El oficialismo libertario y el kirchnerismo negocian en secreto un acuerdo para cubrir las dos vacantes del máximo tribunal. Los operadores de ambos lados.
En medio de negociaciones reservadas entre el gobierno de Javier Milei y Cristina Kirchner para cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema —las dejadas por Elena Highton y Juan Carlos Maqueda—, emergen dos nombres clave: Anabel Fernández Sagasti, propuesta por el sector cristinista, y Mariano Llorens, impulsado por el oficialismo libertario. La intención es evitar nuevos fracasos en el Senado, donde candidaturas como las de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla no lograron los dos tercios necesarios. Esta vez, el acuerdo sería un intercambio de un juez por cada bando para asegurar la aprobación.
Anabel Fernández Sagasti, abogada y figura central del cristinismo, es senadora por Mendoza y una dirigente de máxima confianza de la ex presidenta. Su llegada a la Corte sería un triunfo simbólico para el cristinismo, que busca recomponer influencia institucional tras su retroceso electoral.
Del lado libertario, Mariano Llorens surge como el candidato del Gobierno. Con una larga trayectoria en distintos fueros y actualmente al frente de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Comodoro Py, es considerado una opción más aceptable para el Senado que nominados anteriores. Su eventual designación sería excepcional: un juez promovido por un Gobierno sin estructura partidaria ni mayorías legislativas, en el marco de un pacto que incluso podría extenderse al cargo de procurador general de la Nación, vacante desde 2017.
Las conversaciones pasan por dos operadores clave. En el oficialismo, Sebastián Amerio —secretario de Justicia, hombre de confianza de Santiago Caputo y con vínculos en la Corte— coordina las tratativas y traduce la estrategia política en términos judiciales. Del lado kirchnerista, Juan Martín Mena, ex viceministro de Justicia y ex número dos de la AFI, es el interlocutor directo de Cristina Kirchner y la llave para ordenar al Senado. Algunas fuentes señalan además canales paralelos donde interviene Karina Milei.
El avance del acuerdo depende del apoyo de gobernadores y de un Senado partido en tercios, donde el Gobierno podría ofrecer como moneda de cambio la aceleración de más de 200 vacantes judiciales pendientes en todo el país. Si prospera, el pacto entre un oficialismo sin anclaje territorial y un kirchnerismo en repliegue podría reconfigurar la Corte y la arquitectura judicial, aunque persisten dudas sobre su durabilidad política.
Por Franco Guareschi-Revista Noticias