Mientras el Gobierno nacional empuja reformas que corren los límites del contrato social —con la reforma laboral y la amenaza de desmantelar el PAMI como telón de fondo—, Misiones vuelve a moverse entre la responsabilidad institucional y la desconfianza aprendida. Acompañó el Presupuesto para sostener previsibilidad, pero quedó a la espera de que Milei cumpla. En paralelo, reaparecen viejos actores económicos que reclaman desde un lugar cómodo, con el Estado absorbiendo parte de sus costos. Entre ajuste, épica discursiva y negocios subsidiados, el riesgo es claro: naturalizar un país un poco peor.
Hay discusiones que se presentan como técnicas y esconden decisiones políticas de enorme gravedad. En la agenda libertaria que tomó forma para las sesiones extraordinarias del Congreso, la reforma laboral ocupa el
centro de la escena. Sin embargo, detrás de ese debate, asoma una amenaza mayor y mucho más profunda: la disolución del PAMI. Si la reforma laboral reconfigura derechos, el desmantelamiento de la obra social de jubilados directamente redefine quién merece ser cuidado por el Estado y quién queda librado a su suerte.
Patricia Bullrich volvió a ubicarse en el centro de esa avanzada. No es una novedad. Su trayectoria política es la de una dirigente que atravesó todos los espacios con vocación de poder y una obsesión constante: disputar, desde cualquier trinchera, al peronismo, espacio donde se formó bajo la conducción de Montoneros con el seudónimo de La Piba. Estuvo en la Alianza de Fernando de la Rúa, junto a Chacho Álvarez y Graciela Fernández Meijide; fue una de las figuras del macrismo, que incluso la ungió presidenta del PRO, y no dudó en dinamitar a Mauricio Macri
cuando entendió que el ciclo estaba agotado. Hoy milita sin escalas en el proyecto libertario de los hermanos Milei. Cambian los sellos, no el objetivo.
En términos narrativos, Bullrich se parece menos a una dirigente con identidad política que a un personaje como Tom Ripley: siempre lista para adoptar un nuevo rol, moverse con naturalidad en escenarios ajenos y sobrevivir a cada cambio de época sin cargar con los costos. No construye proyectos; los ocupa. No funda poder; lo administra mientras dura.
Desde su banca en el Senado, comenzó a marcar la hoja de ruta del oficialismo. Reforma laboral, Presupuesto 2026, cambios en el Código Penal y, como telón de fondo, una reforma estructural del sistema previsional que incluye al PAMI como pieza a desarmar. Cuando define a la obra social como un conjunto de autos chocados y la califica de error conceptual, no está improvisando una metáfora desafortunada: está instalando el marco discursivo para justificar su eliminación.
La gravedad del planteo supera largamente la discusión laboral. El PAMI asiste a más de cinco millones de jubilados y pensionados. Tiene problemas históricos, déficits y deudas, pero cumple una función irremplazable. Proponer su disolución sin explicar qué lo reemplaza no es una reforma: es una renuncia del Estado a su responsabilidad básica con los adultos mayores. En la lógica libertaria que Bullrich expresa con crudeza, la vejez deja de ser una etapa a proteger y pasa a ser un pasivo contable.
Mientras estas definiciones avanzan, el Congreso empezó a moverse. Hubo reuniones de los distintos bloques, conversaciones cruzadas y primeros alineamientos. En el Senado, el misionero del PRO (¿?), Martín Goerling Lara, comenzó a asumir un rol activo en la articulación política, participando de los encuentros donde se tantean apoyos y resistencias a la agenda del Ejecutivo. En Diputados, el misionero libertario Diego Hartfiel se integró a las discusiones preliminares, en un escenario donde cada voto contará y donde las tensiones internas todavía están lejos de resolverse.
Ese movimiento parlamentario muestra que el debate no será lineal. Pero también expone un riesgo: que, bajo el ruido de la reforma laboral, pase casi sin resistencia una transformación mucho más brutal. Porque flexibilizar condiciones de trabajo es grave, pero desarmar el sistema de salud de los jubilados implica algo peor: aceptar que hay sectores de la sociedad que ya no valen el esfuerzo colectivo.
Bullrich vuelve a hacer lo que mejor sabe: adelantarse, correr los límites y medir hasta dónde puede llegar. Hoy habla como senadora libertaria; mañana, si el contexto lo permite, volverá a hablar como candidata. Siempre en campaña, siempre del lado del poder que promete orden y ajuste. El problema no es solo ella. El problema es un país que naturaliza estas mutaciones y discute reformas sin asumir sus consecuencias humanas.
La reforma laboral puede cambiar reglas. La disolución del PAMI cambia el contrato social. Y eso, efectivamente, empuja a un mundo mucho peor.
