Una investigación liderada por el medio británico 'The Guardian' exhibe cómo más de una decena de expertos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) tienen vínculos con la petrolera estatal saudita Aramco –la mayor emisora de carbono en el mundo–, instituciones sauditas y otras entidades del sector del petróleo y el gas. Las revelaciones siembran dudas sobre un posible conflicto de intereses en el IPCC, responsable de informes clave para el desarrollo de políticas contra la crisis climática.
Una investigación periodística, encabezada por el medio británico 'The Guardian', ha sacudido a la comunidad científica climática.
El informe –respaldado por Journalismfund Europe y publicado también por 'L'Humanité', de Francia, o 'ElDiario.es', de España, entre otros medios europeos– reveló al menos 20 casos que plantean preocupaciones por posible conflictos de intereses entre autores de los reportes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el organismo de referencia en ciencia climática.
De esos, el trabajo periodístico ha identificado a al menos once expertos con vínculos con la petrolera estatal de Arabia Saudita, Aramco –que es responsable de más emisiones de carbono que cualquier otra empresa de la historia– y otras instituciones del reino.
Si bien el texto no detalla que estos vínculos hayan motivado un comportamiento ilegal o indebido de los involucrados, sí siembra dudas sobre los estándares de una organización cuyos reportes son utilizados para moldear las políticas contra la crisis climática en el mundo.
¿Qué es y cómo influye el IPCC?
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) es el principal órgano internacional encargado de evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático y fue fundado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Su labor principal es la elaboración de informes, basándose en los trabajos existentes de científicos de todo el mundo, bajo la supervisión de cientos de autores principales, con conocimientos específicos que van desde la física atmosférica hasta los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos.
Estos reportes son aprobados por 195 países y, como tales, validan el consenso científico y dan un marco de referencia para la elaboración de políticas climáticas globales. Sus conclusiones suelen ser la referencia en las negociaciones de las cumbres climáticas de la ONU (COP) y han sido evidencia decisiva de acciones emblema como el Acuerdo de París de 2015 o la meta de fijar el calentamiento global en 1,5 ºC.
En la elaboración de los informes del IPCC intervienen tres Grupos de Trabajo y un equipo especial. El primero estudia las bases físicas del cambio climático (modificaciones en la atmósfera, gases de efecto invernadero, temperatura de la tierra y los océanos, entre otros aspectos); el segundo analiza los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos frente al cambio climático; y el tercero se centra en la mitigación de sus efectos, trazando estrategias para reducir emisiones y frenar el calentamiento global.
Un equipo especial, por su parte, desarrolla metodologías para calcular las emisiones y absorciones de los gases de efecto invernadero.
¿Qué casos reveló la investigación de 'The Guardian' y otros medios?
El trabajo periodístico de 'The Guardian' y otros medios analizó a los 223 autores principales del Grupo de Trabajo III, cuya labor impacta de forma más directa en la evaluación de políticas y tecnologías para la reducción de emisiones, por lo que es más sensible a los intereses económicos de países y empresas.
En ese grupo, la pesquisa localizó 20 casos que plantean preocupaciones por conflicto de intereses, once de ellos relacionados con Arabia Saudita –tanto ligados a la petrolera Aramco como a otras instituciones sauditas–, y el resto repartido entre otros países, con cuestiones conflictivas "como la colaboración con la industria, el patrocinio de la investigación de instituciones académicas por parte de empresas de combustibles fósiles, las campañas medioambientales y las finanzas sostenibles".
Uno de los nombres que aparecen es el de Mustafa Babiker, un especialista que lleva 20 años de trabajo para Aramco y cuyo nombramiento como autor principal coordinador del Séptimo Informe de Evaluación del IPCC (que debe publicarse en 2029) había despertado controversia en la comunidad científica el año pasado.
Pero 'The Guardian' señala que no es un caso aislado. La investigación también menciona a Diego Armando Moya Pinta, que es un autor principal del IPCC y trabaja como investigador en energía y sostenibilidad en Aramco desde 2022. En la ficha oficial del organismo, su nexo con Aramco no está mencionado y solo se señala su rol como investigador sénior honorario del Imperial College de Londres.
Por otra parte, otros cinco autores del Grupo de Trabajo III del IPCC pertenecen al Centro de Estudios e Investigaciones Petroleras del Rey Abdullah (KAPSARC), un think-tank financiado por el Gobierno de Arabia Saudita y presidido por su ministro de Energía.
Así, esta entidad es una de las tres instituciones más representadas en el grupo, con el mismo número de expertos que el Imperial College de Londres y el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados de Viena.
Otros casos conflictivos son los de Zain Yamani y Syed Masiur Rahman, ambos miembros de la Universidad Rey Fahd de Petróleo y Minerales; o Hussein Hoteit, profesor de la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología.
