Las elecciones presidenciales y legislativas de este 25 de febrero en Nigeria se celebrarán bajo máxima tensión, por la polarización entre los principales candidatos y la extrema violencia de grupos extremistas islámicos, en un país donde la pobreza extrema contrasta con sus enormes riquezas naturales.
Unos 90 millones de nigerianos, muchos de ellos jóvenes, podrán elegir el 25 de febrero al sucesor de Muhamadu Buhari (segunda vuelta, 11 de marzo) y un nuevo Congreso, bajo un clima político muy polarizado y ensangrentado por la violencia terrorista de grupos yihadistas como Boko Haram y Estado Islámico.
Además de la creciente inseguridad, con 40.000 muertos y más de dos millones de desplazados en 13 años de luchas étnicas, regionales y religiosas, este país africano de 213 millones de habitantes (casi la mitad menores de 15 años) sigue sin darse una economía sana, pese a sus riquezas petroleras (50% del PIB).
La inflación ha trepado al 21% anual en 2022 y al menos 60 millones de nigerianos viven con menos de U$S 2,15 al día. El 63% de la población del país queda encuadrada en la “pobreza multidimensional”, según el propio gobierno.
Un ejemplo evidente de esa contradicción en Nigeria, la mayor economía de África pero ya superado por Angola como principal productor petrolero en 2022), es que la escasez de combustible para automóviles que afecta al país desde hace meses tendrá un papel electoral determinante.
Polarización y control
(De izquierda a derecha, Obi, Tinubu y Abubakar)
El nuevo presidente sucederá Buhari (Congreso de los Progresistas, en el poder hace 24 años), reelegido en 2019 en los sextos comicios desde el fin de la última dictadura (1999) con 56% -y control del Congreso- frente al 41% del opositor Atiku Abubakar (Partido Democrático Popular, dos veces vicepresidente desde 1999). Hubo sólo 40% de participación. Nigeria, el país más poblado de África (sexto del total continental y 410 millones para 2050), se rige desde el fin de la última dictadura militar (1999) por un sistema político presidencialista, con un Congreso bicameral. Este 25 de febrero se elegirán también legisladores locales en 28 de 36 estados.
Participarán 12,2 millones de votantes más que hace cuatro años y el 76% de los nuevos inscriptos tienen entre 18 y 34 años, frente al 51% de 2019.
Elecciones anteriores fueron definidas entre dos candidatos, pero en estas hay tres principales: Bola Tinubu (70), del oficialista Congreso de los Progresistas; otra vez al millonario Abubakar (76), del PDP (fuerza que gobernó el país de 1999 a 2015), y el favorito en las encuestas de primera vuelta, Peter Ob (61)i, del Partido Laborista, dos veces gobernador de Anambra (2007-14).
Cada candidato sumó el apoyo de sus bases étnicas, religiosas y regionales, lo que tensó la campaña, pero Obi avanzó con un discurso más transversal, que pone énfasis en los logros de su gestión económica y social como gobernador, si bien se vio afectado por su inclusión en los Pandora Papers, por no declarar debidamente la propiedad de una firma offshore como particular.
Existe la posibilidad de que ningún candidato presidencial obtenga el 25% de los votos en dos tercios de los estados nigerianos necesarios para evitar una segunda vuelta, y una segunda vuelta podría acarrear peligros adicionales. Los tres principales partidos han proclamado que esperan ganar cómodamente, lo que abre la posibilidad de que los perdedores denuncien irregularidades.
La nueva ley electoral de 2022 introdujo el Sistema Bimodal de Acreditación de Votantes, que combina la biometría facial y dactilar para verificar la identidad de los votantes, y la transmisión electrónica de los resultados desde los colegios electorales directamente al Portal de Visualización de Resultados de la Comisión Electoral (INEC).
