A 30 años de las primeras elecciones libres y sin apartheid, los sudafricanos irán a las urnas este 29 de mayo para decidir si sostienen hegemonía histórica del Congreso Nacional Africano (CNA) creado por Nelson Mandela, hoy liderado por el presidente Cyril Ramaphosa pero desafiado por propios y opositores en un contexto de bajo crecimiento económico y desigualdad récord, aún en democracia.
Unos 28 millones de sudafricanos están convocados este 29 de mayo a elegir la Asamblea Nacional de 400 miembros encargada de nombrar el presidente de la nación más desarrollada de África, aquejada por desigualdades sociales que opacan el período democrático abierto por los primeros comicios libres de 1994.
El Congreso Nacional Africano (CNA) ha dominado la escena política sudafricana desde el fin del régimen apartheid (1992) y la histórica elección de Nelson Mandela (1994-1999). El partido ganó las últimas seis elecciones nacionales, pero las encuestas ponen en duda que pueda mantener la mayoría absoluta bajo el actual liderazgo del presidente Cyril Ramaphosa (2019-2024), de 71 años.
Los mismos sondeos coinciden en que un manojo de asuntos preocupa a los sudafricanos a la hora de votar: el desempleo, la actividad económica, la corrupción, el delito común, la escasez energética y, más recientemente, la inmigración. Como telón de fondo, se recorta un país récord mundial en desigualdad.
Un aspecto destacado del padrón sudafricano que definirá el próximo lustro político es la participación de un electorado más joven y crecientemente femenino, reflejado en el avance del grupo de edades de 18 a 39 años, que representa el 42% (11,7 millones) y en el 55% de mujeres (15 millones).
Por primera vez en 30 años, los votantes podrán elegir dos tipos de candidatos: de partidos e independientes. Si un independiente alcanza determinado umbral de votos para entrar al Parlamento, automáticamente entre los partidos se distribuye una banca menos de las 400. Y así, según los independientes que sean electos.
Punto de inflexión
Si bien el CNA ganó con el 57% de los votos en las últimas elecciones nacionales de 2019 y su máximo retroceso registrado no ha pasado de 5%, muchas encuestas predicen que caerá por debajo del 50%, incluso apenas por encima del 40%, lo que determinaría un punto de inflexión en tres décadas de política sudafricana.
“La incertidumbre y la aprensión que rodean el resultado potencial y las consecuencias de las elecciones de 2024 se hacen eco de los sentimientos experimentados por el país el 27 de abril de 1994”, dijo la encuestadora Ipsos, sobre las primeras elecciones posteriores al apartheid que llevaron a Mandela al poder.
Si el oficialismo -debilitado por la escisión del expresidente Jacob Zuma (82, en la foto) al frente de su partido uMkhonto we Sizwe, con bastión en KwaZulu-Natal- pierde la mayoría absoluta en la cámara baja del Parlamento se verá obligado a buscar la reelección de Ramaphosa apoyado en alianza con otras fuerzas afines.
La candidatura de Zuma experimentó problemas hasta las vísperas de las elecciones y quedó en manos del Tribunal Constitucional. En febrero de 2018, el expresidente protagonizó la primera crisis institucional grave de la era democrática, cuando renunció en medio de protestas masivas por casos de corrupción.
Zuma terminó condenado a 15 meses de prisión por negarse a comparecer ante una comisión que investigaba la corrupción durante su gobierno, pero ese castigo, a su vez, generó reacciones de apoyo y una represión que dejaron 354 muertos en 2021, en los episodios más violentos desde el fin del apartheid, y no por causas raciales. Zuma terminó ingresando en la cárcel en 2023 y enseguida fue liberado. “El sueño de Mandela para Sudáfrica está hecho pedazos”, resumió una ensayista.
En el panorama opositor, se destaca la Alianza Democrática, integrada por 11 partidos dispuestos a tratar de formar gobierno si el CNA fracasa en su intento, pero también a una coalición con él. La política sudafricana exhibe un abanico de unas 70 agrupaciones políticas, desde la derecha más liberal hasta la izquierda marxista.
Los sucesivos escándalos de corrupción en el partido gobernante -como los que costaron el gobierno a Zuma- expresan un problema estructural de la democracia sudafricana que fortalece a las opciones opositoras sin terminar de erosionar del todo al oficialista CNA.
