El dirigente gremial atribuyó al mandatario provincial la decisión de AUBASA de pedir multas y la cancelación de la personería del Sindicato de Peajes por no haber acatado la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen. “Ni Macri se animó a tanto”, dijo
En un inédito enfrentamiento, la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), perteneciente al Estado bonaerense, pidió al Ministerio de Trabajo que multe y pida la cancelación de la personería del Sindicato de Peajes, cuyo secretario adjunto es Facundo Moyano, por haber desoído la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen y que derivó en un paro con levantamiento de las barreras en la autopista Buenos Aires-La Plata y en las rutas hacia la costa atlántica.
“Pedir la cancelación de la personería es pedir que desaparezca un sindicato. Ni Macri se animó a tanto. Hay que remitirse a la dictadura militar para encontrar algo semejante”, dijo Moyano a Infobae luego de la audiencia en la que la empresa hizo el pedido a la cartera que encabeza Kelly Olmos.
El dirigente gremial atribuyó el agravamiento del conflicto al gobernador Axel Kicillof: “Se lo ha tomado como una pulseada personal -destacó-. Estamos hablando de una empresa de una provincia gobernada por un progresista y peronista que pide que desaparezca un sindicato. Tanto que amenazan con que viene la derecha, ¿para qué va a venir si ya están haciendo todo esto?”.
Facundo Moyano no descartó que en la dura actitud de la empresa del Estado bonaerense contra su sindicato haya influido la postura contraria al kirchnerismo que él ha sostenido desde que dejó su banca de diputado nacional: “Puede haber algo de eso -admitió-, pero todo es parte de un problema político y de falta de dirección. Al presidente de AUBASA lo puso (Sergio) Massa, al vicepresidente lo puso Axel (Kicillof) y al ministro de Trabajo bonaerense lo puso Máximo (Kirchner)”.
“En línea con un gobierno ideológico como el de la provincia de Buenos Aires, es un desastre. (En AUBASA) tienen de abogado a Funes de Rioja, que es un abogado de empresas con otro perfil, amenazan con descontar salarios de los trabajadores no sólo por este conflicto sino también por el anterior. Están llevando todo al extremo”, consideró el hijo de Hugo Moyano.
En un comunicado, el Sindicato de Peajes y Afines (SUTPA), liderado por Florencia Cañabate, sostuvo que haber pedido la cancelación de su personería “constituye un grave intento contra los derechos fundamentales de los trabajadores en general y de nuestro sindicato en particular, que no tiene antecedentes en un gobierno que se denomina a sí mismo “peronista, progresista y que defiende a los trabajadores” y no se condice con este período sostenido de democracia en nuestro país”. “Nos debemos remitir a la dictadura militar para encontrar hechos de estas características”, señaló en sintonía con lo afirmado por Facundo Moyano.
El SUTPA hizo una medida de fuerza sorpresiva a partir de la madrugada del lunes pasado en las estaciones de peaje de la autopista Buenos Aires-La Plata y en las rutas hacia la Costa Atlántica (2, 11, 63, 56 y 74) ante la falta de solución a varios reclamos: desde el despido de un gerente defendido por el sindicato hasta “la falta de un plan de reconversión que contemple y contenga a los trabajadores”, pasando por la no efectivización de casi 100 empleados. Pero el telón de fondo es una mala relación con el presidente del presidente de AUBASA, Ricardo Lissalde, a quien exigensu renuncia desde hace cuatro meses. El funcionario fue diputado provincial del massismo y hoy responde a Kicillof.
Según Facundo Moyano, en realidad, “el vicepresidente de AUBASA, Felipe Vismara, es el mejor amigo de Carlos Blanco, que es el mejor amigo de Kicillof; por eso Lissalde pasó a un lugar secundario”.
El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto el lunes pasado, luego de que la empresa denunció que el paro había comenzado sin aviso y que impidió tanto el “cobro manual como el cobro automático del peaje”, en una momento del año “crucial para el trabajo operativo al 100% de nuestros colaboradores, atendiendo a los automovilistas que circulen por nuestra traza”.
Sin embargo, el gremio de Cañabate no acató laconciliación obligatoria, mientras la cartera laboral convocó a las partes a la audiencia que se hizo esta tarde y en la que AUBASA pidió multas y la cancelación de la personería del SUTPA. “No la acatamos porque es sobre el mismo conflicto que ya tuvimos. Por eso pedimos la nulidad de la conciliación obligatoria”, dijo Moyano.
En el comunicado de prensa, el sindicato interpretó que “la conciliación obligatoria no anula el derecho constitucional a huelga y quien incumplió esta instancia fue la empresa despidiendo a un trabajador que el Ministerio (de Trabajo) intimó a reincorporar”. Y agregó: ”La conciliación es un instrumento para encauzar un conflicto y, en este caso puntual, la problemática sigue siendo la misma y está lejos de solucionarse debido a los reiterados incumplimientos por parte de la empresa de los acuerdos celebrados oportunamente en el ámbito del Ministerio de la Nación”.
“Con el objetivo de sembrar el miedo entre los trabajadores, AUBASA ha enviado cartas documento a diestra y siniestra, amenazando con descontar no sólo las horas de este paro sino también las horas correspondientes a una medida anterior que ya fueron abonadas”, denunció el SUTPA en su declaración, en la que añadió que “esto pone de manifiesto nuevamente el grado de desconocimiento de todo derecho que evidencian los responsables de esta empresa absolutamente quebrada, que en 2022 perdió casi $5.000 millones por falta de gestión y de políticas adecuadas”.
Según el sindicato, desde agosto de 2021 han reclamado “pacífica y pacientemente una y otra vez los mismos puntos y sólo obtuvimos agresivos ataques a nuestros representantes y ninguneos reiterados”. Por eso amenazó que, “de no deponer estas actitudes dictatoriales, antiderechos y antidemocráticas”, recurrirán a los tribunales nacionales e internacionales.
Por Ricardo Carpena-Infobae