Además, la doctora Malak Al-Nory, una de las siete vicepresidentas del Grupo de Trabajo III, es, a la vez, asesora principal del Ministerio de Energía de Arabia Saudita y formó parte de la delegación oficial del reino en las negociaciones climáticas en la Conferencia sobre el Cambio Climático de Bonn, celebrada en junio de 2026.
¿Por qué se plantea un posible conflicto de intereses?
Varios expertos consultados por 'The Guardian' afirmaron que la política de conflictos de intereses del IPCC –que en marzo de 2026 no ha observado inconvenientes en los expertos señalados– es "inadecuada para su propósito".
Tzeporah Berman, fundadora y presidenta de la Iniciativa del Tratado de Combustibles Fósiles, aseguró a 'The Guardian' que "las normas sobre conflictos de intereses no constituyen una acusación de que alguien haya actuado indebidamente".
"Su finalidad es proteger la integridad de una institución garantizando que se divulguen y gestionen adecuadamente aquellos intereses profesionales, financieros o gubernamentales que razonablemente podrían percibirse como factores que influyen en su labor", detalló.
Sin embargo, Berman cuestionó que el hecho de que el sistema de gestión de conflictos de intereses del IPCC no encontrara fundamentos para tomar medidas en los casos de vínculos entre los expertos y Arabia Saudita "entonces la política es claramente inadecuada para su propósito".
Por su parte, Kari De Pryck, politóloga de la Universidad de Ginebra y experta en la gobernanza de la organización, le indicó a 'The Guardian' que "es la primera vez que contamos con tantos autores vinculados a Arabia Saudita en el IPCC, sobre todo en el Grupo de Trabajo III".
Para ella, esto se debe a una cambio de estrategia diplomática del reino, en el que se complementan su oposición de larga data a la reducción del consumo de combustibles fósiles con la promoción de soluciones tecnológicas para el clima, como la captura de carbono, "que limitarían el impacto en su economía basada en los combustibles fósiles".
En diálogo con el canal en inglés de France 24, Eoghan Gilmartin, uno de los autores de la investigación, explicó que, si bien existe un consenso científico en que estas soluciones tecnológicas pueden ser una "herramienta limitada para sectores donde la reducción de emisiones es genuinamente difícil", Arabia Saudita las pone en un rol central, "en lugar de reducir directamente las emisiones de carbono".
"Existe la percepción de que, al centrarse en esto, se incurre en una forma de greenwashing (lavado de imagen verde) que, en cierto sentido, sirve de pretexto para retrasar la descarbonización y la transición energética", subrayó.
¿Cuál es la justificación del IPCC para negar un conflicto de intereses?
Tras un escándalo por errores en sus informes y posibles conflictos financieros de su entonces presidente que provocaron una crisis de credibilidad en 2010, el IPCC encaró una revisión independiente de la que surgió en 2011 su actual política institucional sobre los conflictos de intereses.
En su sitio web, el IPCC describe que la misión de estos lineamientos es "proteger la legitimidad, la integridad, la confianza y la credibilidad del IPCC, así como de las personas directamente involucradas en la preparación de los informes y en sus actividades".
Sin embargo, algunos de los especialistas consultados por 'The Guardian' puntualizaron que existen discrepancias entre la política escrita y su aplicación práctica, y que existe cierta falta de transparencia porque las declaraciones de conflictos de intereses no se hacen públicas y el comité que las estudia no ofrece detalles de sus deliberaciones.
Un portavoz del IPCC le aseguró a 'The Guardian' que no fue necesario que el comité revisara los posibles conflictos de intereses de los expertos porque los casos fueron resueltos por los vicepresidentes de los grupos de trabajo, y defendió que los "múltiples procesos de revisión por parte de expertos y gobiernos" garantizan "la objetividad, la integridad, la autoridad y la credibilidad de los informes del IPCC".
El vocero subrayó que las declaraciones de conflicto de intereses son confidenciales por la legislación sobre protección de datos y desestimó la influencia del número elevado de expertos vinculados a Arabia Saudita.
"Ningún autor individual, institución, sector o país determina por sí solo las conclusiones de un informe del IPCC. Las conclusiones se elaboran de forma colectiva por amplios equipos de autores, diversos desde el punto de vista internacional y científico", remarcó.
Según la investigación de 'The Guardian', el doctor Mustafa Babiker reveló su vínculo con Aramco en su declaración de posibles conflictos de intereses del IPCC, sin que eso impidiera su nombramiento; mientras que Hussein Hoteit, respondiendo al informe del medio británico sobre cómo Aramco concibió y apoyó financieramente un proyecto suyo sobre almacenamiento subterráneo de carbono, negó que exista un conflicto de intereses porque "mi investigación y mis contribuciones relacionadas con el trabajo del IPCC fueron financiadas y respaldadas íntegramente por mi empresa, tal y como se reconoce en el artículo" publicado en la Revista Nature.
En ese texto, Hoteit y los otros autores de la investigación agradecen a Aramco "por haber concebido y llevado a cabo este proyecto piloto, así como por haber proporcionado un importante apoyo financiero".
Fuente: France24