El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó una medida ante la justicia federal para frenar el decreto que transfiere a Mendoza el total de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles.
“No abandonaremos ninguna lucha por lo que nos pertenece”, escribió el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en la red “X”. Lo hizo para anunciar que presentó ante la justicia federal una medida cautelar para pedir la suspensión del decreto 982/2026 con el cual Javier Milei le quitó a la provincia las regalías hidroeléctricas generadas por la represa Los Nihuiles para dárselas en su totalidad a Mendoza, pese a que ese sistema produce energía con agua del río Atuel, que es interprovincial. En otro posteo advirtió que la decisión del Gobierno estaba destinada a “pagar favores políticos” a una provincia aliada.
Puja judicial y empresaria
La Pampa sostiene que su derecho a percibir regalías no surge solo del decreto 1560/73 que el gobierno de Milei anuló la semana pasada sino de un Convenio Tripartito firmado en 1992 (Estado Nacional, Mendoza y La Pampa), aprobado por legislaturas locales y refrendado por la Corte Suprema. Al ser un convenio “interfederal” la Nación –alegan-- no puede modificarlo en forma unilateral. A eso hay que sumar, dicen los pampeanos, que está en juego un derecho patrimonial reconocido, adquirido, y ejecutado durante medio siglo sin interrupciones. Siempre se repartieron las regalías en partes iguales entre La Pampa y Mendoza, explican en la Fiscalía de Estado a Página/12.
Pero la disputa actual excede lo jurídico: en el trasfondo de la pulseada está la privatización y concesión del sistema hidroeléctrico en cuestión, ahora en pleno proceso de licitación. Hasta el 31 de diciembre, el control operativo está a cargo transitoriamente de Hidroelectricidad Mendocina S.A (HEMSA). Ahora se licitan sus acciones y un contrato por 30 años. Quienes pugnan por el negocio son Pampa Energía, controlada por Marcelo Mindlin, quien ya operó una parte de las represas, y el Grupo Neuss, de fuertes vínculos con el asesor Santiago Caputo. “En el gobierno nacional están apurados por definir esta licitación”, dicen en el gobierno pampeano. Hay quienes suponen que el decreto de Milei sería la moneda de cambio por una posible adjudicación a los Neuss.
Una pelea compleja
Mendoza había iniciado una demanda ante la Corte Suprema en 2022 donde planteaba la inconstitucionalidad del decreto de 1973 y reclamaba que La Pampa le devuelva las regalías de todos estos largos años, que superan los 67.000 millones de pesos. El planteo está dirigido hacia el Estado nacional (hoy aliado con Mendoza) que a su vez les pidió a los cortesanos incluir a la administración pampeana. Con un timing formidable, frente a la cuenta regresiva para la licitación, los supremos le notificaron al gobierno de Ziliotto a fin de agosto que también debía responder la demanda como “tercero” en el caso. Le dieron 60 días. Los tiempos del gobierno se aceleraron y el decreto resolvió una parte. Lo que dice también la decisión del Poder Ejecutivo es que de acá para atrás cualquier reembolso de regalías se dirimirá judicialmente.
“Se advierte la particular inconsistencia que supone que el propio Estado Nacional reconozca que la controversia se encuentra sometida a decisión judicial, solicite en ese proceso la intervención de La Pampa, por encontrarse directamente alcanzada por sus efectos y, antes de que dicha intervención pudiera efectivizarse, altere unilateralmente la situación jurídica controvertida”, plantea el pedido de cautelar presentado por Ziliotto y su fiscal de Estado, Romina Belén Schmidt, que quedó a cargo del juez federal Juan José Baric.
La demanda aclara que pretende suspender los efectos de los artículos 3ro y 4to del decreto 982/2026 “y mantener provisoriamente el régimen de distribución de regalías vigente con anterioridad a su dictado, hasta tanto se resuelva la controversia…” Luego agrega que la inmediata aplicación de esa disposición excluye “a la provincia de La Pampa de la percepción de las regalías que viene recibiendo y proyectar esa nueva distribución sobre el procedimiento destinado al otorgamiento de las futuras concesiones del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles”. Cualquier discusión judicial posterior a la adjudicación va a ser mucho más difícil, anticipan.
El argumento del gobierno de Cornejo –que mantiene una alianza estratégica con la Casa Rosada— es que “la fuente hidroeléctrica que genera la energía de Los Nihuiles se encuentra íntegramente en Mendoza”. En tuiter, acusó a Ziliotto de mezclar “la interjurisdiccionalidad del río Atuel con el origen de las regalías hidroeléctricas”. “Para generar energía no basta con el agua, necesita pendiente e infraestructura y todo eso está en nuestra provincia”, le dijo.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que representa a La Pampa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en otra demanda ambiental por la que Mendoza no acata un viejo fallo de la Corte, explicó que la llamada “teoría de la fuente” que invoca Cornejo, “no puede ser aplicada al río Atuel de manera aislada, mecánica y descontextualizada”. “Fue admitida por la Corte Suprema para distribuir regalías derivadas de aprovechamientos hidroeléctricos caracterizados por un uso no consuntivo del agua” (que vuelve a la fuente de origen).
Ziliotto hizo una extensa publicación donde anunciaba la presentación de la cautelar y enumeraba leyes, acuerdos y sentencias de la Corte que sostiene que lo respaldan: fallos supremos de 1987, 2017 y 2020 que ratifican la interprovincialidad, por lo que “Los Nihuiles genera energía con agua pampeana”. A esto agrega el acuerdo de 1992 donde “Mendoza se obliga a pagar regalías a La Pampa, calculadas según porcentajes fijados por la ley 15.336 y el decreto 1560/73. Ningún decreto puede anular un acuerdo de partes”, posteó el pampeano.
Por Irina Hauser-P/12