Con la inmigración en el centro de la campaña electoral de Estados Unidos, el presidente Joe Biden endureció los controles para satisfacer la demanda de sus propios votantes y competir con propuestas extremistas que ya adelantó su rival Donald J. Trump, como la deportación masiva de extranjeros.
Reflejo del cambio de la política migratoria de Estados Unidos durante los últimos años por el aumento de cruces en su frontera con México, el presidente demócrata Joe Biden, quien busca la reelección, emitió una orden ejecutiva que rechaza sin más los ingresos de inmigrantes ilegales cuando superen una cifra determinada.
La medida, que podría quedar trabada en los tribunales por organizaciones de derechos, como la American Civil Liberties Union (ACLU), apunta principalmente a contrastar con las radicales propuestas avanzadas por el expresidente y candidato a la reelección republicano Donald J. Trump, de cariz directamente xenófobo.
“Esta acción nos ayudará a tomar el control de nuestra frontera”, declaró Biden al anunciar la orden ejecutiva, pero enseguida se atajó: “No será para alejarnos de quiénes somos como estadounidenses sino para asegurarnos de preservar quienes somos para las generaciones futuras. Nunca me referiré a los inmigrantes como personas que están envenenando la sangre de este país”, en alusión a Trump.
Ya en 2018, Trump tomó una iniciativa para suspender directamente la inmigración, pero esa orden quedó bloqueada en la justicia federal. Ahora, Biden accionó por su cuenta su mayor restricción -cuando el promedio semanal de cruces ilegales supere los 2.500-, ante la negativa republicana a aprobar una ley bipartidista que permita el flujo regulado de migrantes que necesita la economía.
Durante mayo pasado, unos 3.800 migrantes cruzaron la frontera cada día, dando un total en ese mes de 118.000 detenciones, una cifra alta pero inferior a los niveles máximos del pasado diciembre cuando se superaron las 250.000.
Mientras esté vigente, los agentes fronterizos podrán devolver a los migrantes a través de la frontera con México o a sus países de origen en cuestión de horas o días, aunque soliciten asilo con justificación y sin llegar a la instancia judicial que analice su situación (actualmente el proceso tarda incluso años). Sólo se reabriría la frontera si el promedio cae a 1.500 cruces diarios durante una semana.
Un Trump recargado
En su campaña electoral, tercera de su carrera política, Trump promete redoblar su apuesta contra la inmigración ilegal con “tolerancia cero” para los pedidos de asilo, la misma que bajo su administración provcó la separación de miles de niños, niñas y adolescentes migrantes de sus familias (Biden les dio estatus legal temporal).
La pandemia de COVID-19 le había permitido a Trump recurrir al Título 42, una herramienta legal que le permitió las expulsiones “en caliente” de migrantes sin documentos en territorio estadounidense por razones de salud pública, un recurso que Biden mismo extendió hasta 2023 (así fueron expulsados 2,8 millones).
Ahora, Trump promete retomar las deportaciones masivas e inmediatas, ya no por razones sanitarias pero sí vinculadas con el creciente tráfico de fentanilo y de personas. Incluso, considera la construcción de campos de detención de migrantes, como el que Estados Unidos dispuso para japoneses durante la II Guerra Mundial.
En particular, el expresidente anticipó que de volver a la Casa Blanca pretende vetar el acceso al país de algunas nacionalidades como palestinos, libios, somalíes, sirios, yemeníes y de “todo aquél lugar que amenace nuestra seguridad”, además de “comunistas, marxistas y socialistas”.
Tampoco concedería la nacionalidad a niños nacidos en el país pero hijos de inmigrantes ilegales aun cuando se encuentren bajo programas de protección temporal como el DACA, que evita las deportaciones de personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños desde la Administración Obama.
Otra iniciativa del expresidente y candidato republicano es imitar la política británica recién instrumentada del “tercer país seguro”, que es acordar con distintos países – en este caso de América Central- que reciban a los inmigrantes deportados.
La inmigración es un pilar central de la campaña de Trump para recuperar la presidencia. Tres cuartas partes de los republicanos creen que los migrantes ilegales “son un peligro para la seguridad pública” (IPSOS).
Razones demócratas
En el Congreso, legisladores demócratas han retomado en su agenda la seguridad fronteriza por temor a que el electorado castigue su inacción frente a un problema que, incluso está cambiando la opinión de ciudadanos tradicionalmente abiertos a recibir migrantes de cualquier país. Sólo este año, más de 700 mil inmigrantes ilegales ingresaron a Estados Unidos y ya tramitan su pedido de asilo.
