Diciembre caliente, negociaciones bajo la mira de EE.UU. y un tablero político que presiona por todos lados: Casa Rosada, gobernadores, CGT y empresarios
El Gobierno de Javier Milei enfrenta su prueba más delicada desde que asumió: la reforma laboral. En la Casa Rosada ya reconocen que el proyecto podría salir "acotado", quieren al menos la media sanción en diciembre, mientras la CGT endurece su posición, advierte por un diciembre conflictivo y los empresarios presionan para avanzar con cambios profundos.
Según pudo saber iProfesional de fuentes oficiales, "la negociación es delicada y promete un diciembre duro, porque hay que congeniar entre el Gobierno, los gobernadores, la CGT y las distintas entidades empresariales". El borrador del Pacto de Mayo sobre la "modernización laboral" fue directamente rechazado por la CGT.
"Así como está la reforma, no saldrá, pero nos sentamos a esperar para que el Gobierno negocie", señalan en la central obrera. En la Casa Rosada, admiten que si no logran los consensos necesarios con los diputados y senadores propios y aliados, Milei se conformará con "una reforma lavada".
Reforma laboral: el Gobierno avanza bajo presión de la CGT, empresarios y gobernadores
El rechazo frontal de la central obrera a los principales artículos del borrador oficial chocó de lleno con el respaldo explícito de sectores de la UIA, que ven en esta ley la oportunidad de modernizar los convenios, reducir la litigiosidad y recuperar competitividad. En el medio, las pymes quedaron atrapadas: coinciden en la necesidad de reformas, pero ven con alarma cierres masivos, caída de ventas y un Fondo de Cese laboral que "no cierra para nadie".
Implica, en rigor, un costo laboral más en el salario que ya paga un 50% en cargas sociales y la mayoría de las Pymes, cuando contrata, no piensan en despedir empleados sino en formarlos y mantenerlos en el tiempo.
Mientras tanto, en Washington observan el proceso como una señal de gobernabilidad: Milei quiere mostrar avances concretos antes de fin de año y el ministro de Economía, Luis Caputo, repite en su intimidad que "sin reforma laboral no hay 2026 posible".
Esto es así porque el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, quiere ver señales de gobernabilidad de Milei para hundir las inversiones en el país sobre los recursos estratégicos: minería, cobre, litio, minerales críticos, uranio, energía nuclear y petróleo.
La CGT ya avisó que no acompañará ninguno de los puntos centrales que impulsa el Gobierno:
- convenios por empresa
- paritarias sostenibles
- salarios dinámicos
- banco de horas
- fondo de cese
- quita de la cuota sindical solidaria
- período de prueba de 3 a 6 meses
- regulación del derecho de huelga
- fin de la ultraactividad
- regulación de asambleas
El mensaje gremial es claro: si el Gobierno decide avanzar sin acuerdo, diciembre será un mes de "muy alta conflictividad".
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Los puntos clave de la reforma laboral del Gobierno
Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, lo sintetizó con crudeza: "Este año se perdieron 276.000 puestos de trabajo y cerraron 20.000 pymes. Todos los días hay cierres. Así no se puede debatir nada."
La central exige una mesa tripartita formal con la CGT, el Gobierno y los empresarios. El problema: la reunión prometida no llega, el llamado se dilata y los borradores filtrados encienden todas las alarmas.
Ayer, un dirigente sindical de alto nivel lo resumió, off the record, con una frase que recorrió todas las mesas políticas: "Nadie sabe nada. Están jugando por los medios. Lo que veo nunca pasó en mi vida. La política tiene que encontrar un liderazgo unipersonal y un marco de Justicia Social, Democracia y Trabajo. Así no hay diálogo posible."
Si bien trascendió que el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con dos popes sindicales en secreto y les adelantó que hay espíritu de acuerdo, lo cual indicaría que la Casa Rosada está dispuesta a ceder muchas cosas, en el entorno del ministro no confirmaron ni desmintieron esa información.
Gerardo Martínez pateó el tablero del Pacto de Mayo
El jefe de la UOCRA endureció su postura y exigió primero discutir el modelo económico, no solo lo laboral.
"Hay destrucción de empleo por la apertura indiscriminada", advirtió Martínez, aludiendo a los casos Essen (30 despidos), Whirlpool (240), a lo que se sumó la metalúrgica Cramaco de Santa fé (35) y al derrumbe de la industria y de gran parte del comercio, como la cadena Frávega.
Ese mensaje cayó pésimo en el ala dura del oficialismo. Pero sectores dialoguistas, Santilli, el ministro de Trabajo, Julio Cordero, y los Menem (Lule y Martín), apadrinados por Karina Milei, piden frenar la escalada: "Si no se negocia ahora, no se negocia más".
UIA: apoyo al Gobierno, pero sin el fondo de cese laboral
Del otro lado del mostrador, la UIA -con Martín Rapallini a la cabeza- reclama aprobar cuanto antes una reforma que "modernice convenios de más de 50 años", reduzca la "industria del juicio" y extienda la competitividad.
Pero incluso entre los grandes empresarios apareció un cortocircuito inesperado: el fondo de cese laboral, impulsado por Federico Sturzenegger y defendido con moderación por Caputo, fue rechazado casi por unanimidad.
"No le cierra a nadie", admitió una fuente del G6. Industriales, bancos, comercio y hasta la Sociedad Rural objetaron que el sistema encarece costos y desincentiva la contratación formal.
