El desfile del expresidente Donald J. Trump por tribunales civiles y penales de Estados Unidos, acusado de una variedad de causas que van desde la insurrección hasta el fraude, es más noticia electoral que las propias primarias republicanas. ¿Llegará sin condenas a las presidenciales de noviembre? ¿Puede ser candidato aún si resulta condenado? Aquí, todo lo que hay que saber.
El expresidente Donald J Trump, gran favorito en las primarias republicanas para conseguir la candidatura presidencial e intentar la reelección en noviembre, no ha dejado de desfilar desde que dejó la Casa Blanca por tribunales civiles y penales (91 cargos), bajo acusaciones que van desde el fraude hasta la insurrección.
Sin embargo, las encuestas muestran la resiliencia de Trump ante la serie de denuncias y procesos que enfrenta y, más aún, los analistas coinciden en que por ahora ha resultado fortalecido entre sus seguidores, al punto de arrasar en las primarias a su rival moderada Nikki Haley, mientras es el presidente Joe Biden quien levanta crecientes dudas por su capacidad para gobernar a sus 81 años.
En este inicio de marzo, la Corte Suprema dio una buena noticia a Trump: rechazó un fallo federal de Colorado que excluía a Trump de la carrera presidencial en ese estado por su relación con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando incitó a sus seguidores a desconocer ante el Congreso la victoria de Biden.
¿Puede Trump postularse a la reelección si es condenado en las otras causas?
Por ahora, sí. Ya ocurrió con el socialista Eugene Debbs, en 1920, cuando desde la prisión -condenado por sedición al oponerse a la participación de Estados Unidos en la I Guerra Mundial- fue candidato y obtuvo casi un millón de votos.
El caso resuelto ahora a favor de Trump surgió de la denuncia de votantes de Colorado que pidieron excluirlo de las primarias republicanas de ese estado con base en la 14ª Enmienda de 1868, post Guerra Civil(1861-65), que prohíbe el ejercicio del cargo a quienes -tras jurar la Constitución- “hubieran participado en una insurrección o rebelión” contra ella o prestado “ayuda a sus enemigos”.
La Constitución de Estados Unidos establece como únicos requisitos de elegibilidad para un presidente que tenga al menos 35 años, sea ciudadano “nato” y haya vivido en el país al menos 14 años. Pero no hay limitaciones basadas en sus antecedentes penales (algunos estados las tienen para cargos locales)
Apenas dejó el poder, Trump ya fue absuelto por el Senado en juicio político por “incitación a la insurrección” en el asalto al Capitolio: 57 senadores (50 demócratas y 7 republicanos) votaron a favor de condenarlo y sólo 43 por absolverlo pero eran necesarios 67 votos (dos tercios del Senado) para declararlo culpable.
Con su mayoría conservadora, la Corte Suprema concluyó ahora que sólo el Congreso (a través de un juicio político como el de 2021) pero no los estados de la Unión pueden aplicar la Sección 3 de la 14ª Enmienda, por falta de una ley federal específica que pueda aplicársele.
“El resultado bien podría ser que un mismo candidato fuera declarado inelegible en algunos estados, pero no en otros, sobre la base de la misma conducta”, sostuvo.
“Se hablará de esto por 100 años, hasta 200 años”, reaccionó Trump, aunque la Corte evitó afirmar que la del 6 de enero no fue una insurrección o que el expreside ni nte no participó en ella.
En su opinión central, la mayoría de la Corte estableció que si Trump gana las elecciones de 2024, los legisladores no podrán invocar la Sección 3 como una razón para descartar sus eventuales votos en el Colegio Electoral el 6 de enero de 2025.
La minoría progresista del tribunal -Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson- consideró el dictamen de mayoría una extralimitación cuya única intención fue evitar tanto a la Corte como a Trump “futuras controversias” sobre el asunto.
“En un caso delicado que pide a gritos moderación judicial, abandona esa vía”, dijo.
Esta última sentencia sobre Colorado, la más importante de la Corte Suprema sobre unas elecciones presidenciales desde que dio la presidencia a George W. Bush en 2000 ante el demócrata Al Gore tras una disputa de votos en el estado de Florida, es sin embargo sólo una de las pendientes en el historial judicial de Trump.
