El país donde se inició la Primavera Árabe hace más de una década cierra en los comicios legislativos del 17 de diciembre el proceso de reformas encarado por el presidente Kais Saied, bajo la presión cruzada de una oposición que boicotea las elecciones y la adopción de un nuevo programa económico acordado con el FMI.
Las elecciones legislativas del 17 de diciembre en Túnez cerrarán el ciclo de reformas abierto por el presidente Kais Saied, que en el referéndum constitucional de julio (94,6% sí, pero sólo 30% de participación por boicot opositor) amplió los poderes del jefe del Estado y limitó los del Parlamento.
Estos comicios reeditarán un boicot de la oposición a Saied, un jurista figura de la primera reforma democrática de 2014 que lo llevó al poder en 2019 y que ahora él mismo desanda, mientras su gobierno arrastra una larga crisis económica que lo obligó a renegociar apoyo y reformas con Fondo Monetario Internacional (FMI).
La cuestionada reforma constitucional de julio le permite a Saied ejercer dos mandatos de cinco años cada uno y retener el derecho a disolver el Parlamento, en un nuevo sistema político en el que el Islam deja de ser la religión del Estado, aunque Túnez se considere parte de la nación islámica en sentido amplio.
Boicot con historia
Un frente de cinco fuerzas opositoras (Ennahda, Corazón de Túnez, Coalición por la Dignidad, Partido del Movimiento y Al Amal ) anunció su boicot a estas legislativas y rechazó la nueva ley electoral implementada por Saied, que restó influencia a los partidos imponiendo la representación por distrito y por regiones y les quitó peso en el Parlamento, y llamó a los tunecinos a faltar a las urnas para “aislar” al presidente.
El líder del Frente de Salvación Nacional (NSFT), Ahmed Neyib Chebi, clave en el proceso de apertura de 2011-2014, advirtió al anunciar el boicot sobre la conversión del gobierno de Saied en un régimen renovado del de Zine el Abidine Ben Ali, que cayó al estallar la Primavera Árabe (2010).
Derrocado Ben Ali, los islamistas de Ennahda (“Renacimiento”) lideraron la transición en la Túnez históricamente laica, pero pactaron una reforma que llevó a la nueva Constitución de 2014, aprobada con amplio consenso, y seguida de un nuevo gobierno moderado y secular, de Béji Essebsi (Nidaa Tounes, “Llamado por Túnez”).
Al final, la falta de cambios de fondo originó el movimiento Mouassissoun (Fundadores), liderado por el propio Saied, que ganó la presidencia en segunda vuelta en 2019 con el 72% de los votos. Lo que siguió fue la pandemia, una crisis económica más aguda y el giro político del mandatario, con el pretexto de un “peligro inminente” establecido por la Constitución de 2014 (art 80) y el apoyo del Ejército y de la Policía, hacia un régimen nuevamente de poderes concentrados.
En 2021, Saied suspendió el Parlamento seis meses y luego -con apoyo de algunas corporaciones sociales tradicionales como patronales y sindicatos- orquestó e impuso sus reformas, que incluyen la facultad del Ejecutivo de promover y echar jueces a su antojo, e introdujo la reforma electoral por decreto.
En lo formal, esta segunda reforma constitucional mantiene derechos y libertades como la libertad de expresión, el derecho a organizarse en sindicatos y a las reuniones pacíficas introducidos en 2014. Pero según la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), los cambios sólo han conseguido “codificar el autoritarismo” del actual gobierno al derogar otros artículos sobre corrupción y derechos humanos.
Legitimidad en juego
Según la Alta Autoridad Independiente para las Elecciones (ISIE), reportada por el grupo independiente Nawaat, sólo 1.058 candidatos fueron aprobados para cubrir los 161 escaños del próximo Parlamento, cuando había 15.737 candidatos para cubrir los 217 escaños de 2019, es decir una media de 6,5 candidatos por banca frent a los 72,5 de hace tres años.
La aplicación de un sistema de voto uninominal en el marco de la nueva ley electoral, explican esos analistas, no ha contribuido ciertamente a animar a los candidatos para las próximas elecciones.
El 44,4% de los candidatos aprobados tienen entre 46 y 60 años, y del total de los 1.058 candidatos aprobados por el ISIE 936 son hombres y 122 -apenas un 11,5%- son mujeres.
La ley electoral decretada por Saied modificó el método de votación, para hacerlo por distritos que fueron diseñados específicamente y no por listas partidarias, y redujo el número de escaños parlamentarios de 217 a 161. Los filtros para ser candidato -avales con igualdad de hombres y mujeres y 25% de jóvenes menores de 35 años)- se han vuelto difíciles de cumplir.
El frente opositor NFST considera que “las elecciones se celebrarán bajo la supervisión de una autoridad que se ha revelado no neutral, sino leal a la autoridad del Estado (…) y no puede ganarse la confianza de los tunecinos”.
La alianza decidió, por eso, #no comprometerse con este golpe y resistir a sus instituciones” y, en cambio, demandar elecciones anticipadas de acuerdo con la Constitución de 2014 bajo la supervisión de una Comisión Electoral Suprema independiente en la que todos confíen”.
“Tendemos la mano a todas las fuerzas nacionales (…) para llegar a un acuerdo sobre un gobierno de salvación nacional que aborde la crisis social”, dijo Chebbi.
La economía, el último límite
Entre unas y otras reformas político-institucionales desde 2011, la crisis económica es lo permanente desde que el vendedor ambulante Mohamed Bouazizi se inmoló en 2010 porque la Policía le impedía trabajar en Ben Arous y su trágica muerte conmovió al mundo y desató la Primavera Árabe.
El 15 de octubre pasado, al cabo de dos años y medio de negociaciones, el gobierno de Saied firmó con el FMI un acuerdo de cuatro años que involucra unos 1.900 millones de dólares”, que el board del organismo todavía debe ratificar pero que implica ajustes macroeconómicos que demandaba al país hace tiempo .
Ya, en 2019, por considerar que el gobierno había incumplido términos, el FMI bloqueó un último tramo de U$S 1.200 millones de un acuerdo suscripto con Túnez en 2016 por 2.800 millones. Esta vez, antes de restablecer la asistencia, Saied aceptó reducir desde 2023 subsidios a productos básicos y a combustibles, así como la masa salarial estatal, con un total en juego de 1.500 millones anuales.
El Banco Mundial (BM) prevé un crecimiento para Túnez del 3% en 2022 y de 3,5% en 2023, En su Perspectivas Económicas Mundiales, el organismo consideró que “el país se enfrenta a condiciones económicas difíciles, con una alta incertidumbre política, una implementación débil de reformas y grandes déficits presupuestarios y de cuenta corriente”, y un desempleo formal de 16%.
Comentó entonces que las subvenciones públicas a los alimentos de primera necesidad y los combustibles contribuirán al deterioro del presupuesto estatal tuncino -con una deuda pública del 100% de su PIB- y la falta de acceso al mercado financiero, cuando se esperaba el acuerdo con el FMI.
Antes de estas elecciones, Saied prometió al país la aplicación de 43 “medidas económicas urgentes”, un “programa de estabilidad económica y financiera”, “reformas estructurales”, un “programa de desarrollo económico y social 2023-2025” y “Visión Túnez 2035”.
Como en otros países, el FMI le propuso la fórmula de “contener los gastos y crear un espacio fiscal para el apoyo social”, pero de la gestión del acuerdo y de la economía en general de Túnez dependerá el margen político que le quede al presidente después de estos críticos comicios legislativos.
