Los arquitectos del sentido común
Hay una sala con vista a un río, el Potomac, el Támesis o el Manzanares, en un fondo de inversión o en una consultora. Seis personas, café, un proyector. Nadie levanta la voz. Nadie tiene apuro. En la pantalla, una planilla de Excel.
Una columna dice: Objetivo. Bajar el costo laboral en el Triángulo del Litio. Otra: Medio. Campaña de miedo al comunismo, financiamiento a iglesias, compra de pauta en multimedios. Una tercera: Retorno estimado. Alguien pregunta si es legal. Otro contesta que todo es legal. Alguien pregunta si es moral. Nadie responde, porque esa objeción no existe en ese esquema de trabajo.
Nadie odia en esa sala. Nadie delira. Se hace una cuenta: convencer a una mayoría cuesta menos que gobernarla, y fabricar su sentido común cuesta menos que comprar sus votos.
Esa reunión existe todos los días, con otros nombres, en otros lugares. Siempre hay alguien que se beneficia operando detrás de la arquitectura que configura el sentido común y el voto de millones de personas. ¿Pero quienes son?
Conviene ir por orden. El primer actor es el capital, y hay que precisar qué hace y qué no. BlackRock, Vanguard y State Street no pagan usinas de ideas: votan en reuniones de accionistas para acumular más riquezas. Según un estudio de los juristas Lucian Bebchuk y Scott Hirst, juntos controlan en promedio más del 20 por ciento de las acciones de las empresas del S&P 500 y emiten cerca de una cuarta parte de los votos en sus asambleas. Quien paga a las usinas de ideas es el capital extractivo. La Union of Concerned Scientists documentó que ExxonMobil canalizó casi dieciséis millones de dólares, entre 1998 y 2005, a 43 organizaciones que cuestionaban la ciencia del clima. Y paga el capital financiero cuando tiene un pleito. Paul Singer, dueño de Elliott Management, creó con otros acreedores la American Task Force Argentina para presionar al país por su deuda en default; el Center for Responsive Politics registró 6,4 millones de dólares en gastos de lobby, sin contar publicidad. Singer presidía además el Manhattan Institute.
El segundo actor son las usinas. La Heritage Foundation nació en 1973 con dinero de la familia Coors; el Cato Institute, en 1977, con fondos de Charles Koch. La Atlas Network, fundada en 1981, recibe financiamiento de fundaciones Koch y, según The Intercept, repartió más de cinco millones de dólares entre sus socios en 2016: entre ellos la Fundación Libertad, de Rosario, y la red libertaria detrás del Movimiento Brasil Libre. Su producto es una traducción. Intereses de élite convertidos en frases de sentido común: “los impuestos son un robo”, “el Estado es ineficiente”.
El tercero es el complejo tecno-mediático. Robert Mercer invirtió quince millones de dólares en Cambridge Analytica, y Steve Bannon fue su vicepresidente. La firma cosechó datos de hasta 87 millones de perfiles de Facebook, según la propia red. Cerró en 2018. Pero Emerdata, una sociedad creada en 2017, ya reunía a sus ejecutivos y a las hijas de Mercer. Facebook pagó 5.000 millones a la FTC en 2019, tras ese escándalo. Del lado estatal, la acusación del fiscal Robert Mueller en 2018 documentó que la Internet Research Agency, de San Petersburgo, operaba con un presupuesto de millones de dólares financiado por el empresario Yevgeny Prigozhin.
El cuarto son las internacionales religiosas. Según openDemocracy, 28 organizaciones cristianas de derecha de Estados Unidos gastaron al menos 280 millones de dólares fuera del país desde 2007, 44 millones de ellos en América Latina. Ninguna revela sus donantes.
Primero, el fin económico. No se trata de ganar una elección. Se trata de cambiar la estructura de acumulación, y la elección es el instrumento. Los objetivos son tres, y se pueden rastrear en leyes.
