La propuesta establece controles de acceso, sanciona contenidos perjudiciales para menores y toma ejemplos de regulaciones internacionales
Un proyecto de ley busca regular a las plataformas digitales que operan en Argentina para proteger a niños y adolescentes de riesgos que crecen en el entorno digital. La iniciativa fue presentada el 9 de junio en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) por los diputados nacionales Nicolás Trotta, Roxana Monzón, Pablo Yedlin y Hugo Yasky.
El foco está puesto en amenazas concretas. Grooming, ludopatía en línea y uso compulsivo de pantallas son los principales riesgos que la propuesta intenta combatir mediante nuevas obligaciones para las empresas tecnológicas, indica una nota del periodista César Dergarabedian publicada en el sitio EconomiaSustentable.com.
El diagnóstico compartido por los impulsores es claro: el diseño de muchas aplicaciones y redes sociales, como TikTok, Instagram, Facebook y X, favorece la permanencia prolongada de los usuarios mediante algoritmos que priorizan la interacción constante, una dinámica que en menores puede derivar en problemas de salud mental, rendimiento escolar y exposición a contenidos o personas peligrosas.
Durante la presentación, especialistas de Argentina, Uruguay y España analizaron el impacto de las plataformas sobre las nuevas generaciones. Coincidieron en la necesidad de avanzar con una regulación específica.
Trotta fue contundente. "La tecnología no es neutral. Y cuando hay lucro, también debe haber responsabilidad", sostuvo.
Agregó que "el Estado no puede renunciar a regular a empresas que tienen un enorme impacto sobre nuestra sociedad" y cerró con una frase categórica: "No todo tiene precio cuando está en juego el bienestar y el desarrollo saludable de nuestros niños, niñas y adolescentes".
Qué riesgos específicos busca combatir el proyecto
Entre los principales objetivos figura el combate al grooming. Se trata del contacto deliberado de un adulto con un menor a través de Internet con fines de abuso sexual.
Es un delito que avanza en silencio. Ocurre en chats privados, mensajes directos y plataformas de juegos online donde los adultos se hacen pasar por adolescentes.
El proyecto también apunta a limitar el acceso de menores a plataformas de apuestas y juegos de azar. La expansión de estas aplicaciones se aceleró en los últimos años mediante sitios web y apps de fácil acceso, agrega el artículo de EconomiaSustentable.com.
Los legisladores detectaron que muchos adolescentes ingresan sin mayores controles. Crean cuentas con datos falsos y empiezan a apostar sin que ningún sistema lo detecte.
Qué obligaciones impone a las empresas tecnológicas
El texto establece una serie de responsabilidades para las compañías que ofrecen servicios en Argentina. Una de las principales medidas consiste en prohibir el uso de mecanismos o algoritmos diseñados para incentivar comportamientos adictivos entre menores.
Esa prohibición apunta directo al corazón del modelo de negocio de muchas plataformas. Buena parte de estos servicios basa su rentabilidad en captar la atención del usuario durante la mayor cantidad de tiempo posible.
Para lograrlo, utilizan algoritmos que recomiendan contenidos personalizados. El objetivo es promover una interacción constante, feeds infinitos, notificaciones que vuelven una y otra vez.
Los impulsores del proyecto sostienen que cuando esos mecanismos alcanzan a menores, el Estado debe establecer límites para equilibrar la relación entre empresas tecnológicas y familias.
Otra prohibición central es la publicidad de apuestas y juegos de azar dirigida específicamente a niñas, niños y adolescentes.
Verificación de edad y uso de inteligencia artificial
El proyecto exige que las plataformas implementen sistemas más eficaces para comprobar la edad de los usuarios. La idea es evitar que menores accedan a servicios restringidos o interactúen con perfiles falsos.
Las compañías tecnológicas suelen plantear que comprobar la edad real de millones de usuarios sin afectar la privacidad constituye un desafío técnico importante. Sin embargo, los especialistas sostienen que hoy existen herramientas que permiten desarrollar controles más seguros, indica el artículo de EconomiaSustentable.com.
Luis Lubeck, mentor educativo de la ONG Argentina Cibersegura, consideró que la iniciativa representa un avance en la discusión sobre ciudadanía digital.
