Los desencuentros marcan el pulso diplomático entre Chile y Venezuela, exacerbado por las declaraciones del canciller venezolano en las que negó la existencia del grupo criminal Tren de Aragua en territorio chileno. Estas tensiones se suman a una serie de eventos que incluyen el asesinato del teniente Emmanuel Sánchez por ciudadanos venezolanos en Santiago y el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, refugiado político en Chile. La llamada a consultas del embajador chileno en Caracas y la disposición de Maduro a dialogar para aliviar la escalada marcan un intento por encontrar una solución a este conflicto diplomático que refleja las preocupaciones regionales sobre seguridad y crimen organizado.
“El Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional”, fue la frase lanzada por el canciller venezolano Yván Gil el pasado 8 de abril y que desencadenó en una nueva ola de desconfianza y disputas diplomáticas entre Chile y Venezuela.
Gil puso en duda la presencia en Chile del denominado Tren de Aragua, una organización criminal transnacional surgida en Venezuela y que opera en diversos países de la región como Perú, Ecuador y Colombia.
A raíz de estas declaraciones, el presidente chileno Gabriel Boric anunció el jueves 11 de abril el llamado a consulta de su embajador en Caracas, Jaime Gazmuri.
“Las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela, que desconoce la existencia del Tren de Aragua, un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica, son profundamente preocupantes”, señaló el mandatario chileno en un acto público en Santiago de Chile, el pasado 11 de abril.
Al referirse al llamado a consultas del embajador chileno en Venezuela, el presidente chileno explicó que tiene como objetivo obtener “información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias tanto ante el Gobierno venezolano, como también ante organismos internacionales”.
Anteriormente, la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, durante una conferencia de prensa el 9 de abril, calificó las palabras del canciller venezolano como un “insulto”.
“Es un insulto, no al Gobierno de Chile, sino al pueblo de Chile, y a los pueblos de América Latina. Inaceptable. Personas perdieron sus familiares, la tranquilidad de sus barrios, sus negocios por eso”, agregó Tohá.
Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, señala a France 24 que “la estrategia diplomática chilena es adecuada, la llamada a consulta al embajador es una señal bastante clara y evidente de que espera un cambio en la señales dadas por Venezuela”.
Además, indica que la medida tomada por Boric tiene dos objetivos: por un lado, “la necesidad de actuar en colaboración respecto a la inmigración irregular y por los actos delictivos cometidos por venezolanos en Chile”.
En segundo lugar, Milet señala que el Gobierno chileno tiene la intención de “expresar a Maduro la necesidad de actuar colaborativamente respecto al crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda”, que era refugiado político en Chile desde 2018.
En tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro, expresó su disposición a aliviar las tensiones con Chile. “Conversemos y busquemos las vías para combatir a los grupos criminales”, dijo el lunes 15 de abril en su programa semanal emitido por radio y televisión.
“La realidad es la realidad, es lo que quisiera hablar directamente, por teléfono, videoconferencia, por alguna vía con el presidente Boric”, agregó el mandatario venezolano e indicó que “con respeto, con diálogo, con comunicación son muchas cosas que se pueden lograr”.
Cronología de desencuentros
La tensión entre ambos países no es algo nuevo. “La situación actual en materia diplomática entre Chile y Venezuela es difícil”, sentencia Milet.
En diálogo con France 24, Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y académica de la Universidad de Concepción, explica que “el conflicto diplomático que existe entre Chile y Venezuela viene desde hace bastante tiempo”.
“No ocurrió solo en el Gobierno del presidente Gabriel Boric, también hubo un impasse diplomático importante con el expresidente Sebastián Piñera”, recuerda Astroza.
El cargo de embajador de Chile en Caracas estuvo vacante desde la asunción de Piñera, el 11 de marzo de 2018, hasta que Boric nombró a Jaime Gazmuri en mayo de 2023, en un intento de normalizar las relaciones entre ambos países.
Astroza señala que también se generaron tensiones con la expresidenta Michelle Bachelet, sobre todo cuando cumplía su mandato como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde “emitió un informe bastante lapidario sobre el cumplimiento del Estado de Derecho, los derechos humanos, la separación de funciones en Venezuela”.
En el informe, Bachelet concluyó que Venezuela cometió “numerosas violaciones de los derechos humanos”.
Pero los eventos desde que Boric llegó al poder y mostró distancia de Maduro se han multiplicado en los últimos meses.
En noviembre de 2023, el Gobierno chileno planeaba expulsar a 60 inmigrantes venezolanos. Sin embargo, el vuelo de repatriación programado fue cancelado abruptamente. Se argumentó que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela “no otorgó el permiso para ingresar al espacio aéreo venezolano”.
Según informó la agencia AP, Chile tiene una larga lista de personas de nacionalidad venezolana con órdenes de expulsión que no se puede materializar en muchos casos por la falta de colaboración de Venezuela para recibir a los expulsados.