Uno: privatizar bienes comunes. Chile fue el laboratorio: el Código de Aguas de 1981 convirtió los derechos de agua en propiedad privada transable. Hoy la disputa es el litio. Argentina, Bolivia y Chile concentran, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, alrededor de la mitad de los recursos de litio identificados en el planeta. En Argentina, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, incluido en la Ley 27.742, ofrece a proyectos de más de 200 millones de dólares treinta años de estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria, con una alícuota de ganancias del 25 por ciento.
Dos: bajar el costo laboral. Brasil lo hizo en 2017, con la reforma del gobierno de Michel Temer. Argentina incluyó un capítulo de reforma laboral en esa misma ley de 2024. En ambos casos, el argumento público fue la creación de empleo; el efecto directo, un menor costo de contratar y de despedir. Y un espantoso aumento del desempleo y la precarización laboral, con salarios y poder adquisitivo a la baja.
Tres: esquivar la transición ecológica regulada. En abril de 2020, en una reunión ministerial grabada, el ministro brasileño de Medio Ambiente, Ricardo Salles, propuso aprovechar que la prensa solo hablaba de la pandemia para ir pasando la boiada: cambiar normas ambientales sin pasar por el Congreso. Lo dijo delante de una cámara.
Para todo eso hace falta que el votante respalde la retirada del Estado que lo protege.
Después, el fin político, que es más antiguo: restaurar jerarquías. Que el pobre no se perciba como clase explotada sino como emprendedor fallido o creyente asediado. Que la democracia siga existiendo, con urnas y campañas, pero sin capacidad de redistribuir. La filósofa Wendy Brown lo llamó desdemocratización. El historiador Quinn Slobodian mostró que la idea tiene historia: desde mediados del siglo veinte, una corriente del neoliberalismo, entendido como programa concreto de desregulación, privatización y contratos blindados, trabajó para proteger los mercados (eufemismo que usan para no mencionar a los dueños del mercado) de las mayorías que podrían llegar a votar una mejor redistribución de las riquezas si no se las conduce en sentido opuesto a sus intereses.
Se puede votar. Lo que ya no se puede es elegir contra el capital.
Ahora mirá la línea de montaje completa, estación por estación. La heurística instala el atajo: una frase simple, repetida, financiada por una usina. La identidad lo convierte en pertenencia: un pastor, un candidato, una gorra roja de Trump. El miedo lo vuelve urgente: una pérdida inventada, una cuenta regresiva. La adiaphoria lo vuelve soportable: hay tanto ruido que verificar cuesta más que creer. Y el negacionismo lo sella: quien dudara se calla para no perder la tribu.
Cada estación tiene su proveedor y su factura. Las usinas producen la frase. Los medios compran su repetición. Los pastores y los influencers la vuelven comunidad. Las granjas de trolls fabrican el consenso aparente. Los algoritmos entregan la pieza justa a la persona justa, a la hora en que está más cansada.
Nadie dirige toda la cadena. No hace falta. Cada eslabón responde a su propio incentivo, y la suma produce lo que ninguna reunión habría podido ordenar. Ninguna estación necesita saber para quién trabaja la siguiente, ni quién termina cobrando. Es una división del trabajo, no un complot. Y es guerra híbrida en estado puro: sin tanques, sin censura, sin un solo disparo, con la mayoría votando por lo que le conviene a otros.
¿Quién pierde? Las mayorías que votan ilusionadas con pertenecer al uno por ciento y terminan garantizando que el uno por ciento siga siéndolo. ¿Quién gana? Una minoría ultraconcentrada que entendió algo barato: fabricar sentido común cuesta menos que comprar votos.
Esta serie empezó con un hombre que votaba contra sí mismo y termina con una planilla de excell. No hace falta imaginar villanos. Alcanza con leer quién financia qué y quién cobra después. La planilla del comienzo no es una metáfora. Es el formato en que se decide todo. Lo que llamamos sentido común tiene un costo. Y al final la factura la pagamos por algo que no nos sirve y que nunca pedimos.
Por Ignacio Stankewitsch