Estas herramientas deberían ayudar a impedir que votantes no registrados emitan su voto y que nadie altere las cifras que se envían a los centros de cotejo estatales y a la sede central de la INEC en Abuja, lo que provocó gran parte de los fraudes electorales de las elecciones anteriores. El presidente de la INEC, Mahmood Yakubu, promete que los comicios de 2023 serán “los mejores de la historia” del país.
Violencia
Al menos 25.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en el noreste de Nigeria desde el inicio del sangriento conflicto con los grupos yihadistas, y más de la mitad son niños, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
El secuestro de 276 niñas de una escuela en Chibok por parte del grupo yihadista Boko Haram acaparó la atención mundial, pero ocho años después, más de 100 niñas siguen desaparecidas y la revuelta yihadista continúa.
En 2021, se creó un registro oficial de desaparecidos, pero quedó en una iniciativa piloto. En enero, el gobierno admitió que no tiene “información confiable sobre el número de desaparecidos en el país ni una estructura para enfrentar las consecuencias humanitarias”.
Desde enero hasta mediados de diciembre de 2022, los grupos armados mataron a más de 10.000 personas y secuestraron a más de 5.000 en unos 3.000 incidentes ocurridos en al menos 550 de las 774 áreas de gobierno local del país.
Las elecciones de 2015 y 2019 fueron boicoteadas por Boko Haram y la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP) en el noreste, pero ahora han aparecido otros numerosos grupos armados, “bandidos” y yihadistas que actúan en zonas del noroeste, además de separatistas de Biafra.
Economía atribulada
Las dificultades para proveerse de combustible, pese a ser el principal productor de petróleo de África, evidencia los antiguos problemas económicos estructurales del país, agobiado por una creciente inflación, desempleo generalizado, una deuda cuyos pagos absorben el 80% de los ingresos y una aguda escasez de divisas, que debilitan el naira local (459 por dólar).
El año pasado, el gobierno gastó unos 10 mil millones de dólares (2,2 por ciento del PIB de Nigeria) para subsidiar el combustible, que cuesta 0,40 centavos de dólar el litro, y restarle un incentivo adicional a la inflación.
Los tres principales candidatos prometieron introducir reformar de fondo en la economía, poner fin al régimen de tipos de cambio múltiples con el que Nigeria procura evitar una devaluación y también a las subvenciones al combustible, que ya costó al gobierno 10.000 millones de dólares solo en 2022.
El gobierno priorizó inversiones en infraestructura, con miles de millones de dólares en nuevas carreteras, puentes, aeropuertos y ferrocarriles, a la vez que prohibió la importación de arroz para estimular a los agricultores locales, pero la suba de fertilizantes y combustible aumento el saco de arroz de 50 kilos un 90%, a 120 dólares.
Las deficientes redes de transporte y electricidad de Nigeria obstaculizaron el crecimiento económico durante décadas y el 63% de la población sigue viviendo por debajo del umbral de la pobreza, según la Oficina Nacional de Estadística.
Estas inversiones, a la vez, cuadruplicaron la deuda externa, hasta los 40.000 millones de dólares bajo el mandato de Buhari, y el déficit fiscal aumenta cada año.
El país ha soportado dos recesiones desde 2016, impulsadas por las caídas del precio del crudo, la escasez de divisas fuertes y, finalmente, la pandemia de COVID-19. El impacto de la guerra en Ucrania y las fuertes inundaciones de 2022 llevaron la inflación a su nivel más alto en 17 años y a 33% el desempleo.
El petróleo es la principal fuente de divisas, pero el robo de crudo en el delta del Níger y años de falta de inversión han mermado la producción (Angola lo superó en el continente el año pasado) y lastrado las finanzas públicas.
Nigeria depende de las importaciones para casi todos los combustibles refinados. Sus refinerías estatales han producido poco o ningún combustible en la última década debido a un mantenimiento deficiente, y una refinería que está construyendo el multimillonario nigeriano Aliko Dangote ha sufrido retrasos.
