En el debate público suele afirmarse que una mayor presión fiscal frena el crecimiento económico y empobrece a los ciudadanos. Sin embargo, la evidencia comparada entre países sugiere que la relación entre impuestos, desarrollo y bienestar es más compleja. La comparación entre Argentina y España resulta ilustrativa para entender cómo la presión fiscal se vincula —o no— con el nivel de vida y la estabilidad económica.
Dos economías, dos trayectorias
España y Argentina comparten lazos históricos y culturales, pero presentan realidades económicas muy distintas. España es una economía avanzada, integrada en la Unión Europea y en la OCDE, mientras que Argentina es una economía de ingresos medios con una larga historia de volatilidad macroeconómica.
Uno de los indicadores clave para analizar estas diferencias es el PIB per cápita, que mide la producción económica por habitante y sirve como aproximación al nivel de vida promedio. En la actualidad, el PIB per cápita español más que duplica al argentino. Esta brecha refleja diferencias sustanciales en productividad, estabilidad macroeconómica e ingresos reales de la población.
Presión fiscal: más que un número
La presión fiscal, entendida como el total de impuestos y contribuciones sociales en relación con el PIB, también muestra contrastes relevantes. España presenta una presión fiscal cercana al promedio de las economías desarrolladas, mientras que la de Argentina es más baja en términos porcentuales.
A primera vista, esto podría sugerir que los ciudadanos argentinos soportan una carga impositiva menor. Sin embargo, el dato agregado oculta realidades distintas. En España, una mayor presión fiscal se traduce en una recaudación más estable y previsible, que financia servicios públicos amplios: sanidad universal, educación, pensiones y sistemas de protección social. En Argentina, pese a una presión fiscal menor como porcentaje del PIB, la carga impositiva suele percibirse como elevada debido a la superposición de impuestos, la inflación crónica y la inestabilidad normativa.
¿Existe una relación entre impuestos y desarrollo?
La comparación muestra que una mayor presión fiscal no implica necesariamente un menor nivel de vida. De hecho, en el caso español, una carga tributaria relativamente alta convive con un PIB per cápita elevado y con mejores indicadores sociales. Esto sugiere que lo determinante no es solo cuánto se recauda, sino cómo se recauda y para qué se utilizan los recursos.
Argentina, por su parte, ofrece el ejemplo contrario: una presión fiscal más baja no ha garantizado crecimiento sostenido ni estabilidad. La alta inflación, los desequilibrios fiscales recurrentes y la falta de confianza en las reglas del juego económico han erosionado el poder adquisitivo de los ciudadanos, independientemente del nivel formal de impuestos.
Estabilidad y bienestar ciudadano
Desde la perspectiva del ciudadano común, la diferencia clave entre ambas economías es la estabilidad. En España, los ingresos, el empleo y los precios evolucionan con menor volatilidad, lo que facilita la planificación familiar y empresarial. En Argentina, la incertidumbre macroeconómica —inflación elevada, devaluaciones y cambios frecuentes en la política económica— impacta directamente en la calidad de vida, incluso en períodos de crecimiento.
Esto refuerza una conclusión central: el desarrollo económico no depende únicamente de tener impuestos bajos, sino de contar con instituciones sólidas, estabilidad macroeconómica y un Estado capaz de transformar la recaudación en bienes públicos efectivos.
Una lección comparativa
La experiencia comparada entre Argentina y España muestra que la presión fiscal, por sí sola, no determina el bienestar de una sociedad. En economías desarrolladas, una carga tributaria relativamente alta puede coexistir con mayores niveles de ingreso, servicios públicos de calidad y estabilidad. En economías inestables, en cambio, una presión fiscal menor no alcanza para compensar los costos de la volatilidad y la falta de previsibilidad.
En definitiva, el debate no debería centrarse únicamente en cuánto se cobra en impuestos, sino en qué modelo económico e institucional permite convertir esos recursos en desarrollo sostenible y seguridad económica para los ciudadanos.
Por Federico Villagra