Por otro lado, el 21 de febrero de este año fue secuestrado y asesinado el exmilitar venezolano Ronald Ojeda. La Fiscalía chilena vinculó el secuestro y homicidio de Ojeda, opositor al Gobierno de Maduro y refugiado político en Chile, a una acción con motivaciones políticas orquestada desde Venezuela. Chile exigió la colaboración de Caracas en la investigación y la extradición de los presuntos autores del crimen.
Ojeda fue secuestrado en su departamento en Santiago y hallado muerto 10 días después enterrado bajo cemento. El fiscal Héctor Barros, jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Santiago, dijo en una entrevista con ‘Chilevisión’ que “esto se organizó, se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela”. Y señaló que “esto fue organizado por el Tren de Aragua con una organización extranjera y en el contexto de crimen organizado”.
El miércoles 10 de abril, el teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez fue asesinado durante un intento de robo en Santiago de Chile. De las cuatro personas implicadas en el crimen, tres son de nacionalidad venezolana. Esta situación exacerbó las tensiones entre ambos países, con Chile criticando la débil colaboración del Gobierno venezolano en la deportación de ciudadanos venezolanos involucrados en actividades criminales en Chile.
Boric calificó el hecho como un “vil asesinato”. Al mismo tiempo, durante un acto público, expresó que, “en Chile no vamos a permitir la impunidad. A los viles delincuentes que cometan estos delitos, los vamos a atrapar, los vamos a juzgar, los vamos a encerrar”.
Desde el gobierno de Piñera hasta la actual Administración de Boric, las relaciones bilaterales han experimentado numerosos altibajos. La designación de Jaime Gazmuri como embajador de Chile en Caracas en 2023 marcó un intento por parte de Boric de normalizar las relaciones, pero los eventos recientes han vuelto a poner en entredicho esta búsqueda de estabilidad.
“Gazmuri es un político con basta experiencia, Chile está tratando de dar una serie de señales a Venezuela. Pero se recibe una ausencia de reciprocidad en ese sentido” indica Paz Millet. Y agrega que “Chile quiere claridad respecto a lo que ocurrió con el crimen de Ojeda, porque fue en territorio chileno”.
Las declaraciones del canciller venezolano negando la existencia del Tren de Aragua y el asesinato del teniente Emmanuel Sánchez a manos de ciudadanos venezolanos exacerbaron una situación que aún no se enfrenta más allá de la retórica.
El Tren de Aragua y la presencia en Chile
Se trata de un grupo criminal venezolano que según el centro de pensamiento InSight Crime, “es la estructura criminal más poderosa de Venezuela y el único grupo local que ha logrado afianzarse en el extranjero”.
Esta organización comenzó como una pandilla carcelaria del estado de Aragua, en el centro norte de Venezuela. En la actualidad, se ha convertido en una organización de crimen organizado trasnacional, con presencia en Perú, Colombia, Chile, Brasil y Bolivia, según informó InSight Crime.
El origen y las operaciones del Tren de Aragua han sido objeto de debate y controversia tanto en Chile como en Venezuela. Mientras las autoridades chilenas sostienen que se trata de una organización criminal dedicada al narcotráfico y otros delitos, el Gobierno venezolano ha negado su presencia en territorio chileno y ha acusado a Chile de utilizar este argumento como pretexto para justificar medidas represivas y acciones hostiles contra Venezuela.
Esta discrepancia en las percepciones y enfoques sobre el Tren de Aragua contribuye a la falta de entendimiento y cooperación entre ambos países en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.
Pía Greene, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, señala a este medio que “hay muchas personas que llegan a Chile en busca de oportunidades, que son la gran mayoría, pero también ingresan personas que pertenecen al crimen organizado transnacional”.
La experta indica que estas organizaciones ilegales instalaron una nueva forma de cometer delitos en el país. “En Chile estamos viviendo una mutación del fenómeno criminal. Hoy día hay muchos delitos que antes nosotros ni siquiera conocíamos, como lo es el sicariato”, indica la experta.
A su vez, la presencia del Tren de Aragua en Chile ha avivado el debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad del Gobierno de Boric y ha suscitado interrogantes sobre la capacidad del país para hacer frente a amenazas transnacionales.
En una declaración ante la prensa, el pasado 30 de enero, el presidente Boric reconoció públicamente el creciente incremento en los índices de delincuencia. Ante esta situación, el mandatario resaltó la importancia de implementar medidas de seguridad en colaboración con el Ministerio del Interior, las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas.
“No tengan dudas de que esto es una de nuestras principales prioridades como Gobierno. Compartimos la indignación de la ciudadanía y no permitiremos que esta situación se normalice”, dijo Boric.
La presencia del Tren de Aragua en el país austral es un pilar central en el conflicto diplomático entre Chile y Venezuela, que deja de fondo las preocupaciones y desafíos que enfrenta la región en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado mientras la retórica y las diferencias ideológicas de los gobernantes escalan.
Por Lisandro Concatti-France24