Previsibilidad
Los legisladores misioneros del Frente Renovador —Yamila Ruiz, Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa y Carlos “Colo” Vanczik— acompañaron el Presupuesto elaborado por el Gobierno nacional en una nueva señal de gobernabilidad y madurez política en la relación con la Casa Rosada. No fue un gesto automático ni ideológico: fue una decisión política orientada a garantizar previsibilidad institucional en un contexto económico frágil y con fuertes tensiones fiscales.
El acompañamiento volvió a ubicar a Misiones en una posición de responsabilidad frente al sistema político nacional. Respaldar el Presupuesto implicó evitar un escenario de discrecionalidad extrema, donde la ausencia de una ley de gastos amplía el margen de arbitrariedad del Ejecutivo y deja a las provincias sin reglas claras. En ese marco, el Frente Renovador optó por sostener el funcionamiento del Estado y preservar un mínimo de orden en la administración pública.
Con esa votación, la pelota quedó ahora del lado del Gobierno nacional. El respaldo legislativo no es un cheque en blanco. La pregunta central es si Javier Milei honrará los compromisos asumidos o si repetirá el esquema del año pasado, cuando provincias que aportaron los votos necesarios quedaron luego sin los recursos prometidos para afrontar obras públicas, servicios esenciales y, en muchos casos, el pago de salarios.
El Presupuesto aprobado establece partidas, prioridades y responsabilidades. Cumplirlo o vaciarlo será una decisión política del Ejecutivo. Para Misiones, como para el resto de las provincias, el acompañamiento parlamentario no clausura el debate: lo traslada al terreno de los hechos. Gobernabilidad hubo. Madurez política también. Resta saber si del otro lado habrá reciprocidad o, una vez más, ajuste sin cumplimiento.
Jugando al colectivero
Marcelo Zbikoski volvió a escena. No es la primera vez y, probablemente, tampoco sea la última. En una nueva edición de una personalidad que remite a otros tiempos —aquellos en los que su padre increpaba concejales desde una posición de poder empresarial— el dueño del grupo Zbikoski, dueña de, entre otras empresas, Don Casimiro, decidió esta vez salir a los medios para cuestionar el valor del boleto del transporte urbano y advertir sobre una supuesta crisis terminal del sistema.
El problema, claro, no es nuevo ni menor. Afecta a Posadas, Garupá y Candelaria. Lo que sí resulta llamativo es el lugar desde el que Zbikoski elige dar la discusión. Habla de subsidios como si fueran una entelequia ajena, como si el sistema funcionara en un mercado puro, sin compensaciones estatales, sin aportes públicos que desde hace años cubren una parte sustancial de los costos del negocio.
En el marco de la audiencia pública convocada por la Secretaría de Movilidad Urbana —prevista para el martes 6 de enero en el Parque de la Ciudad— el empresario desplegó un discurso conocido: caída del 40% de pasajeros, culpa de las aplicaciones de transporte, precarización laboral, riesgos para los usuarios, siniestralidad vial. Todo junto, en el mismo paquete. Uber, Uber Moto, las motos, los accidentes. El combo completo.
Nada de eso es falso. Pero tampoco es toda la verdad. El sistema de transporte urbano arrastra problemas estructurales desde hace décadas. Y Zbikoski no llegó ayer. Fue protagonista central del negocio desde los años
80, cuando el transporte ya era un esquema altamente regulado, concesionado y sostenido, directa o indirectamente, por el Estado. No se trata de un emprendedor enfrentando las reglas del mercado: se trata de
un concesionario operando bajo reglas estatales.
Por eso la pregunta es inevitable y bastante sencilla: si el negocio es tan inviable, si el pasaje real debería costar entre 4.000 y 5.000 pesos, si los subsidios llegan tarde y mal, ¿por qué no deja las concesiones? ¿Por qué
no se corre del sistema? Nadie obliga a sostener un negocio que, según su propio diagnóstico, es deficitario y sin futuro.
Jugar al empresario resulta bastante más cómodo cuando una parte de los costos la asume el Estado. Cuando los salarios, el combustible o el equilibrio financiero dependen de subsidios nacionales, provinciales o municipales, la épica del riesgo privado se diluye rápido. No es capitalismo salvaje: es un esquema mixto donde el riesgo se socializa y la concesión se privatiza.
Zbikoski tiene derecho a opinar, a reclamar y a advertir. Pero también tiene responsabilidades. Y memoria. Porque discutir el boleto como si el sistema fuera una víctima reciente de la modernidad tecnológica es, como mínimo, una simplificación interesada. El transporte urbano no colapsó por Uber. Colapsó por años de un modelo agotado que muchos defendieron mientras les resultó rentable.
La audiencia pública abrirá el debate. Lo que estaría bien es que se dé completo, sin victimismos selectivos ni relatos incompletos. Porque el problema del transporte no se resuelve solo subiendo el boleto. Y mucho
menos fingiendo que el Estado no viene sosteniendo, desde hace décadas, un negocio que algunos presentan hoy como inviable, pero del que nadie parece querer soltarse.
Por Sergio Fernández