El dictamen que busca modificar el régimen electoral de Posadas abrió un nuevo interrogante: cómo se financiará la organización de los comicios municipales y quién controlará la utilización de esos recursos. Mientras se propone un sistema electoral propio, todavía no se conoce un presupuesto oficial desagregado que permita determinar cuánto deberá afrontar la Municipalidad.
La reforma electoral de Posadas sumó un capítulo que va más allá de la eliminación de la Ley de Lemas, la implementación de la Boleta Única de Papel y las modificaciones al sistema de elección de autoridades municipales. La discusión ahora también pasa por el costo económico de poner en funcionamiento una estructura electoral propia.
El dictamen emitido por la Comisión de Legislación General, Régimen del Empleado Municipal y Enjuiciamiento del Concejo Deliberante, correspondiente a los expedientes 2209-C-26, 2266-C-26 y 2275-C-26, aconseja avanzar con un nuevo régimen electoral para la capital provincial.
Sin embargo, aparece una pregunta central: ¿de dónde saldrán los fondos para financiar las elecciones municipales si Posadas decide organizarlas de manera independiente de las provinciales?
El costo que todavía necesita una explicación
En medio del debate circulan estimaciones que ubican el eventual costo de organizar las elecciones municipales entre 2.000 y 2.500 millones de pesos. Se trata de cifras preliminares que no cuentan, hasta el momento, con una evaluación presupuestaria oficial verificada.
De confirmarse esos montos, la Municipalidad tendría que identificar los recursos necesarios para afrontar la organización electoral, la logística, las autoridades de mesa, el material electoral, la impresión de boletas, el escrutinio y el funcionamiento administrativo correspondiente.
Esto plantea otra cuestión: si el presupuesto municipal ya fue aprobado y no contempla específicamente esos gastos, ¿será necesario realizar una reasignación de partidas, ampliar el presupuesto o establecer algún mecanismo de financiamiento?
La responsabilidad política y administrativa recaería sobre la gestión del intendente Leonardo «Lalo» Stelatto, que tendría que instrumentar las previsiones presupuestarias correspondientes, dentro de las atribuciones del Ejecutivo y del Concejo Deliberante.
¿De qué área saldrían los recursos? ¿Obras públicas, servicios, salud, infraestructura u otras partidas municipales? Por ahora, no existe información suficiente para afirmar que alguno de esos sectores sufrirá recortes.
Un tribunal electoral y nuevas exigencias administrativas
La propuesta también plantea interrogantes sobre la estructura encargada de organizar y fiscalizar los comicios.
Hay una precisión institucional importante: la Carta Orgánica de Posadas ya contempla, en sus artículos 239 y 240, la existencia de un Tribunal Electoral Municipal. Establece que debe estar presidido por el presidente del Concejo Deliberante e integrado por el fiscal municipal y el defensor del Pueblo, y le asigna responsabilidades sobre los procesos electorales.
Por lo tanto, la discusión no pasa estrictamente por crear ese tribunal desde cero, sino por determinar cómo funcionará efectivamente, con qué personal, recursos, infraestructura y presupuesto.
También queda por precisar el mecanismo de ejecución administrativa y fiscalización del gasto. El Tribunal Electoral Municipal no debe confundirse con un Tribunal de Cuentas, cuya función es el control económico y contable.
En este escenario, resulta necesario conocer quién tendrá a su cargo las contrataciones, quién autorizará los desembolsos y qué organismos ejercerán el control sobre la utilización de los fondos.
El debate sobre el financiamiento
La discusión presupuestaria adquiere otra dimensión frente a las posiciones que La Libertad Avanza sostiene a nivel nacional respecto de la necesidad de justificar el costo fiscal de las iniciativas legislativas.
En Posadas, donde concejales de distintos espacios impulsan la reforma, surge un interrogante sobre la aplicación de ese mismo criterio: si una modificación institucional genera nuevos gastos, ¿debería acompañarse de una estimación económica y de la identificación de los recursos que permitirán financiarla?
La concejal Laura Traid también planteó públicamente cuestionamientos sobre la viabilidad económica del proyecto y el financiamiento de la estructura electoral municipal.
Los defensores de la reforma, por su parte, sostienen que el nuevo sistema permitiría eliminar la acumulación de votos de la Ley de Lemas y modificar el mecanismo de elección de representantes. También se ha planteado que la eliminación de múltiples boletas partidarias podría reducir determinados costos de impresión.
Por eso, la evaluación económica debería contemplar tanto los gastos adicionales como los posibles ahorros, para establecer el costo neto de implementar el nuevo régimen.
La discusión que llega al Concejo
Con el tratamiento del proyecto previsto para el jueves 19 de noviembre, el debate legislativo tendrá por delante cuestiones políticas, jurídicas, administrativas y presupuestarias. Lafronteramisiones
La autonomía municipal permite establecer reglas electorales propias y la Carta Orgánica contempla expresamente la posibilidad de realizar elecciones separadas o simultáneas con las provinciales y nacionales.
Pero ejercer esa autonomía también implica resolver cómo se sostendrá económicamente el sistema y quién asumirá la responsabilidad de administrarlo.
La pregunta que todavía necesita una respuesta concreta es cuánto les costará a los contribuyentes de Posadas implementar la reforma electoral y de qué partidas presupuestarias saldrán los recursos.
Porque, más allá del debate político sobre la Ley de Lemas y el nuevo mecanismo de votación, el Concejo Deliberante también tendrá que discutir cómo se financiará el cambio y cuáles serán los procedimientos de control del dinero público.
Y allí aparece el interrogante que puede convertirse en uno de los ejes centrales de la discusión: ¿quién pagará la cuenta de una elección municipal organizada con reglas y estructura propias?

