El jurista, enciclopedista y político francés Charles-Louis de Secondat, más conocido como Montesquieu, pensó que la libertad de las personas dependía de la separación del Poder Judicial, del Legislativo y del Ejecutivo y que esto implicaba que las sentencias de los tribunales deberían ser inalteradas, es decir, deberían ser siempre conforme a la letra exacta de la ley. Según Montesquieu, los jueces no debían ser más que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres incapaces de moderar siquiera su fuerza o rigor.
En esta caracterización del Poder Judicial, dentro de una Constitución democrática, hay tres requisitos fundamentales que están resumidos.
El primero, que no es explícitamente indicado por el intelectual francés pero que está en el concepto de la función judicial y expresa una virtud interna del rol, es que los jueces deben hacer justicia, que deben alcanzar decisiones justificables para el caso que se les presenta sin la interferencia de prejuicios o intereses personales o grupales, o de presiones de otros poderes del Estado.
El segundo requisito establece que los jueces deben administrar justicia en una dirección previsible y segura. De este modo, los individuos podrán saber por adelantado cuáles son las decisiones que podrán eventualmente darse si un caso es llevado a los tribunales.
El tercero y último es que los jueces deben hacer justicia en una dirección previsible a través de la aplicación estricta de la ley cumpliendo un rol de agentes pasivos. No existe una única caracterización posible de la noción de “ley”, según la cual su aplicación estricta sea garantizada lógicamente, sino que hay también otra caracterización posible según la cual la aplicación de la ley supone hacer justicia en una dirección previsible. Este último requisito expresa una condición básica de la política democrática: sólo a través de un procedimiento de discusión abierta, la decisión mayoritaria, transparente para los individuos, se establecen los estándares del bien y del mal a los cuales la sociedad debe someterse para ser establecidos y revisados. Los jueces, cuya estabilidad en el cargo les garantiza su independencia al juzgar, que son escasamente receptivos de las expresiones de la soberanía popular, deben, por ello, ser condescendientes a las leyes promulgadas según este tipo de expresiones.
Uno de los grandes desafíos de la Justicia actual es la cercanía con la ciudadanía. Cuando se discute sobre la eficiencia que debe tener la Justicia en estos tiempos, se habla de acercar los palacios de justicia a las periferias, se propone modificar el lenguaje técnico para hacerlo más comprensible al ciudadano y se reclama garantizar el acceso de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
La garantía de acceso a la justicia, no se circunscribe solo a la posibilidad de “poder litigar”, sino que el acceso a la justicia debe ser aquel que brinde soluciones basales a los conflictos. Por eso, a la hora del diseño del Poder Judicial se debe poner la mirada en el receptor de la solución del conflicto y no solo en el decisor. Hoy ya no se puede pensar que el Poder Judicial garantiza el acceso a la justicia por contar tan solo con patrocinio gratuito mediante asesores letrados pertenecientes a los Ministerio Públicos encargados de la defensa. Sostener esto es no ver que muchos ciudadanos no tienen la posibilidad de llegar a los tribunales de los grandes centros urbanos donde se ubican estos funcionarios, por falta de medios económicos para viajar, por la logística y la organización familiar que requiere muchas veces abandonar sus pueblos y ausentarse varias horas de su hogar o trabajo.
En medio de este panorama complejo, la justicia de paz en pequeñas poblaciones permite allanar todas aquellas dificultades a las que se debe enfrentar un ciudadano que se ve obligado a trasladarse a las grandes ciudades para recién allí poder ser atendido y tener acceso a la justicia.
La transformación del Poder Judicial misionero
Misiones ha llevado adelante a lo largo de los últimas dos décadas la firme tarea de garantizar el acceso a la justicia a los ciudadanos. Pero acercar la justicia a la gente no se reduce solamente a garantizar el acceso a la jurisdicción, implica también que las resoluciones judiciales lleguen en tiempo y forma, y para eso es fundamental dotar al Poder Judicial de los recursos humanos necesarios para lograr tal fin.
Uno de los primeros hitos que abrieron paso a la transformación del Poder Judicial misionero fue creación del Consejo de la Magistratura mediante la Ley IV – Nº 32. Este órgano autónomo en sus decisiones e independiente de todo otro poder del Estado es el encargado de seleccionar los candidatos a cubrir los cargos de jueces inferiores, fiscales y defensores del Poder Judicial mediante un proceso de exámenes y entrevistas, para posteriormente remitir una terna vinculante al Poder Ejecutivo para su designación.
En el prólogo del libro “Dos décadas del Consejo de la Magistratura en Misiones” del historiador Pablo Camogli, Carlos Rovira expresó que la creación de ese órgano “marcó el inicio de una transformación de una Misiones que emerge nítida ante los ojos de nuestros coprovincianos y de la Argentina toda. Aquella propuesta, que apuntó a la modernización de los servicios de justicia, resultó ser el primer paso de un proceso mucho más amplio y extendido que se consolidó en el tiempo por decisión soberana del pueblo de la provincia.”