“Durante una década, individuos en los niveles más altos del Estado conspiraron con particulares para apoderarse y apropiarse de empresas estatales, organismos encargados de hacer cumplir la ley y otras instituciones públicas”, dijo Ramaphosa en campaña, en alusión a su antecesor Zuma.
“Miles de millones de rands destinados a satisfacer las necesidades de los sudafricanos de a pie fueron robados. Se erosionó gravemente la confianza en nuestro país. Las instituciones públicas se debilitaron gravemente”, reconoció.
Dos semanas antes de los comicios, el presidente promulgó la ley que crea un revolucionario -para el país- seguro nacional de salud para lograr progresivamente cobertura universal a millones de pobres, a un costo de miles de millones de dólares, aunque sin cambios inmediatos hasta que se ponga en marcha.
Otro flanco débil para el gobierno son los problemas de seguridad de la población, vinculados con los económicos y sociales. Sudáfrica posee uno de los índices de delincuencia violenta más altos del mundo, patentes en las periferias urbanasm donde donde se hacinan trabajadores que históricamente votaron al CNA.
La tasa de homicidios de 2022/23 fue la más alta de los últimos 20 años: 45 por cada 100.000 habitantes, un aumento del 50% con respecto a hace una década, según datos de la policía.
La oposición también pivota sobre un asunto de más reciente actualidad política, el de la inmigración que durante décadas ha buscado refugio en Sudáfrica desde otros países del continente, hasta superar los 2,4 millones de los 62 millones de habitantes (en 1996 eran 835 mil) según el censo de 2022.
Un sentimiento anti inmigrante en aumento ha llevado al gobierno y a la oposición a prometer legislación más estricta para controlar la inmigración y un informe oficial, que el gobierno prometió convertir en ley si es reelegido, planteó incluso retirar al país de las convenciones de Naciones Unidas sobre refugiados para “disuadir a los inmigrantes económicos que llegan a Sudáfrica disfrazados de solicitantes de asilo”.
A la vez, desde 1994 casi una quinta parte de la población de origen europeo ha emigrado, lo que agrava la actual escasez de mano de obra cualificada.
Números estancados
El gobierno de Ramaphosa espera que la economía sudafricana – la mayor de África con 400 mil millones de dólares de PIB anual y más del 13% del total, apenas por encima de Nigeria- crezca apenas una media de 1,6% en los próximos tres años, después de un pobre 0,6% en 2023.
“A pesar de la mejora de las perspectivas globales para 2024, el crecimiento a corto plazo de Sudáfrica sigue obstaculizado por los menores precios de las materias primas y las limitaciones estructurales”, ha argumentado el gobierno.
Hay problemas de inversión -por falta de confianza- pero también de consumo de los sudafricanos -por la suba de precios-, reconoció el ministro de Finanzas, Enoch Godongwana, pero se están llevando a cabo reformas integrales en estos sectores, aunque llevará tiempo ver una recuperación del crecimiento.
El país parece entregado a la vieja lógica del “derrame” neoliberal. “Los esfuerzos exitosos para mejorar la posición fiscal, completar reformas estructurales y reforzar la capacidad del Estado reducirán, en combinación, los costos de endeudamiento, aumentarán la confianza, aumentarán la inversión y el empleo y acelerarán el crecimiento económico”, razonó el Tesoro Nacional.
La consecuencia de las gestiones anteriores del CNA, hasta ahora, es que el país más desarrollado del continente es también el más desigual: con un 60% de pobreza,el 10% de los 60 millones de habitantes controla el 80% de la riqueza, según el Banco Mundial.
Se mantienen restricciones arbitrarias a la exportación de capital y al pago de pensiones, mientras caen los ingresos fiscales. Sólo un 12% de los sudafricanos pagan el impuesto sobre la renta y 62% de la población no blanca recibe prestaciones sociales.
Un problema estructural relacionado con el estancamiento económico es el de la escasez de energía, que lleva a constantes cortes programados en el suministro de electricidad, o “load-shedding” como se los conoce en el país, ordenados por la estatal Eskom para sostener un antiguo parque de centrales de carbón.
El gobierno ha tratado de revertir la situación con acuerdos con empresas privadas que explotan proyectos solares y eólicos, pero por ahora resultó insuficiente y lastrado por problemas de financiación.
Igual de relevante en el humor de los votantes será la incapacidad de las autoridades por mitigar un desempleo estructural que es una de las más altas del planeta y llegó al 32,4% en 2023, casi diez puntos porcentuales más que en el inicio del actual período democrático. Entre los jóvenes llega al 40%.