"Desde un punto de vista de ciudadanía digital y de proteger los derechos, principalmente de niños, niñas y adolescentes, es positivo incorporar al debate mecanismos que busquen alinear incentivos económicos entre las plataformas y el bienestar de los usuarios", señaló.
La propuesta también prevé que las compañías utilicen herramientas de inteligencia artificial para detectar comportamientos de riesgo, posibles casos de grooming, cuentas falsas e incluso señales de autolesión o situaciones que requieran intervención preventiva.
"La falta de verificación técnica permite que cualquier menor cree un usuario y comience a jugar", advirtió Lubeck en referencia al acceso de adolescentes a plataformas de apuestas en línea.
El especialista también destacó la importancia de la educación digital. Recomendó reflexionar antes de compartir información personal o imágenes en Internet.
"Tenemos que pensar dos veces antes de compartir información sensible. Si ese dato se llegara a viralizar, ¿me generaría un problema? Si la respuesta es sí, mejor no compartirlo", señaló.
Domicilio legal en Argentina y sanciones económicas
El texto incorpora una exigencia de carácter jurídico. Las empresas internacionales deberán contar con domicilio legal, sede societaria y presencia tributaria permanente en Argentina.
De esa manera, podrán ser demandadas y responder ante los tribunales nacionales por eventuales incumplimientos de la normativa.
El proyecto prevé sanciones económicas para las compañías que violen las nuevas obligaciones. Si bien algunos actores del sector tecnológico advierten que un exceso de regulación podría afectar la innovación, Lubeck consideró que es posible encontrar un equilibrio.
"Cualquier esquema tributario o de sanciones no debería ir en contra de la innovación o de la inversión tecnológica en el país. Este régimen puede generar incentivos para revisar buenas prácticas", explicó.
El especialista también sostuvo que una regulación más exigente podría impulsar nuevas oportunidades laborales vinculadas con auditorías, ciberseguridad, moderación de contenidos y desarrollo de herramientas de inteligencia artificial.
El debate sobre datos personales y privacidad
Otro aspecto contemplado por la iniciativa es el uso de los datos personales de menores. Las plataformas digitales recopilan grandes volúmenes de información para alimentar sistemas de publicidad segmentada.
Esos modelos comerciales se basan en el comportamiento de los usuarios. Rastrean cada clic, cada like, cada video que se mira hasta el final.
Sobre este punto, Lubeck resumió con una frase contundente: "Si el producto es gratis, el producto somos nosotros".
El proyecto busca proteger especialmente a los sectores más vulnerables mediante configuraciones de privacidad reforzadas desde el momento en que un menor crea una cuenta.
No obstante, el especialista remarcó que ninguna regulación reemplaza el acompañamiento de las familias y la educación digital. "No se trata de demonizar la tecnología, sino de aprender a usarla para cuidarnos. La seguridad digital también depende de nuestras propias decisiones", afirmó.
Los modelos internacionales que inspiran la iniciativa argentina
La iniciativa toma como referencia experiencias implementadas en otros países. Australia endureció su legislación mediante la Online Safety Act y avanzó con reformas que prohíben el acceso a redes sociales a menores de 16 años, incluso con autorización de sus padres.
Las plataformas deben eliminar las cuentas de usuarios menores de esa edad. Enfrentan fuertes sanciones económicas en caso de incumplimiento.
Francia, por su parte, aprobó una ley que restringe el uso de redes sociales a menores de 15 años. La diferencia con Australia es que permite el acceso con autorización verificada de madres, padres o tutores.
Al defender esa normativa, el presidente francés Emmanuel Macron sostuvo: "El cerebro de nuestros niños y de nuestros adolescentes no está en venta. Las emociones de nuestros menores y de nuestros adolescentes no se venden ni se manipulan".
La legislación francesa también obliga a incorporar controles parentales en dispositivos comercializados en ese país. Prevé multas que pueden alcanzar hasta el 1% de la facturación global mensual de las empresas que incumplan la normativa.
El proyecto presentado en Argentina no replica ninguno de esos modelos de forma íntegra, sino que combina herramientas regulatorias con obligaciones específicas para las compañías, entre ellas la exigencia de contar con representación legal efectiva en el país para garantizar el cumplimiento de las sanciones y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.
Fuente: IP