El oficialismo confía en que el ordenamiento macroeconómico se traduzca en alivio cotidiano y, a la vez, en que las tensiones entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof impidan una candidatura capaz de unificar el voto crítico
“Tenemos que ganar en primera vuelta. Como sea”. La definición, contundente, surge de una breve charla de pasillo con un ministro del Gobierno nacional ante una pregunta tan simple como inevitable: “¿Y 2027?”. El funcionario completa: “Es fundamental que todos miren a la Argentina como un país sólido, de largo plazo, con una macroeconomía ordenada. Es clave que el mundo vea que en la Argentina eso no se discute más. La única persona capaz de garantizar eso se llama Javier Milei”.
En esa respuesta, casi al pasar, hay una síntesis bastante precisa de lo que parece ser el objetivo electoral del Gobierno para 2027: reelegir a Javier Milei y hacerlo en primera vuelta. Para conseguirlo, el oficialismo necesita que la economía llegue a ese momento mostrando resultados concretos, pero también que la oposición —y particularmente el peronismo— no consiga ordenar sus piezas detrás de un candidato competitivo.
En materia económica, el desafío es conocido. El Gobierno consiguió avanzar en el ordenamiento de algunas variables macroeconómicas, pero necesita que esa mejora se transforme en algo mucho más concreto para la vida cotidiana. La estabilidad tiene que convertirse en inversión; la inversión, en producción; la producción, en empleo; y el empleo, en mejores ingresos y mayor consumo.
En otras palabras: si micro y macro son dos caras de una misma moneda, el gobierno necesita cuanto antes que la macroeconomía motorice una microeconomía próspera, y en todo el país.
No alcanza con que los números mejoren en una planilla de Excel. Para que un proyecto de reelección sea competitivo, el argentino común tiene que sentir que puede llegar a fin de mes, pagar sus servicios, consumir algo más y recuperar cierta expectativa de futuro.
Ese es el primer desafío de Milei. Caputo —Toto— está convencido de que eso ocurrirá “más temprano que tarde”.
Dicho esto, el Gobierno necesita estructurar las reglas del juego electoral de manera tal que el peronismo llegue a 2027 sin un candidato capaz de ordenar a todo el espacio opositor.
Y ahí las PASO adquieren una importancia enorme.
Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias fueron creadas como una herramienta para ordenar la oferta electoral. Permiten que distintas corrientes de un mismo espacio compitan en una elección y que, finalmente, una de ellas se imponga y represente al conjunto en la elección general.
Pueden gustar más o menos. Pueden ser costosas. Pueden haber sido utilizadas en ocasiones en las que no existía una verdadera competencia interna. Todo eso es discutible. Pero cumplen una función política: ordenan la competencia interna. Y eso es justamente lo que hoy urgentemente necesita el peronismo.
El Partido Justicialista atraviesa una disputa de liderazgo que todavía está lejos de resolverse. Cristina Kirchner mantiene un peso determinante dentro del espacio y, al mismo tiempo, Axel Kicillof intenta construir un liderazgo propio. La tensión entre ambos sectores volvió a quedar expuesta esta semana. Máximo Kirchner volvió a reivindicar a su madre como conductora y, durante un acto frente al domicilio de Cristina, cuestionó a quienes sostienen que la expresidenta “ya fue” y desafió: “Si ellos tienen razón y nadie quiere a la compañera, ¿qué más lindo que arrasarla en una elección?”. También afirmó: “No está proscripta Cristina. Estamos proscriptos y proscriptas los y las que la queremos votar”.
La señal política es contundente: para el kirchnerismo, Cristina sigue siendo una referencia central y una eventual candidata.
Kicillof, en cambio, busca construir su propio liderazgo. Y tiene una razón concreta para mirar con cuidado la experiencia de Alberto Fernández. Alberto llegó a la Presidencia con Cristina como principal respaldo electoral y político. Pero la convivencia entre ambos terminó mostrando los límites de una fórmula en la que el presidente y su principal sostén político tenían relaciones de poder difíciles de compatibilizar.
Kicillof no parece dispuesto a repetir esa historia. Quiere ser candidato, pero quiere serlo desde su propio liderazgo. No quiere convertirse en un nuevo Alberto Fernández. “Cuento con ustedes, cuenten conmigo”, dijo en una recorrida por Misiones, días atrás, en un gesto que sugiere más que esas cinco palabras.
El problema es que Cristina no parece dispuesta a ceder fácilmente el control del espacio. Y mientras esa disputa continúa, aparecen otros dirigentes con aspiraciones presidenciales. Sergio Uñac, por ejemplo, planteó públicamente que el peronismo debería definir a su candidato mediante una interna. Es decir, una competencia que permita ordenar la oferta y evitar que la candidatura vuelva a resolverse exclusivamente en una mesa de dirigentes.
Ahí aparece la paradoja. El peronismo necesita una herramienta para ordenar su interna. Y el Gobierno quiere eliminar justamente esa herramienta.