Pese a todo, Ramaphosa -quien completó el mandato de Zuma desde 2018, termina el propio y pretende un tercero por otros cinco años hasta 2029- trata de imponer una narrativa que incluya las tres décadas del CNA en el poder y algunos de sus logros: se construyeron 3,4 millones de viviendas, el 90% de los hogares tiene electricidad, el 82% a la red de agua y 18,8 de sudafricanos reciben ayuda social.
“No podemos dar por sentado todo este progreso, tenemos que hacer más y mejor juntos”, dijo.
Difícil equilibrio
El gobierno de Ramaphosa y las gestiones más recientes del CNA han tenido mejores resultados en política exterior, como parte de los BRICS -del que se convirtió en el último país fundador después de Brasil, Rusia, India y China- y como expresión de ese mismo Sur Global dentro del más amplio Grupo de los 20 (G20), donde hasta 2023 fue el único país representante de África en el foro (acaba de incorporar como miembro pleno a la Unión Africana).
En 2023 Sudáfrica fue la sede de la XV Cumbre de los BRICS -40% de la población mundial y una cuarta parte del PIB global- que coronó el viejo proyecto de ampliar el grupo, ahora con la incorporación de Arabia Saudita, Irán, Etiopía, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos (Argentina fue incluida en ese lote, pero el nuevo gobierno del ultraderechista Javier Milei rechazó la invitación apenas asumió).
“Nuestro mundo -explicó Ramaphosa- se ha vuelto cada vez más complejo y fracturado a medida que se polariza cada vez más en campos que compiten entre sí. El multilateralismo está siendo reemplazado por las acciones de diferentes bloques de poder”, dijo a sus colegas del grupo reunidos en Sudáfrica.
“Unos BRICS ampliados -argumentó- representarán un grupo diverso de naciones con diferentes sistemas políticos que comparten un deseo común de tener un orden global más equilibrado”. Lo escuchaban Lula Da Silva, Narendra Modi y Xi Jinping, y el canciller Sergei Lavrov, en representación de Vladimir Putin, con pedido de captura internacional acusado de cometer crímenes de guerra en Ucrania.
Sudáfrica volverá a ser centro de la atención mundial en 2025, cuando como parte del G20 le toque la presidencia de turno del foro de países desarrollados y emergentes, que recibirá de manos de Brasil. Ahora mismo es parte de la “troika” del grupo, junto con el anterior responsable de turno, India, todos del BRICS.
En esa sensible articulación geopolítica, a Sudáfrica -como a India- le impacta competencia estratégica entre Estados Unidos y China. Beijing ha invertido miles de millones de dólares en préstamos, ayuda e inversiones en toda África, que atesora minerales críticos para la guerra tecnológica que libran las dos potencias.
En ese avance, Sudáfrica fue el primer país del continente en incorporarse a la iniciativa La Franja y la Ruta, con la que China libera sus excedentes de producción de acero y aluminio para infraestructuras en países en desarrollo.
En 2023, Sudáfrica importó productos chinos por valor de 23.600 millones de dólares. A cambio, recibió inversión extranjera directa china por valor de 10 mil millones de dólares entre 2017 y 2022.
A eso se le suma la ayuda de empresas de energía chinas para superar la crisis de abastecimiento estructural del país (con 8.900 millones de dólares de equipamiento y 26.900 millones de asistencia) y préstamos por 3.400 millones de dólares.
Sin embargo, y cuando Sudáfrica ha estrechado también sus relaciones militares con China, el propio Ramaphosa se encarga de proclamar una posición de equilibrio entre Washington y el eje Beijing-Moscú.
Sudáfrica, aseguró, está “guiada por una política exterior independiente”, que le permite tanto abogar por la paz entre Rusia y Ucrania como denunciar a Israel ante la justicia internacional por actos de lesa humanidad en Gaza.
En el Congreso estadounidense, sin embargo, la mayoría bipartidista recuerda que según Ramaphosa “la guerra en Ucrania podría haberse evitado si la OTAN hubiera prestado atención a las advertencias de sus propios líderes y funcionarios a lo largo de los años de que su expansión hacia el Este conduciría a una mayor, no menor, inestabilidad en la región”. Por ello, indicó que Sudáfrica no adoptaría “una postura muy adversaria contra Rusia”.