La vida institucional del Consejo de la Magistratura comenzó en el año 2000 y a lo largo de más de dos décadas ha permitido que se lleven a cabo más de un centenar de audiencias públicas, en el ámbito de la Comisión de Poderes de la Cámara de Representantes de Misiones, para prestar acuerdo legislativo a diferentes postulantes para ocupar cargos vacantes en el Poder Judicial y cumplir así con los pliegos solicitados por los distintos gobernadores que se fueron sucediendo. Gracias al rol fundamental del Consejo de la Magistratura, la provincia ha logrado mantener de manera sostenida la tarea de asegurar y ampliar el servicio de justicia en cada rincón de la provincia para dar respuesta a los justiciables.
Tal como se ha expresado de forma introductoria, la justicia de paz cumple un rol fundamental a la hora de garantizar el acceso a la justicia. En la actualidad, el Poder Judicial de Misiones cuenta con 75 juzgados de paz distribuidos en toda la provincia, un número muy por encima de la media nacional, que demuestra la alta descentralización que tiene la provincia.
Otro de los grandes hitos de la justicia misionera fue la sanción en el año 2022 de una ley impulsada por Carlos Rovira que estableció que las sentencias emanadas del Poder Judicial deben ser redactadas en lenguaje claro y de fácil comprensión. En los fundamentos del proyecto, Rovira explicó que la iniciativa “obedece a que los ciudadanos tienen derecho a comprender las comunicaciones que provengan de un poder del Estado como el Poder Judicial de la Provincia, como condición necesaria para el verdadero cumplimiento de un derecho humano inalienable como es el acceso a la justicia.” Y agregó: “la importancia es máxima no sólo por ser un derecho humano en sí mismo sino también por tratarse de una vía, un medio, una herramienta para gozar de otros derechos que se garantizan por la vía judicial”.
A principios de 2023, el Poder Judicial misionero dio un paso fundamental para la modernización con la implementación de los expedientes electrónicos para todos los procesos judiciales de la Primera Circunscripción Judicial, que tiene como cabecera a la ciudad de Posadas, y alcanza a Garupá, Candelaria y Apóstoles. Esta medida se extendió posteriormente hacia la Cuarta Circunscripción que abarca Puerto Rico, Montecarlo y zonas aledañas.
La digitalización es fundamental para la agilización de los procesos y hace ya un tiempo el Poder Judicial implementó el Sistema de Gestión de Expedientes Digitales (Siged).
Reforma del Código Procesal Penal: una transformación histórica
En la Previa del último jueves, Carlos Rovira adelantó que esta semana tomará estado parlamentario el proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal de la Provincia de Misiones, lo que constituye una de las reformas institucionales más importantes de la historia de la justicia penal misionera. Se trata de un cambio de paradigma que busca construir una justicia más transparente, eficiente, cercana al ciudadano y mejor preparada para enfrentar los desafíos actuales.
Al momento del anuncio, Rovira expresó que “hace tiempo venimos trabajando con un think tank con el Poder Judicial, con la facultad que tiene el Legislativo de sancionar leyes con una visión que asegure mejor justicia”.
Con esta trascendental reforma, se introducirán importantes cambios en el sistema penal de la provincia, que abandonará el sistema mixto, que combina elementos del sistema inquisitivo (el juez ejerce la investigación y hay un predominio del expediente escrito) con características del sistema acusatorio (etapa del juicio oral, público y contradictorio), para pasar al sistema acusatorio que tiene como característica principal la oralidad del proceso. Esto permitirá que las decisiones más importantes se adopten en audiencias públicas.
Uno de los aspectos más importantes es el fortalecimiento de la víctima, que deja de ocupar un lugar secundario y pasa a convertirse en un actor central del proceso penal: se amplían sus derechos de información, participación, protección y acompañamiento. En materia de acceso a la justicia, se fortalecen los mecanismos de asistencia a las víctimas y se promueve una justicia más cercana a la comunidad.
Se trata de una modernización del procedimiento penal del alto impacto que permitirá agilizar la resolución de las causas y aportar más transparencia al proceso.
La Comisión encargada del Análisis y Elaboración del anteproyecto del Código Procesal Penal de Misiones, encabezada por el Procurador General de la Provincia Carlos Giménez, llevó adelante una serie de encuentros interdisciplinarios entre el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Colegio de Abogados de Misiones. Se trató de un proceso de carácter participativo en donde cada uno de los actores tuvieron la posibilidad de poder transmitir su idea, su visión y su trayectoria.
De esta forma, Misiones marcará un nuevo hito en el camino de la transformación de la justicia.
Por Nicolás Marchiori