En paralelo, los bancos denunciaron que un artículo del borrador habilita que el pago de salarios pueda hacerse a través de "nuevas entidades", lo que interpretaron como un guiño a Mercado Pago. "Eso nos voltea las tasas y los créditos", advirtió un banquero.
En la última conferencia de la Unión Industrial Argentina, hubo dos voces que llamaron la atención del Gobierno y sonaron a alarmas. El dueño de Techint, Paolo Rocca, pidió una política de "industrialización".
Mientras tanto, Martín Cabrales, de Café Cabrales, leyó un mensaje del papa Leon XIV que pedía adherir a la Encíclica Rerum Novarum, donde la Iglesia sostiene que la empresa debe estar al servicio de la cohesión social y contemplar el bienestar de los trabajadores y no medir sus éxitos no sólo en función del resultado económico sino en la capacidad de generar nuevos propietarios que tengan lo necesario para su existencia.
En ese mensaje, puso como ejemplo "luminoso" como empresario al venerable siervo de Dios Enrique Shaw, que próximamente será canonizado como Santo, que "entendió que la industria no era sólo un engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas".
Las pymes piden oxígeno: energía, logística, impuestos y un trato diferencial
CGERA y CAME se reunieron con la CGT y coincidieron en un diagnóstico común: sin alivio impositivo, sin financiamiento y sin un esquema productivo diferenciado, ninguna reforma laboral será sostenible.
Las pymes plantean:
- rechazo al fondo de cese laboral
- presión fiscal asfixiante
- tarifazos energéticos
- importaciones descontroladas
- infraestructura deteriorada
- burocracia paralizante
Piden una Gran Ley Pyme, distinta para los segmentos intensivos en mano de obra. Y advierten que muchas no podrán pagar aguinaldos y sueldos en 15 días.
En diálogo con iProfesional el vicepresidente de la CGERA, Raúl Zylverstein, dijo que "sabemos lo que se filtra. Y en lo que no estamos de acuerdo es que una reforma de este tipo, se hace con todos los actores sentados en la mesa, y no 4 iluminados, entre gallos y medianoche".
Señaló que "esto debiera ser una gran Paritaria Nacional. Y no existe una reforma laboral, sin una reforma impositiva, y reemplazar la ley de Riesgo de Trabajo. Las modificaciones siempre son parches, y nunca suelen ser buenas. En general, no hay problema con la ley de Contrato de trabajo, pero hay que derogar la ley de empleo".
"Lo primero que queremos hacer es segmentar a las empresas pymes en toda la legislación, no puede ser que no haya una, o varias posiciones intermedias entre un cuentapropista a una multinacional", explicó el empresario de una curtiembre.
Santilli activa el operativo político y Karina Milei define todo
En Balcarce 50 reconocen que el éxito o el fracaso de la reforma dependerá de dos factores:
1. El apoyo de los gobernadores, negociado por Diego Santilli y la polea de transmisión sobre el Congreso, donde varios diputados de gobernadores provinciales se sumaron a La Libertad Avanza;
2. La decisión final de Karina Milei, árbitro del poder libertario.
En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso condiciones durísimas a los gobernadores:
- Aprobación del Presupuesto 2026,
- Media sanción de la reforma laboral,
- Adhesión provincial a la Transparencia Fiscal,
- Luz verde al Plan Colchón (ingreso de dólares no declarados)
- Una señal para EE.UU., que exige "orden institucional" antes de avanzar en cooperación financiera.
A cambio, el Gobierno ofrece ATN, obras, deudas, fondos retenidos y flexibilidades tributarias. Los gobernadores, a su vez, tienen un punto innegociable: recibir el 54% de la recaudación total que ronda los 7 billones de pesos. La pregunta del millón es cuánto de todo ello, que Santilli anota en su cuaderno, estará dispuesto a ceder Caputo. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dijo que "por ahora el poncho no aparece".
Consejo de Mayo: el tablero de la disputa
La última sesión del Pacto de Mayo fue presidida por el jefe del gabinete, Manuel Adorni, y reunió al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, Martín Rapallini, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, la senadora Carolina Losada, el diputado Cristian Ritondo y y el delegado de la CGT Gerardo Martínez, el único que no sonrió en la foto.
La CGT llegó con un mensaje duro: "Sin modelo económico, no hay reforma laboral." El Gobierno apuesta a mostrar la adhesión de los 20 gobernadores del Pacto de Mayo como señal política hacia Washington y como herramienta para aislar a la CGT.
La advertencia dentro del Gobierno: "Sin leyes clave no hay 2026"
En el entorno presidencial resumen la situación con brutal sinceridad: "Todos necesitan algo, y nosotros necesitamos los votos. Es ahora o nunca." Sin reforma laboral y sin Presupuesto, el plan económico del próximo año queda en el aire. El riesgo político es enorme.
La Casa Rosada quiere aprobar la reforma laboral -aunque sea "lavada"- antes de fin de año. Milei necesita mostrarle a EE.UU., al FMI y a los mercados una señal de gobernabilidad. La CGT, las pymes y los empresarios jugarán fuerte. Los gobernadores negociarán hasta el último minuto. Y Karina Milei definirá el texto final.
Diciembre será un mes clave. El margen de error es mínimo. La gobernabilidad del 2025 y la supervivencia del proyecto libertario dependen en gran medida de esta reforma, que siempre fue conflictiva en los gobiernos no peronistas, como los de Raul Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri.
Por Mariano Obarrio-IProfesional