La disposición invalida formaciones cursadas en el Instituto Paulo Freire. El Semab-CEA pide ser excluido de la resolución.
Una resolución del Ministerio de Educación de Misiones fechada el 12 de septiembre suspendió el dictado de cursos de capacitación en el Instituto para docentes “Paulo Freire” con sede en esta provincia. La medida, que se hizo pública en las últimas semanas, causó indignación en los maestros que integran el Sindicato de Educadores Misioneros “Alfredo Bravo”, luego de que el gobierno educativo oficializó la decisión de invalidar las formaciones que realizaron los afiliados de este sindicato en el instituto Freire en retrospectiva al año 2021 y suspender la realización de nuevas capacitaciones.
En ese sentido, la Secretaria General del Semab-CEA, Mariana Lescaffette envió una nota al ministro de Educación Miguel Sedoff en la cual solicitó la exclusión de este sindicato de la cuestionada resolución. En su argumentación, expresó que el Semab-CEA desarrolla gratuitamente de manera, presencial y virtual las formaciones para sus afiliados, todas ellas en virtud del Convenio Marco de Cooperación firmado en 2021 y prorrogado en febrero de 2023 , cumpliendo con el pedido de la Subsecretaría de Educación de tener el aval de un Instituto de Formación Superior “que esté en el marco del INFOD, según Resoluciones 117 /10 del CFE y 316/11 del Ministerio de Educación”.
“La capacitación gratuita a los docentes es un derecho que debe cumplir el Estado, pero no lo hace y nuestro sindicato está supliendo esa carencia que deja el Estado”, explicó Lescaffette.
La dirigente también afirmó: “La persecución y práctica desleal contra este sindicato que integra la mesa de diálogo, fue constante de parte del presidente del CGE, que intenta adoptar represalias contra los trabajadores en razón de su participación en medidas legítimas de acción sindical o en otras actividades sindicales o de haber acusado, testimoniado o intervenido en los procedimientos vinculados a juzgamiento de las prácticas desleales, tal establece la ley 23551 inciso e”.
Así mismo agregó: “Pero, sobre todo, por exigir que las maestras de grado dejen de ser tratadas como trabajadoras que no son dignas de percibir igual salario por igual trabajo”.
SIN NOTIFICAR
El Semab no fue notificado formalmente de la polémica medida y sus integrantes tomaron conocimiento de esta acción a través de internet, al ver la información publicada en redes sociales de funcionarios públicos, sin notificación formal al sindicato de ningún inconveniente.
“Nos enteramos por Facebook de que suspenden capacitaciones que vienen cursando real y efectivamente nuestros afiliados, después de presentar los proyectos aprobados por Resoluciones del Ministerio de Educación de Misiones previo control de los organismos de verificación de la Secretaría de Educación, que legalmente tiene la responsabilidad de controlar y aprobar las formaciones”, comentó Lescaffette.
“De esta manera, ante la falta de notificación formal de parte de los incumplimientos de funciones de estos funcionarios , el gremio se encontró sin poder ejercer el derecho a defensa que le otorga la Constitución Nacional”, sostuvo la sindicalista.
MAESTRAS INDIGNADAS
La medida levantó la indignación de maestras de diferentes puntos de la provincia por considerarla injusta y perjudicial para sus carreras. “Encarecidamente y de corazón, estamos pidiendo que sean valoradas las diplomaturas y los cursos que el Semab nos ha brindado de manera totalmente gratuita . Exigimos que no discriminen nuestra formación , no discriminen a nuestro sindicato y a nosotros como docentes”, dijo Natalia Carolina Amarilla, residente de Eldorado.
Por su parte, la maestra Gladys Gimenez, desde Garuhapé, también se unió al reclamo conjunto y pidió que “el Consejo (de Educación) valore a los docentes como profesionales que se instruyen y capacitan para brindar una buena educación a los niños que serán el futuro de nuestro país”.
DENUNCIA A GALARZA
Cabe destacar que la polémica resolución que afecta a los afiliados al el Semab-CEA, surgió poco tiempo después de que este gremio denunció en forma administrativa al presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza, de incurrir en “tráfico de influencias y discriminación en la manera en que el funcionario implementó para otorgar certificados por capacitaciones a los docentes”. Actualmente, los abogados sindicales estudian sumar también una denuncia penal hacia el funcionario del CGE.
El sindicato de maestros había presentado en agosto una nota dirigida a Galarza en la cual expuso que “aprobó y auspició” capacitaciones docentes aranceladas y dictadas en la provincia de Santiago del Estero a través de resoluciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Misiones.
En ese sentido, Lescaffette señaló que denuncian a Galarza “por usar su influencia para solicitar auspicios por resolución del mismo Ministerio sin ningún problema”. Acorde a denuncias de docentes afectados, estos deben abonar a través de Mercados Pago o cuentas bancarias cada una de las certificaciones.
“Estas formaciones sí son valoradas inmediatamente de ingresadas en juntas de clasificación, a diferencia de las que realizaron nuestros afiliados en el 2022. Agravado por la suspensión de la cohorte 2023, que como tercero interesado afecta a nuestros representados”, reveló la secretaria general.
El Semab también sostuvo que la falta de reconocimiento de los cursos realizados en 2023 y 2022 en convenio con el Instituto Freire -que no fueron a la fecha acreditados ni valorados en su totalidad por la Junta de Clasificación y Disciplina de ambas ramas, sobre todo a docentes que estaban para ascenso de mayor jerarquia – constituye una discriminación laboral, ya que los cursos solicitados por el presidente del CGE “son los únicos reconocidos y valorados por dicha Junta el mismo día que se presentan”.
“Con ello, castigan a afiliadas al Semab-CEA, quienes expresaron que, por primera vez, pudieron acceder a capacitaciones gratuitas y de calidad, con valoración docente , no teniendo que elegir entre alimentarse y mantener a sus familias o pagar sus capacitaciones”, puntualizó Lescaffette.