Ambas formaciones han reconocido su error. Votaron a favor de una modificación de la Ley sobre Antecedentes Penales con el objetivo de ajustarla al marco legislativo europeo sin darse cuenta de que, entre otras cosas, supondría una reducción de condenas a presos de ETA.
Error garrafal de los diputados del Partido Popular y Vox. Ambas formaciones dieron luz verde el pasado 18 de septiembre en el Congreso a una modificación de la ley que permite el intercambio de antecedentes penales en la Unión Europea.
Aunque entonces pasó desapercibido, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado ahora que, a razón de dicha reforma, hasta 44 terroristas de la banda terrorista ETA encarcelados se podrán beneficiar de una reducción de sus condenas.
Modificación de la Ley sobre Antecedentes Penales
El cambio legislativo es una modificación de la Ley sobre Antecedentes Penales que tendría como propósito adecuar el marco normativo español a la legislación del bloque europeo. De lo que las formaciones conservadoras no se habían percatado es del efecto colateral que conllevaba este cambio.
A petición de Bildu, formación de la que los socialistas dependen para sacar adelante sus iniciativas debido a la ajustada aritmética parlamentaria, el grupo introdujo una medida que permite la reducción de condenas a etarras. En los últimos comicios, Bildu llevaba 44 condenados de ETA en sus listas, siete de ellos condenados por delitos de sangre.
Indignación del electorado conservador
Los terroristas que se beneficiarían de esta aprobación son los que habían estado encarcelados en Francia. Estos se podrán acoger a la modificación del primer párrafo de la Ley Orgánica 7/2014. Lo que ha provocado la indignación del electorado conservador es que ninguna de las formaciones de dicho espectro ideológico se dio cuenta de que su apoyo a esta medida aparentemente inocua ha tenido este efecto colateral. Esto podría acortar más de 300 años las condenas a etarras.
El cambio legislativo aún no ha entrado en vigor porque todavía tiene que pasar por el Senado, que parece que la bloqueará. El Partido Popular, que cuenta con mayoría en la Cámara Alta, ha pedido al Gobierno que retire el proyecto de ley y ha retrasado su paso por el Senado. Como plazo máximo para tramitarla en dicho hemiciclo tienen hasta el 14 de octubre
Luz verde por unanimidad
Si el Ejecutivo no retira la iniciativa podría publicarse en el Boletín Oficial del Estado y, entonces sí, entrar en vigor, dado que la Cámara Baja dio luz verde por unanimidad, siempre que no reciba enmiendas ni vetos del Senado. Si el Gobierno no da marcha atrás, los populares advierten de que estudiarán “cualquier alternativa jurídica o parlamentaria” para blindar “a este país de la indecencia que supondría rebajar condenas”.
“Vamos a revertir el acuerdo del PSOE con Bildu sobre la Ley de Seguridad Ciudadana. Devolveremos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la protección que ahora quieren eliminar. Tendrá la misma vigencia que Sánchez en Moncloa“, aseguraba en rueda de prensa el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper.
Desde Vox, la portavoz parlamentaria del grupo ha pedido perdón a su electorado asegurando entender el enfado provocado. “Trasladamos nuestras más sentidas y sinceras disculpas por este error que asumimos”, aseguró.
“Estamos revisando en profundidad lo que ha pasado y tomaremos las medidas oportunas para que no se vuelva a repetir“, añadía Pepa Millán en una rueda de prensa en el Congreso.
Por Roberto Macedonio Vega & Euronews en español