La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes es de apenas cuatro bancas (217 a 213) y en la cuestión migratoria no sólo preocupa a los estados fronterizos, sino también a aquellos como Nueva York, a donde gobernadores sureños han enviado intencionalmente contingentes de inmigrantes que alteraron la vida cotidiana y desbordaron servicios, espacios y a las propias autoridades.
Los republicanos impulsaron e hicieron aprobar un proyecto de ley fronteriza en la Cámara de Representantes, pero el Senado se negó a retomarlo, paradójicamente, para que los demócratas no se llevaran el mérito de la ley y su instrumentación durante la Administración Biden y en campaña electoral.
Ese cambio demócrata se reflejó en el discurso del representante por Nueva York que ganó su banca en una elección especial este año, Tom Suozzi, quien dio cauce a la demanda de sus votantes del distrito, preocupados por el arribo de casi 200.000 inmigrantes, la mayoría en autobuses pagados por el estado republicano de Texas.
“Los demócratas tienen que reconocer que esto no es sólo una cuestión republicana, es una cuestión estadounidense. Cuando ves las imágenes en televisión de gente cruzando la frontera, y parece caótico, entonces piensas: ‘Eh, aquí pasa algo'”, reflexionó Suozzi.
Una encuesta del Wall Street Journal reveló en febrero que la inmigración era el principal problema para los votantes, por encima de la economía y la inflación. El 65% de los votantes desaprobaba la gestión de Biden de la seguridad fronteriza, y el 71% afirmaba que esas políticas iban en la dirección equivocada.
También es una cuestión global. La inmigración se sitúa ahora dos o tres veces por encima de los niveles pre pandemia en los principales países de destino, como Canadá, Alemania y el Reino Unido.
En Estados Unidos, el año pasado llegaron 3,3 millones de inmigrantes más de los que se marcharon, frente a una media en 2010 de unos 900.000. Pero, a la vez, el fenómeno es determinante en la economía del país: los inmigrantes representaban el 18% de la mano de obra en 2021, frente al 16% de una década antes, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Críticas y ayudas
“El gobierno nos ha dejado pocas opciones más que demandar”, respondió Lee Gelernt, abogado de la ACLU, a la orden ejecutiva de la Administración Biden.
La organización ya había liderado la estrategia contra el intento del gobierno de Trump para bloquear el asilo en 2018 y logró que la política fuera detenida por los tribunales federales. “Era ilegal bajo Trump y ahora no es menos ilegal”, dijo Gelernt.
También Biden recibió objeciones de su propio partido: “Al revivir la prohibición de asilo de Trump, el presidente ha socavado los valores estadounidenses y abandona las obligaciones de nuestra nación de brindarles a las personas que huyen de la persecución, la violencia y el autoritarismo la oportunidad de buscar refugio en Estados Unidos”, dijo Alex Padilla, senador demócrata por California.
Desde México, su colega saliente, Manuel López Obrador, dijo que dedicaría el resto de su gestión a cerrar un acuerdo con Biden para que su país no fuera el destino de los migrantes que deportaran los agentes federales vecinos.
“Estamos buscando que lleguen a un acuerdo para que, si ellos (Estados Unidos) toman una decisión de deportar, lo hagan directo (a los países de origen, de América Central, ndr), y estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo. No tenemos problemas, tratamos muy bien a los migrantes, ¿pero por qué triangular?, ¿por qué no el acuerdo directo?”, comentó.
Por Baja California transitan ciudadanos procedentes de 130 países tratando de llegar a Estados Unidos, que tiene un acuerdo vigente con México que compromete a este país a aceptar hasta 30.000 ciudadanos al mes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela rechazados en Estados Unidos.
En diciembre, Biden acordó con López Obrador que México endureciera los controles en su propia frontera sur con Centroamérica y el flujo migratorio cayó abruptamente, pero los ingresos ilegales siguen rompiendo récord pre pandemia.
México es escenario de estancias temporales de los migrantes que proceden del sur camino al norte, otras 700.000 personas en situación de movilidad irregular que entraron a México en 2023, según cifras oficiales.
Para la oficialista Claudia Sheinbaum, presidenta electa que sucederá a López Obrador, lo que resuelve a largo plazo el problema es invertir en los lugares de donde proceden las personas que migran.
“Esa va a ser y va a seguir siendo nuestra posición, que es cooperación para el desarrollo. Que haya un apoyo a México, pero principalmente a Centroamérica y a otros países en donde hay migración para llegar a Estados Unidos”, dijo en campaña.
