Los gobiernos provinciales deben ser partícipes del esfuerzo fiscal imprescindible que hay que encarar para emerger del pantano.
La encrucijada en la que se encuentra la Argentina no nos permite las medias tintas: estamos con el cambio o estamos con la vieja política, el statu quo, las medidas que nos llevaron a ser el país con la inflación más alta del mundo y con una pobreza que en los menores de 17 años es del 60%, algo inadmisible para nuestra sociedad.
Esa herencia del kirchnerismo, que gobernó 16 de los últimos 20 años, es la que hay que cambiar de raíz. Y aquí no vale interpretar el cambio como a cada uno le convenga. El cambio es una revolución estructural que debe dejar sin efecto todos los privilegios corporativos, barrer con todas las regulaciones arbitrarias y discrecionales que tienen a nuestra economía de rehén y liberar nuestras fuerzas productivas para crear trabajo y crecer de manera sostenida.
El gobierno del kirchnerismo dejó una situación alarmante: una inflación que se encaminaba al 1% diario, un Banco Central sin reservas y que emitió por el equivalente a 20 puntos del PBI, una informalidad laboral que supera a la formalidad, el dato inédito de que muchos trabajadores formales no alcanzan hoy con sus salarios a superar el límite de pobreza y un endeudamiento que resultó el mayor de los últimos años.
Por eso era necesario actuar con velocidad y decisión, con convicción y sin miedo de los reparos que pondrían los sectores que se han beneficiados de las políticas regulatorias y prebendarias de los últimos años.
Y no es aceptable victimizarse en términos provinciales, amenazando con medidas ilegales al resto del país. Los gobiernos provinciales deben ser partícipes del esfuerzo fiscal imprescindible que hay que encarar para emerger del pantano.
El DNU que dictó el presidente Milei es una herramienta que evidencia la decisión de gestionar con rapidez y convicción para frenar el terremoto que dejó el gobierno anterior. Se dice que hay cuestiones en esa norma que no son urgentes y que pueden esperar otro formato institucional. Pero hay que decir la verdad: todo es urgente y apremiante en esta Argentina arrasada de hoy.
Es necesario avanzar en un esquema de desregulación integral de buena parte de las actividades productivas porque la Argentina necesita crecer, necesita empresas que se puedan establecer sin trabas, necesita exportar sin burocracia y sin gravámenes irrazonables y desalentadores.
El kirchnerismo ha creado capas geológicas en el Estado que derivaron en una maraña de regulaciones cuyo efecto fue el contrario al buscado: en lugar de promover la inversión, ésta se frenó, con la consiguiente caída en el PBI y la pérdida de puestos de trabajo.
No es posible que un país como la Argentina tenga un ratio de inversión cercano al 15% del PBI cuando debería tener no menos del 25% para que pueda haber un crecimiento sostenido con creación de empleo.
Ni siquiera la tan mentada inversión pública ha podido compensar la ausencia del sector privado. La infraestructura de nuestro país se encuentra en situación calamitosa: sólo el 16% de nuestras rutas se encuentran asfaltadas y apenas el 11% está en un estado razonable.
Hay que dejar que el sector privado invierta porque la Argentina tiene todas las potencialidades para ser un destino atractivo para generar riqueza. Hoy no tenemos nada porque se ha creado un Estado elefantiásico que en complicidad con las corporaciones sindicales obstruye la instalación de emprendimientos empresariales y la creación de puestos de trabajo.
¿Cómo es posible que sigamos atados a regulaciones laborales que llevan décadas, que son vetustas, que no se corresponden con la realidad de hoy y que sólo benefician a los caciques gremiales y perjudican a los trabajadores, la mayoría de los cuales debe refugiarse en la informalidad para poder trabajar?
Entonces, hay que darse cuente que esa red de regulaciones, que alcanza a casi todos los aspectos de la vida nacional, desde la salud hasta la cultura, no sólo no protegen a los sectores más vulnerables de la población sino que los hace rehenes de esa misma maraña de decisiones discrecionales, en la que cuesta discernir qué es una medida genuina y qué es un negocio espurio.
Por eso creemos que es urgente avanzar con una desregulación integral. No podemos seguir a la deriva con un Estado montado a base de subsidios financiados con emisión inflacionaria.
Cuanto antes encaremos reformas de fondo, más veloces y más contundentes serán los beneficios. Por ejemplo: ¿vamos a seguir imaginando nuevos o mayores impuestos para atender el déficit fiscal o vamos a tomar el toro por las astas para barrer con el déficit y entonces devolverle a la sociedad un beneficio justo en términos de bajas impositivas?
La Argentina tiene más de 160 impuestos entre las gabelas que cobran la Nación, las provincias y los municipios. Es imposible que alguien esté ansioso por invertir con una realidad como esta.
En mi provincia, Misiones, se verifica la expresión más diabólica de un impuesto distorsivo como es ingresos brutos. Hay un sistema aberrante de percepciones y retenciones que nos hace perder competitividad con otras provincias y que desalienta enormemente la actividad productiva. Es una suerte de Aduana paralela que tiene que terminar de manera urgente.
Y estas cosas se replican en toda la Argentina. ¿Cómo no vamos a darle el crédito a un gobierno que se propone remover estas rémoras, que fue elegido con amplia mayoría popular y que está gestionando sus primeras medidas?
Por supuesto que hay sectores corporativos y políticos que se aferran al esquema actual porque temen perder prebendas y temen que si desaparece el clientelismo habrá que pensar en otra forma de hacer política, más transparente y con más libertad.
En tren de protecciones corporativas veamos un ejemplo concreto: ¿qué lógica tiene mantener mercados cautivos para una aerolínea estatal en lugar de promover políticas de cielos abiertos que fomenten la competencia y que redunden en rebajas de tarifas? En pocos países del mundo existen aerolíneas sostenidas por el Estado, por el contrario hay competencia, como también la hay en el sector ferroviario y toda la sociedad se beneficia de ello.
La competencia es sana y no hay que temerle. Las regulaciones que la traban son vetustas y sólo reportan beneficios a los sectores que vienen bregando por protección desde hace décadas.
Es claro para todos que la prioridad es atacar la inflación, que corroe la vida de la gente reduciendo su poder adquisitivo y generando una enorme incertidumbre en familias y empresas.
Pero el ataque a la inflación se encara con una política integral. Cortando la emisión, desde ya, que el anterior gobierno promovió de manera desenfrenada, pero también eliminando el déficit fiscal y fundamentalmente sentando las bases para la expansión productiva y el aumento de la inversión privada. Y ese debe ser, reiteramos, un esfuerzo compartido entre la Nación y las provincias.
Ya empezamos a ver una tendencia descendente en el flagelo inflacionario pero aún resta mucho por hacer. El esquema amplio e integral de desregulaciones es fundamental, porque no sólo generará ahorro de gastos innecesarios en el plano fiscal sino que al promover la competencia y alentar la inversión privada hará crecer la recaudación, permitiendo así completar el círculo virtuoso de pasar de un desequilibrio fiscal a un superávit y cortando definitivamente la emisión destinada a financiar al Tesoro.
Por estas razones no debemos detenernos en subterfugios para trabar las medidas de liberalización económica que están incluidas en el DNU, así como otras que está llevando adelante la actual gestión. Es un primer paso imprescindible para poner en marcha un programa integral que coloque a la Argentina de pie luego de la debacle en la que nos dejó el kirchnerismo.
Por Martín Goerling -senador nacional por Misiones (PRO)