A continuación, un panorama completo de la situación judicial de Trump:
Condena por fraude
En febrero pasado, un juez de Nueva York condenó a Trump a pagar 355 millones de dólares en multas más intereses, en una demanda civil por fraude por mentir por años sobre su riqueza -la sobrevalúó en 3.600 millones para ahorrarse casi 170 millones- mientras construía un imperio inmobiliario y sobrevalorar en .
El fallo del juez Arthur Engoron castiga a Trump, a su empresa y a sus ejecutivos, incluidos sus hijos Eric y Donald Trump Jr., por conspirar para engrosar su patrimonio neto con miles de millones de dólares en declaraciones financieras a bancos, aseguradoras y otras entidades para cerrar acuerdos y obtener préstamos.
Con intereses, Trump debe casi 454 millones de dólares. El total aumentará en 87.502 dólares por día hasta que pague. Trump niega haber actuado mal y ha prometido apelar. El caso, civil, excluye penas de prisión por esos cargos (falsificar registros comerciales, conspirar para cometer fraude de seguros, conspirar para falsificar registros comerciales y emitir estados financieros falsos).
El fallo también establece estrictas limitaciones a la capacidad de su empresa para hacer negocios y prohíbe a Trump y a sus empresas obtener préstamos de bancos registrados en Nueva York durante tres años, entre otras sanciones. El juez, sin embargo, revocó su decisión anterior de despojar a Trump de sus empresas.
El veredicto impactó el corazón de la imagen de Trump como hombre de negocios rico y de éxito, pero no afectó su arrasadora campaña en las primarias republicanas.
El ex presidente apelará y denuncia una campaña política en su contra y ser castigado por “haber construido una empresa perfecta”. “No hubo víctimas porque los bancos ganaron mucho dinero”, dijo.
Ocultamiento de pagos indebidos
Este fue el primero de los cuatro casos penales que afronta Trump, quien fue acusado en Nueva York en marzo de 2023 de 34 cargos relacionados con un plan de sobornos para tapar las acusaciones de relaciones extramatrimoniales que surgieron durante su primera campaña a la Casa Blanca en 2016.
La acusación es la primera penal a un expresidente de Estados Unidos y falsificar registros comerciales tiene hasta cuatro años de pena de cárcel, pero Trump se ha declarado inocente y denunciado “persecución política” en el caso.
El expresidente está acusado de falsificar los registros internos de su empresa para ocultar la verdadera naturaleza de pagos a su entonces abogado personal Michael Cohen, quien a su vez ayudó a encubrir las relaciones extramatrimoniales de Trump.
Dos mujeres, la estrella porno Stormy Daniels (FOTO) y la modelo Karen McDougal, y un portero de la Torre Trump recibieron dinero que fue disimulado. Según la Fiscalía, Cohen pagó a Daniels 130.000 dólares e hizo que el editor del tabloide National Enquirer pagara a McDougal 150.000 dólares para acallar el caso.
El juez Juan Manuel Merchán programó el juicio de Trump para que comience el 25 de marzo de 2024, pero puede posponerse por superposición con los otros, en particular el de interferencia en el proceso electoral de 2021.
Retención de documentos clasificados
Trump fue acusado en junio por el abogado especial Jack Smith de retener ilegalmente documentos clasificados llevados con él desde la Casa Blanca a su residencia de Mar-a-Lago (Florida) después de dejar el cargo en enero de 2021, y luego obstruir las demandas del gobierno para devolverlos.
También se le imputaron cargos por conspirar para pedir a un empleado que borrara un vídeo de vigilancia de la propiedad, y de retener un documento -descrito por los fiscales como un “plan de ataque” del Pentágono- que supuestamente había mostrado a los visitantes de su club de golf en Nueva Jersey.
En total, Trump se enfrenta a 40 cargos por delitos graves relacionados tanto con la posesión de los documentos, incluidos delitos bajo la Ley de Espionaje, como con supuesta obstrucción. Los cargos incluyen retención intencionada de información de defensa nacional; conspiración para obstruir la justicia; declaraciones y manifestaciones falsas; y otros cargos.
