La fiscal Daniela Dupuy, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDYCI), fue quien pidió que se realizaran cuatro allanamientos en Eldorado.
En el marco de la causa por espionaje y robo de identidad al ex ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Marcelo D’Alessandro, se ordenaron una serie de cuatro allanamientos en la localidad misionera de Eldorado. La Justicia Federal cree que desde esa ciudad misionera se realizó el hackeo del teléfono del funcionario, hoy de licencia, que derivó en un escándalo político, y posteriores causas judiciales, cuando se filtraron chats del funcionario, jueces y empresarios que compartieron un viaje al sur del país.
Según publica el sitio de noticias InfoBae.com, fuentes de la investigación comunicaron que la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDYCI), fue quien pidió que se realizaran los allanamientos, que tras la autorización de la justicia local se efectuaron en cuatro domicilios relacionados a los sospechosos de haber robado la línea telefónica y haber manipulado conversaciones que el funcionario habría mantenido a través de Telegram.
Dupuy, además, requirió que durante los operativos se secuestren dispositivos de almacenamiento informático, documentación y anotaciones que puedan estar vinculadas a la maniobra investigada.
Al momento, según menciona dicho medio porteño, son 5 los sospechosos identificados: están acusados de delitos por daño agravado, violación de secretos y de la privacidad, difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, suplantación digital de la identidad, entre otras acusaciones que puedan derivarse de la evidencia secuestrada.
Segun publica el mencionado portal de noticias, en la causa consta que el grupo habría dejado rastros (como el IP e IMEI, entre otros) en distintas operaciones, lo cual permitió identificar a sus integrantes y determinar que ya llevaban algún tiempo realizando estafas y robo de datos. Un informe de siete páginas elaborado por peritos de la Policía Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, concluyó que la filtración de conversaciones del teléfono de D’Alessandro se realizó a través de una técnica de hackeo conocida como SIM Swapping, que consiste en tomar el control de una línea telefónica desde otro dispositivo, sin el consentimiento de su titular.
Esto es posible, según lo que describe el informe al que accedió Infobae, realizando un trámite ante la empresa prestadora del servicio, alegando robo o pérdida del teléfono, y utilizando información de la víctima, como su DNI, domicilio y hasta datos generales de su familia, lo que suele estar disponible en bases de datos públicas. Conseguido esto, se puede acceder a las aplicaciones de mensajería que el usuario utilice, como Telegram o Whatsapp.
El estudio fue elaborado por la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del departamento científico de la Policía Judicial, y lleva la firma del perito Marcos Vassani.
Al detallar cómo fue hackeado el teléfono personal de D´Alessandro, el informe explica que el primer paso utilizado por los atacantes es realizar un trabajo de inteligencia sobre la víctima. El mismo consiste en reunir información personal, como el número de documento, el domicilio, empleos y hasta información general de familiares. Una vez obtenidos estos datos, es posible iniciar la maniobra para duplicar la línea telefónica de la víctima, activándola en un nuevo dispositivo. Se conoce como SIM Swapping, y también con expresiones como SIM Splitting, SIM Jacking o SIM Hijacking. “Implica la transferencia del control de las operaciones móviles de una tarjeta SIM existente a otra, sin el consentimiento del usuario”, según explica el análisis del organismo porteño.
No sería D’Alessandro el único hackeado por esta banda, ya que según publica el sitio de noticias de Clarín, fuentes judiciales explicaron que también habrían hacckeado al diputado Diego Santilli; los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso (ambos de la causa Vialidad); el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; y los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos (que deben revisar la condena de Cristina Kirchner).
Fuente: El Territorio