados electorales israelíes.

La cuestión ya no es solamente si Netanyahu conseguirá mantenerse en el poder. Es si podrá abandonar el Gobierno sin que se desmorone el sistema de alianzas políticas e internacionales que hasta ahora le permitió resistir las presiones. Su derrota podría convertirse en el comienzo de una transición institucional, pero también en el punto de partida de una etapa de mayor exposición judicial. La posibilidad de verlo comparecer ante la Corte Penal Internacional existe jurídicamente; que llegue a concretarse dependerá de la cooperación de los Estados, de las controversias sobre inmunidad y, en última instancia, de que alguna autoridad nacional ejecute la orden de arresto.

Fuentes principales consignadas en la versión de trabajo

  • Associated Press — “Claims by Netanyahu's party of a 'stolen' Israeli election unravel” (17 de noviembre de 2026).
  • Reuters — “Israeli parliament elects speaker backed by Netanyahu opponents” (17 de noviembre de 2026).
  • Corte Penal Internacional — Resolución sobre las órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant (21 de noviembre de 2024).
  • Corte Penal Internacional — Situación del Estado de Palestina: antecedentes y cooperación.
  • Council on Foreign Relations — “The Role of the International Criminal Court” (14 de octubre de 2026).
  • Chatham House — Análisis jurídico de las órdenes de arresto de la CPI.

Por Ignacio Stankewitsch