Un conflicto con más de 180 años de historia. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) escuchó este martes 14 de noviembre el pedido de Guyana para “bloquear” el referendo que Caracas planea llevar a cabo el próximo 3 de diciembre sobre la disputada región del Esequibo, rica en recursos minerales e hidrocarburos. El miércoles 15 de noviembre, Venezuela expondrá sus argumentos ante el tribunal internacional.
Son unos 160.000 kilómetros cuadrados de territorio selvático, situados al oeste del río Esequibo, y una disputa histórica que se elevó este martes 14 de noviembre a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de Naciones Unidas. Venezuela y su vecino Guyana vuelven a la confrontación por el reclamo de la región fronteriza del Esequibo, que alberga una gran cantidad de minerales preciosos, petróleo, hidrocarburos y una biodiversidad atractiva para el turismo.
El motor de la denuncia que interpuso Guyana ante el organismo con sede en La Haya es el polémico referendo que las autoridades venezolanas planean llevar a cabo el próximo 3 de diciembre, una de las pocas causas unánimes entre la oposición y el chavismo liderado por Nicolás Maduro. Todos actúan bajo un mismo reclamo: “El Esequibo es de Venezuela”.
Pero Guyana alega que se trata de una “amenaza existencial” para su integridad territorial y este martes pidió a la CIJ, en la primera de las dos audiencias públicas sobre la solicitud de Georgetown, que detenga la consulta popular de su vecino y evitar así “un caos en la región”.
“Busca crear un nuevo Estado venezolano que pretende anexar e incorporar a su propio territorio toda la región de Esequiba de Guyana, más de dos tercios de su territorio nacional y otorgar la ciudadanía venezolana a la población”, señaló en su intervención el representante de Guyana y exministro de Exteriores, Carl Greenidge.
El referendo en cuestión tiene un claro tinte nacionalista y los analistas anticipan la victoria favorable, pero no será vinculante para el Derecho Internacional. La papeleta constará de cinco preguntas que el Gobierno venezolano hace a sus ciudadanos, pero son la primera, la tercera y la quinta preguntas las que preocupan a las autoridades del país sudaméricano. Según el abogado de Guyana, Paul Richler, “están lejos de ser neutrales”.
La primera pregunta de la papeleta hace referencia al laudo arbitral de 1899, que adjudicó el territorio a Guyana –todavía bajo el mandato de Reino Unido– y que Caracas considera nulo. Una segunda pregunta sobre apoyo al Acuerdo de Ginebra de 1966 que buscaba “una solución práctica y satisfactoria”.
Un referendo de cinco preguntas
Las tres últimas rezan: “¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? ¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios conforme al derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del Derecho Internacional?”
Y por último: “¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?”
“Venezuela ha dejado claro que el propósito de este referendo no es evaluar la opinión pública, es para obtener apoyo popular para decisiones que el Gobierno ya ha tomado y tener licencias para actuar”, criticó Richler en su intervención ante la CIJ, argumentando el posible uso de las fuerzas militares de venezuela para anexionar el territorio disputado, una vez concluya el referendo y otorgarle la nacionalidad venezolana a los habitantes de esa región.
El presidente venezolano, Maduro, no tardó en responder en sus redes sociales a las acusaciones de su vecino ante el órgano judicial: “En todos los espacios y tribunas que nos toque, defenderemos la verdad histórica de Venezuela, la causa de todas y todos los que amamos a esta tierra bendita”, escribió.
Un “plan siniestro de Venezuela de apodearse de territorio guyanés”
Georgetown insistió en que se trata de un “plan siniestro de Venezuela de apodearse de territorio guyanés”. Y es que la región del Esequibo representa alrededor del 70% del territorio de Guyana, antigua colonia británica, y tiene una población de unos 125.000 habitantes.
La primera vez que interpuso una denuncia contra Caracas ante la CIJ fue en 2018, pero no ha sido hasta este año que la Corte se declaró competente para resolver la controversia, luego de la solicitud de medidas provisionales previas al referendo de Caracas, cuyos representantes intervendrán en la audiencia este miércoles 15 de noviembre.
Maduro anunció la consulta en septiembre de este año en respuesta a la concreción de licitaciones petroleras en “aguas pendientes por delimitar” por parte de su vecino. Una tensión que aumentó después de que la multinacional ExxonMobil hallara petróleo en aguas del Esequibo, en 2015, lo que provocó un interés económico aún mayor de esa región con el fin de explotar sus recursos naturales. Maduro sostiene que Guyana no tiene jurisdicción para otorgar concesiones en áreas marítimas frente al Esequibo.
Guyana es actualmente la nación del mundo con mayor número de barriles de crudo producidos por habitante, según medios locales. Precisamente, el interés geoestratégico transpasa fronteras. En esa zona no solo opera la multinacional de hidrocarburos, también está situada una plataforma militar del Comando Sur de Estados Unidos.
El lunes, el mandatario venezolano envió una misiva al Secretario General de la ONU, António Guterres, pidiéndole que “actúe como desactivdador de la escalada” y la retoma del “proceso de diálogo directo” entre ambos países en disputa de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, el único mecanismo reconocido por Caracas para la resolución del conflicto, y que Guyana firmó tres meses antes de su independencia de Reino Unido.
Dicho convenio establecía “los precidimientos para encontrar una solución por medios pacíficos”, pero nunca se llegó a una negociación. De hecho, poco antes de su muerte, Hugo Chávez, señaló que la disputa “era una herencia del colonialismo”.
Según medios locales de Guyana, el actual líder izquierdista pidió a su homólogo Irfaan Ali que abandone el proceso ante la Corte Internacional de Justicia y entable conversaciones bilaterales con Caracas, mediadas por la Comunidad del Caribe (Caricom). Algo que las autoridades guyanesas rechazan, alegando que las intenciones de Venezuela “amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de la región”.
Guyana insiste a los jueces del tribunal que emitan una serie de órdenes urgentes para detener el referendo propuesto por la Asamblea Nacional venezolana y aprobado por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. “No es exagerado describir la amenaza actual a Guyana como existencial y la necesidad de medidas provisionales como urgente”, alegó Greenidge.