Mientras la población sufre ajustes y recortes, el gobierno de Javier Milei destina recursos públicos para blindar sus actos partidarios. La represión a las protestas sociales y la protección a los eventos del poder reflejan una política que prioriza a la casta que tanto criticó.
El gobierno de Javier Milei, que prometió luchar contra la casta política, parece ahora protegerla a toda costa. Con fondos públicos se movilizan gendarmes y colectivos para garantizar la seguridad de sus actos políticos, mientras la represión a los reclamos sociales crece. Los jubilados y trabajadores no encuentran en este gobierno un aliado, sino un opresor que privilegia sus propios intereses.
En un país sumido en la crisis económica, donde los sectores más vulnerables como jubilados y trabajadores enfrentan recortes brutales, el gobierno de Javier Milei no escatima en destinar recursos públicos para blindar sus actos partidarios. Colectivos y gendarmes, pagados con el dinero de los contribuyentes, son movilizados para garantizar la tranquilidad de las reuniones políticas, dejando claro que el discurso anti-casta que llevó a Milei al poder no solo era una falacia, sino que ahora se ha invertido en su forma más descarada: proteger al poder y reprimir al pueblo.
La reciente convocatoria del partido oficialista, ampliamente criticada en redes sociales con el hashtag #LosBondisDeMilei, refleja esta contradicción. Mientras el gobierno asegura que no hay recursos para mejorar las pensiones o garantizar un salario digno a los trabajadores, sí parece tener fondos suficientes para garantizar la seguridad de sus eventos, con la presencia de gendarmería y el despliegue de colectivos. Este hecho pone en evidencia las prioridades del nuevo régimen: la casta que Milei tanto condenó es ahora su protegida, mientras los reclamos del pueblo son sofocados con represión.
La utilización de la gendarmería para custodiar actos políticos se ha convertido en una práctica habitual desde que Milei asumió el poder. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad son desplegadas para reprimir cualquier intento de manifestación social que exija derechos básicos. La dualidad es evidente: mientras los sectores de poder gozan de una protección estatal reforzada, quienes salen a la calle a exigir mejoras salariales, condiciones dignas de trabajo o aumento en las jubilaciones se enfrentan a una respuesta violenta y desmedida.
En las redes sociales, la indignación crece a medida que se evidencian las contradicciones entre el discurso libertario y las acciones concretas de este gobierno. #LosBondisDeMilei se ha convertido en un espacio de crítica y denuncia, donde los usuarios señalan la ironía de un mandatario que, habiendo basado su campaña en la crítica al gasto público y la defensa de la austeridad, destina recursos estatales para mantener intacto su círculo de poder. Mientras tanto, el sistema jubilatorio sigue en ruinas y los trabajadores enfrentan una precarización creciente.
El despliegue de la gendarmería en actos políticos no es casual. Milei ha creado una narrativa en la que el enemigo es el pueblo que protesta, mientras que sus aliados –los miembros del establishment económico y político– son los que merecen ser resguardados. Las imágenes de gendarmes escoltando colectivos llenos de partidarios del oficialismo contrasta con las escenas de represión y violencia estatal que sufren diariamente los movimientos sociales y gremiales que se manifiestan pacíficamente en las calles.
Un gobierno que se dice libertario, pero que no duda en aplicar mano dura contra los sectores más vulnerables, es un gobierno que ha perdido el rumbo. Las políticas de ajuste y recortes que ha implementado Milei, sumadas a la falta de inversión en el sistema de seguridad social, son un ataque directo a la clase trabajadora y a los jubilados, quienes cargan con el peso de la crisis económica. Y mientras el pueblo sufre, los eventos del partido de gobierno se realizan bajo una burbuja de protección pagada con el dinero de esos mismos ciudadanos que el gobierno no escucha.
En este contexto, los jubilados son los grandes olvidados. Mientras Milei promete grandes transformaciones económicas, quienes trabajaron toda su vida ven cómo sus pensiones pierden valor frente a la inflación. Las recientes manifestaciones de jubilados, exigiendo aumentos que les permitan vivir con dignidad, han sido ignoradas, y en muchos casos, respondidas con la presencia intimidante de la gendarmería. ¿Cómo puede un gobierno que se autodenomina libertario reprimir a quienes piden por sus derechos, al mismo tiempo que destina recursos a blindar sus propios eventos?
Es claro que el discurso de Milei, que prometía “terminar con la casta”, ha quedado en el olvido. Hoy, su gobierno ha demostrado ser uno de los más interesados en proteger a esos mismos sectores privilegiados. Los jubilados no tienen recursos, pero los actos de Milei sí. El gasto público, que tanto criticaba, ahora sirve para financiar la represión de quienes salen a las calles a exigir lo que es suyo por derecho: una vida digna. El pueblo, que una vez creyó en sus promesas de cambio, se encuentra ahora enfrentando la dureza de un gobierno que responde a los intereses de los poderosos, mientras los gendarmes que deberían protegerlos, están ocupados cuidando los actos del oficialismo.
La historia de la gendarmería y los colectivos de Milei es la historia de un país que ha cambiado la represión visible de las dictaduras por una opresión silenciosa y encubierta, disfrazada de “mano dura” contra los manifestantes. El verdadero cambio que necesita Argentina no vendrá de un gobierno que prioriza la protección de sus actos políticos sobre las necesidades del pueblo. Al contrario, el pueblo seguirá siendo el enemigo, y la gendarmería, su represor, mientras los recursos públicos continúen siendo utilizados para blindar a los poderosos y reprimir a los débiles.
Fuente: En Orsai