Imaginemos un escenario sencillo. Tres candidatos peronistas llegan a la elección presidencial. Cada uno obtiene el 10% de los votos. Diez más diez más diez son treinta. Pero esos treinta puntos no son treinta puntos para un candidato presidencial. Son tres candidaturas separadas. Una PASO podría transformar esa competencia en una sola candidatura. Los distintos sectores competirían, uno ganaría y los demás tendrían que decidir si acompañan o no al vencedor.
Sin PASO, en cambio, el peronismo deberá encontrar otro mecanismo para resolver esa disputa. Y no es sencillo. Porque cuando un partido está dividido, eliminar el mecanismo institucional que puede ordenar esa división no necesariamente resuelve el problema. Puede agravarlo.
Desde el punto de vista electoral, para Milei hay una lógica detrás de todo esto. La Constitución establece que para ganar la Presidencia en primera vuelta un candidato debe obtener el 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, o al menos el 40% y una diferencia superior a diez puntos respecto del segundo. Por lo tanto, Milei no necesita necesariamente alcanzar el 50%. Necesita acercarse al 40% y, sobre todo, evitar que alguien consiga concentrar el voto opositor. Ese es el punto.
Si el oficialismo logra consolidar su electorado, sumar al PRO, incorporar una parte significativa del radicalismo y mantener el apoyo de sectores provinciales, una oposición dividida puede convertirse en la diferencia entre una segunda vuelta y una victoria en primera.
Por eso la relación con Mauricio Macri, con sectores de la UCR y con los gobernadores será determinante. El Gobierno necesita ampliar su base electoral. Pero también necesita que enfrente haya varios competidores en lugar de uno solo.
No es solamente una interpretación externa. Milei viene sosteniendo desde hace tiempo que está en contra de las PASO. En agosto, el Presidente fue explícito: “Desde incluso antes de ser Presidente estoy en contra de las PASO”. Según Milei, las primarias no cumplen “ninguna función real” y sirven para financiar internas partidarias con recursos de los contribuyentes. Su conclusión fue directa: “Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe”.
Patricia Bullrich sostiene la misma posición. Al explicar la estrategia oficial en el Senado, afirmó: “Nosotros queremos que no haya PASO”. Y ante la posibilidad de suspenderlas en lugar de eliminarlas, planteó que una alternativa u otra era, en términos prácticos, muy similar.
El Gobierno, además, tiene un argumento institucional para defender la reforma. Considera que el Estado no debería financiar ni organizar las internas de los partidos. El proyecto no se limita a las PASO: también modifica el financiamiento electoral, incorpora cambios vinculados con Ficha Limpia, altera aspectos de la Boleta Única y propone otras modificaciones del régimen electoral.
Todo eso merece ser discutido. Pero una reforma electoral tiene una característica especial: cambia las reglas con las que los mismos dirigentes que la impulsan deberán competir. Por eso exige un nivel de cuidado institucional mayor.
Si las PASO son malas, si son demasiado caras, si los partidos deben recuperar autonomía para seleccionar candidatos, todo eso puede ser materia de debate. Pero hay una pregunta que no puede quedar afuera: ¿qué impacto tiene eliminar o suspender las PASO sobre la competencia electoral de 2027? Porque una cosa es reformar el sistema electoral porque se considera que funciona mal. Otra muy distinta es modificarlo en un momento en el que esa modificación puede beneficiar objetivamente al oficialismo que gobierna.
Y esto no significa afirmar que el Gobierno esté actuando fuera de las reglas. Está utilizando las herramientas institucionales que tiene a su alcance y necesita conseguir los votos en el Congreso para avanzar. La cuestión es otra. La política democrática no consiste solamente en ganar elecciones. También consiste en construir reglas que puedan ser aceptadas por quienes hoy ganan y por quienes mañana pueden perder.
Ahí aparece el verdadero debate. Milei tiene derecho a buscar su reelección. Tiene derecho a construir alianzas, sumar dirigentes y diseñar una estrategia electoral. Tiene derecho, incluso, a impulsar una reforma política que considere necesaria.
Pero las reglas electorales deberían pensarse con una mirada que vaya más allá de la elección que viene. Porque las instituciones no deberían funcionar como herramientas de conveniencia para el gobierno de turno.
Argentina ya conoce demasiado bien lo que ocurre cuando cada cambio de gobierno implica modificar las reglas del juego. Y hay una paradoja interesante en todo esto. El Gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con buena parte de las estructuras políticas tradicionales ahora necesita construir una arquitectura electoral propia para garantizar la continuidad de su proyecto.
La apuesta es clara: que la economía llegue mejor a 2027, que Milei consolide su electorado, que el PRO y parte de la UCR acompañen y que el peronismo no consiga ordenar sus pedazos.
Por eso, en el fondo, la discusión sobre las PASO no es solamente una discusión sobre las PASO. Es una discusión sobre cómo llegará la Argentina a 2027.
Por Gonzalo Aziz - Infobae