El magistrado José Ignacio Ramonet, que interviene en una causa luego del conflicto en Lácteos Vidal, subió de 10.000 a 50.000 pesos por día las astreintes contra la empresa, que llevaría la disputa hasta la Corte Suprema
Un nuevo revés judicial afecta a la pyme Lácteos Vidal, luego de que el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo Nro. 69, a cargo de José Ignacio Ramonet, aumentara las astreintes (multas) por “incumplir” con la reincorporación de parte de los trabajadores despedidos tras una medida de fuerza realizada en julio de 2022 en la planta de Moctezuma, en el partido bonaerense de Carlos Casares. El monto era de $10.000 por empleado por día y ahora trepó a $50.000, un 400% más. El juez también dispuso una investigación contra Alejandra Bada Vázquez, una de las dueñas de la empresa, por “desobediencia”.
La resolución, que lleva la firma de Ramonet, señala que ante la decisión de la pyme de no reincorporar los empleados Javier Rodríguez Haroldo, David Quiroga Fabio, José Andres Pellejero, Juan Manuel Damico, Walter Miguel Corvalán, Juan Carlos Chinesnuck, Walter Alejandro Cerri, Claudio Andrés Anidos, y Cristian Galván, se fijó un nuevo monto. En la empresa aclararon que Galván llegó a un acuerdo en los últimos días y solo quedarían ocho de los mencionados. “Corresponde incrementar el importe de las astreintes las que se fijan en la suma de $50.000 por día y por trabajador a partir de la notificación de la presente resolución, para el caso en que la demandada no procediera a reinstalarlos en sus puestos de trabajo dentro del plazo de 7 días (teniendo en consideración los lógicos ajustes que, dado el transcurso del tiempo, debería hacer en su planta a fin de acoger a estos trabajadores de una vez por todas)”, argumentó el juez. El magistrado resolvió que el dinero sea repartido en partes iguales entre los trabajadores citados: el monto total de ese fondo asciende a $15.295.753,89. Esto no fue bien visto en la empresa.
Ramonet también dispuso una investigación contra Bada Vázquez por demorar el cumplimiento de la orden judicial. De la resolución se desprende que, “pese a la imposición de astreintes, a las resoluciones del superior y del suscripto, la demandada nunca cumplió desde el momento en que quedara firme la orden de reinstalación de los trabajadores”. Señala que podría configurarse dentro del artículo 239 del Código Penal: “Corresponde, y así lo dispongo, enviar oficio vía DEOX a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal de Instrucción, a fin de que, por donde corresponda, investigue la posible comisión de este delito ante el incumplimiento de la manda judicial”.
El mencionado artículo indica que “será reprimido con prisión de 15 días a 1 año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal”. Sin precisiones, en el gremio dijeron que el juez vuelve a darles la razón a los trabajadores y el sindicato.
Respuesta
Bada Vázquez expresó que el dinero de las astreintes, que está embargado en una cuenta bancaria desde el año pasado, es de Lácteos Vidal. “No está resuelta la causa, porque se puede apelar hasta la Corte Suprema. Si se reparte el dinero de las astreintes que es de Lácteos Vidal, que [Ramonet] se atenga a las consecuencias. Ahora tiene elementos de sobra que cuando puso la cautelar no había elementos que debían ser considerados: hay seis personas imputadas en una causa penal”, especificó. Vale recordar que en 2022, tras el conflicto, la empresa despidió a 26 trabajadores por el bloqueo en la planta de la pyme en la localidad de Moctezuma. De estos, quedan por llegar a un acuerdo ocho trabajadores. Además, hay una causa penal en curso en la que hay seis imputados.
“Estos no están en condiciones para reincorporar, porque para nosotros es una obligación de imposible cumplimiento. La Cámara de Apelaciones está captada por la mafia sindical. La gente que despedimos eran todas sin fueros; tenemos derecho a haberlos despedido. Esto es cuestión de tiempo. En un acto de buena voluntad la empresa quiere terminar con el conflicto, por eso estamos haciendo acuerdos. El gremio le sigue mintiendo a la gente, al darles una posibilidad que no es, diciéndoles que los vamos a reincorporar y no es posible. Tampoco les vamos a pagar el sueldo si no trabajan”, afirmó.
Para Bada Vázquez, si el conflicto no lo resuelve la Cámara de Apelaciones de Trabajo N°9 lo hará la Corte Suprema de Justicia: la empresa va a presentar un per saltum [salto de instancia] para salir de la Justicia Laboral e ir al máximo tribunal. “Lo que hicieron no fue una huelga, sino un bloqueo ilegítimo, ilegal. La gente que podía tener una salida económica no lo va a poder por seguir creyendo en un sindicato mafia, pero está en cada uno”, afirmó.
Consultada sobre el pedido de investigación del Juez Ramonet por incumplir con lo dispuesto, Bada Vázquez indicó que no está firme porque todavía se puede apelar a la Corte Suprema de Justicia, además de que señaló que es una medida de imposible cumplimiento. “La gente que despedimos no tenía fueros, no les corresponde la reinstalación. Una vez que se aclare todo, es posible que la Sala 9 tenga que rendir explicaciones: estamos preparando y evaluando una denuncia de los miembros de la Sala 9 ante el Colegio de la Magistratura porque los errores cometidos son muy evidentes”, expresó.
La empresaria ratificó que “por culpa del gremio” los trabajadores que no arreglen con la empresa “se van a quedar sin nada” y sostuvo que la cautelar ya no tiene sentido. “El gremio, en vez de llenarles la cabeza con mentiras, deberían dejar a la gente dar vuelta la página y seguir con su vida. Los han llevado a perder su trabajo, a cometer errores, actos de violencia contra la empresa y sus propios excompañeros”, cerró.
Por Belkis Martínez-LN