Tuvo una crisis nerviosa, 5 agentes la “redujeron” violentamente y murió

Cuatro días antes del disparo del policía bonaerense Facundo Amendolara contra Santiago “Chano” Moreno Charpentier, en pleno brote psicótico del músico, hecho que generó un debate sobre la intervención de las fuerzas de seguridad frente a personas que atraviesan algún tipo de padecimiento mental, un drama similar se desencadenó en Entre Ríos. En una casa de Paraná, una comitiva de agentes que acudió a un llamado al 911 reducía, esposaba y apretaba contra el piso a una joven trans de 27 años que sufría una crisis nerviosa y que terminó muerta por una hemorragia interna. “Es algo que todavía no podemos creer. Llamás para que te ayuden y te quitan la vida de tu hija”, se lamenta la madre.

El miércoles 21 de julio, minutos antes de las nueve de la mañana, Victoria Núñez llamó pidiendo ayuda porque sentía que alguien estaba en su casa. “Me asusté porque nunca la había escuchado así. Pedí permiso en el trabajo y me tomé un remís hasta su casa. En el camino me llamó tres veces más. Ahí me di cuenta de que a mi hija le pasaba algo”, cuenta Marcela Giménez.

En pocos minutos, tres patrulleros de la Policía de Entre Ríos estacionaron frente a la casa de Victoria. Según el relato de Marcela, su hija ya estaba tranquila cuando se encontró con un grupo de uniformados en el comedor. Eso la alteró de nuevo. “En ningún momento amenazó a nadie, pero la única mujer policía que había empezó a insultarnos, decía que estábamos atentando contra su autoridad. Yo sentí que nos estaba retando. En ese momento, Vicky agarró una tijera de la cartera y les dijo que si no nos dejaban solas ella se iba a cortar. Los policías salieron y ella soltó la tijera y me abrazó. Los policías volvieron, ella se asustó y cuando quiso escaparse se le tiraron encima”.

Ya esposada, Vicky fue llevada hasta el patio y acorralada contra el portón. Después fue arrojada contra el pasto mojado. Marcela contó a cinco agentes ocupados en inmovilizarla. “Uno le apretaba el cuello, dos le sujetan los brazos y otros dos las piernas. Ella me pedía a gritos que la ayudara; yo me acerqué para taparla con una campera, pero los policías me empujaron y me dijeron que ahora tenían que intervenir ellos. Yo les pedía que por favor la soltaran porque veía que estaba boca abajo con los ojos abiertos, temblando, con convulsiones”.

Marcela jura que dejó sola a su hija apenas un minuto, que fue lo que tardó en entrar en la casa y buscar el documento de ella. Al volver, su hija seguía sobre el pasto, pero los policías se alejaban en silencio. Según la mujer, con la actitud de quien “se mandó una macana”.

“Cuando la toqué casi no tenía palpitaciones, no respiraba. Uno de los policías incluso me dijo que se había quedado dormida, que la dejara tranquila porque la iba a despertar”.

Marcela les gritó que su hija se estaba muriendo y que por favor le sacaran las esposas. Los policías prácticamente tuvieron que arrancárselas porque no encontraban las llaves. Después trajeron un desfibrilador, pero no sabían cómo hacerlo funcionar. La pareja de Vicky comenzó a practicarle respiración boca a boca mientras esperaban la ambulancia. Una vez en el hospital, los médicos le dijeron a Marcela que su hija estaba en coma y que el pronóstico era malo. No pasó mucho hasta que le reconocieron que no habían podido hacer nada.

“Cuando una mujer trans aparece muerta, lo primero es suponer que se trató de un travesticidio”

Los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo de Vicky concluyeron que se trató de una muerte natural, aunque se detectó una hemorragia gastrointestinal. En declaraciones a medios locales, el fiscal Juan Manuel Pereyra, a cargo de la investigación, insistió con que “no tiene ningún indicio ni sospecha de que haya ocurrido un homicidio, sino todo lo contrario”.

La familia, en cambio, apunta contra la responsabilidad de los agentes. “La actuación policial estuvo alejada de lo que debió haber sido. Los policías deben tratar de calmar a la persona y, sobre todo, respetar sus derechos. La salud mental es una cuestión sanitaria, no represiva ni punitiva. El personal que intervino fue violento desde el primer momento. A Vicky la esposaron desde atrás, tenía golpes en la cara, la apretaron entre varios contra el piso. Sin dudas hubo un exceso y un uso de la fuerza desproporcionado. Nunca el resultado de la intervención debe ser la muerte”, explica la abogada Emma Clementi, quien junto a Patricio Cozzi representan a la madre de Victoria como querellantes.

Además del incumplimiento de los protocolos para casos de salud mental, Clementi no descarta la existencia de un componente de odio en el accionar policial. “Aunque por el momento no lo vemos claro, existe una discriminación estructural sobre el colectivo travesti-trans por el solo hecho de existir. Cuando una mujer trans aparece muerta, lo primero es suponer que se trató de un travesticidio, y si se produce en un contexto policial, no puede ser la misma fuerza la que intervenga en la investigación. Nosotros le pedimos al fiscal que siga ciertas pautas y que valore las pruebas con perspectiva de género”.

Vicky había estudiado para ser acompañante terapéutico y en el último tiempo se dedicaba a la costura, en especial, a la marroquinería. En 2017 decidió su cambio de género y con su pareja tenía proyectos de formar una familia. Su muerte movilizó marchas del colectivo trans en Paraná.

“Yo pido —dice Marcela— que los policías se capaciten para tratar a las personas trans, porque conozco la bronca y el desprecio con el que se manejan. No necesitaban sacarla a la calle, golpearla, tenerla apretada en el piso hasta matarla. Mi hija era una buena persona: si la hubieran calmado hoy estaría aquí, conmigo”.

La salud mental

El caso de Chano y varios más anónimos, como el de Victoria Núñez, obligaron a posar la mirada en la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, aprobada el 25 de noviembre de 2010 y reglamentada tres años más tarde, que prevé el marco de actuación policial durante una crisis.

La Resolución 506/13 del Ministerio de Seguridad de la Nación establece el protocolo por el cual “las fuerzas de seguridad que tomasen contacto con una situación de riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros por presunto padecimiento mental deberán intervenir procurando evitar daños, dando parte inmediatamente y colaborando con el sistema de emergencias sanitarias que corresponda”.

A través de un comunicado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) remarcó “la responsabilidad del Estado en generar los recursos y brindar las herramientas para ofrecer abordajes en salud con un enfoque de derechos humanos y salud comunitaria, que den las respuestas que necesitan las personas con padecimiento mental y sus familiares” y consideró “un contrasentido que un procedimiento establecido para resguardar los derechos de la persona y de sus familiares, culmine con la persona a quien se debe cuidar herida de bala, como en el caso de Chano Moreno Charpentier, o asfixiada, como en el caso de Vicky Núñez”.