Cada uno de los más de 30 cargos de retención intencionada conlleva una pena máxima de 10 años. Trump será juzgado el 20 de mayo de 2024 en Fort Pierce (Florida), aunque sus abogados han pedido que se retrase la fecha.
Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que desclasificó los documentos que se llevó consigo a Mar-a-Lago, pero no hay pruebas de que eso ocurriera y sus propios abogados no se han hecho eco de esa afirmación en los documentos judiciales.
También alega que estaba en proceso de cooperar con el gobierno y de devolver los documentos, cuando el FBI registró Mar-a-Lago el 8 de agosto de 2022.
Este juicio es por jurados y si se realiza en Fort Pierce, de mayoría republicana, los elegidos podrían simpatizar con Trump, que ganó ese condado en 2020. La jueza del caso es Aileen Cannon, nombrada para el cargo por Trump.
Conspiración en el asalto al Capitolio
Trump fue acusado en agosto por el abogado especial Jack Smith de conspirar para anular los resultados de su derrota electoral frente al presidente Biden en el periodo previo a los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.
Los fiscales alegan que Trump y sus aliados impulsaron a sabiendas mentiras de fraude electoral para presionar a los funcionarios estatales a anular la victoria de Biden, trabajaron para montar listas de electores falsos en estados en disputa y presionar a su vicepresidente, Mike Pence, para interrumpir el recuento de votos electorales (el sistema estadounidense es indirecto y por estados).
Los fiscales dicen que Trump y sus aliados también trataron de explotar el ataque de la turba trumpista en el Capitolio tratando de convencer a los miembros del Congreso para retrasar aún más la certificación de la victoria de Biden.
Trump está acusado en este caso de cuatro cargos: obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, conspiración para defraudar a Estados Unidos y conspiración para impedir que otros ejerzan sus derechos constitucionales.
Los cargos más graves conllevan hasta 20 años entre rejas, aunque es difícil decir a cuánto tiempo podría enfrentarse en caso de condena, ya que tal decisión depende en última instancia del juez.
La jueza federal Tanya Chutkan había programado el inicio del juicio en el tribunal federal de Washington para el 4 de marzo, pero dejó el caso en suspenso para que Trump pudiera presentar su demanda de inmunidad presidencial en tribunales superiores. En febrero, Chutkan aplazó el juicio y no se ha fijado una nueva fecha. La Corte Suprema escuchará los argumentos en abril.
La defensa alega que Trump es inmune a la persecución por las acciones tomadas como presidente y que estaba en su derecho, en virtud de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense sobre libertad de expresión, de impugnar el resultado de las elecciones y alegar que habían sido fraudulentas.
Tanto el juez Chutkan como el tribunal federal de apelaciones de Washington han rechazado las alegaciones de inmunidad de Trump, pero decidirá la Corte Suprema, en un caso de importancia institucional histórica.
Las elecciones de Georgia
Trump y otras 18 personas fueron acusadas en agosto por la Fiscalía del condado de Fulton de participar en un plan para intentar anular ilegalmente su ajustada derrota ante Biden en las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia.
Acusados con Trump están el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows y el ex alcalde de Nueva York y abogado de Trump Rudy Giuliani. La presunta trama incluye una llamada telefónica de Trump a la secretaria de Estado de Georgia, un intento de sustituir a los electores presidenciales demócratas de Georgia por otros que votaran por Trump, el acoso a un trabajador electoral del condado de Fulton y la copia no autorizada de datos y software de equipos electorales.
Los 19 acusados están acusados bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajes de Georgia, conocida como RICO, que se aplica a los mafiosos. Trump también está acusado de otros 12 cargos criminales, incluyendo la solicitud de violación de juramento por un funcionario público, la presentación de documentos falsos, declaraciones y escritos falsos, y conspiración variada.
El cargo bajo la RICO ACT (Racketeer Influenced and Corrupt Organization) por sí solo conlleva una pena de cinco a 20 años de prisión. La justicia de Fulton aún no ha fijado la fecha del juicio contra Trump.
