El fondo experto en litigios que ganó el juicio por 16 mil millones de dólares por la reestatización de YPF le anticipó a la jueza Loretta Preska que está dispuesto a negociar con el Gobierno. Pretende quedarse con el 51% de las acciones de la petrolera de mayoría estatal. Y eventualmente, tener participación en Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación, que el Gobierno está interesado en privatizar. Pero también plantea una alternativa: acordar un monto y que la Argentina emita un bono, con garantía de las operaciones en Vaca Muerta, para que un banco lo comercialice. Si el Gobierno aceptara alguna de estas ofertas, Burford levantaría la demanda.
Burford Capital quiere negociar. Se lo pidió explícitamente el jueves pasado a Loretta Preska, protestando porque nadie dentro y fuera de la Argentina (la contraparte que perdió el juicio por la manera en que se renacionalizó YPF) le atiende el teléfono o le contesta los mensajes. Por eso busca que la jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan obligue al país y a sus representantes a sentarse a hablar “como gente civilizada”.
Burford Capital tiene dos ofertas para hacerle a la Argentina. Un plan A. Y un plan B. El primero, quedarse con el 51% de las acciones de YPF (y eventualmente de alguna de las otras sociedades con mayoría pública de un pequeño listado que incluye Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación), redondeando un precio de indemnización acordado con las autoridades nacionales. EL plan B es negociar un valor y ayudar a que el país emita un bono con algún banco intermediario que tome el título y luego lo comercialice en el mercado voluntario de deuda. Una operación similar a la que Argentina concretó con Repsol en 2012. La elaboración técnica de las propuestas y su ingeniería financiera ya está cerrada. Y en los tribunales de Nueva York Burford dejó por escrito la promesa de que si Argentina acepta negociar, el juicio se suspende de manera inmediata. Una posición que siempre cae simpática en los jueces norteamericanos.
El fondo de inversiones que le ganó el juicio al país, y al que se le debería pagar (en sociedad con Eton Park, el otro demandante) unos US$ 16 mil millones más intereses, sabe que el país no tendrá por décadas ese dinero ni en efectivo ni en cuotas ni en especie, y que es imposible que se pueda emitir deuda normal en los mercados financieros internacionales voluntarios, a la usanza tradicional.
La causa se encuentra hoy en vías de apelación en la segunda instancia de los tribunales de Nueva York; sabe el fondo que es casi imposible que los jueces del tribunal den marcha atrás con el fallo negativo de Preska emitido en marzo del año pasado. Y que le dio ampliamente la razón al demandante. Sabe también que este proceso de apelaciones, al que el país tiene derecho a recurrir, puede tardar más de un año en resolverse. Si bien se descarta que habrá un segundo fallo a favor en la segunda instancia, luego tendrá el país una oportunidad más: la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Especula Burford con que en este tercer nivel se repetiría la jurisprudencia del Juicio del Siglo contra los fondos buitre, y que el máximo tribunal rechazaría el caso y dejaría firme el fallo de Preska de marzo de 2023. El tiempo pasa rápido, pero la resolución final del caso YPF demandaría al menos hasta fines de 2025.
El jueves de esta semana, Burford Capital se presentó nuevamente ante Preska en una audiencia programada para que el demandante muestre ante la jueza los argumentos por los cuales la magistrada del tribunal del Segundo Distrito Sur debe avanzar en los embargos al 51% de las acciones que el país mantiene en YPF y las operaciones financieras que realice el BCRA en Wall Street. Tanto la petrolera como la entidad están a punto de ser declaradas oficialmente como “álter ego” de la Argentina (actúan bajo acción, omisión y decisión del gobierno argentino), con lo cual permitiría avanzar en embargos efectivos.
¿Como son los planes A y B de Burford? En el primer caso, la toma de las acciones del 51% de YPF sería un paso posterior a la eventual (y casi inminente) decisión de la jueza de embargar las acciones de la petrolera a nombre del Estado argentino, papeles reestatizados en la operación de 2012. En ese momento, especula Burford, se le podría ofrecer al país concretar el traspaso formal, tomando la posesión de ese paquete, con lo que sumaría además un 76% de la posesión total de la petrolera argentina, ya que Burford detenta el 25% de las acciones, paquete que alguna vez fue propiedad del Grupo Petersen, cuando era socio argentino de los españoles de Repsol, y antes de entregar esas acciones a los tribunales españoles que luego le vendieron el caso a Burford. Ya con ese 76% bajo cartera propia, el fondo concretaría una rápida operación de venta al mercado abierto, para hacerse de varios miles de millones de dólares (casi 8 mil millones al valor actual de la petrolera), y cerraría así su aventura en esta causa. La venta debería además ser inmediata y directa a un banco o inversor, ya que debe evitar una OPA del resto de los accionistas privados que mantienen posesiones minoritarias en YPF. Entre ellos Pemex y el fondo BlackRock.
Este plan A de Burford choca con una realidad política irreductible: para concretarse, la operación debe pasar por el Congreso argentino y contar con 2/3 de los votos de los legisladores. Esto incluiría que el kirchnerismo levantara las manos en ambas cámaras, y autorizara dar marcha atrás con la reestatización de YPF, una de las joyas más preciadas de su cultura política.
Ante esto se piensa en un plan B: la emisión de un título público por un monto de deuda a negociar (menor a los US$ 16 mil millones), con el apoyo de una ingeniería financiera avalada con los propios papeles de YPF que quedarían bajo propiedad del Estado argentino, pero securitizando el pago de la deuda. Habría una doble garantía ante la precariedad de la posibilidad del país de colocar pasivos financieros en el mercado voluntario de deuda: la operatoria de la petrolera argentina en Vaca Muerta. La operación se realizaría con un banco intermediario, y sería similar a la venta de las acciones de Repsol de 2012. En aquel momento, la entidad financiera que trabajó en la colocación de los US$ 6 mil millones entregados a la petrolera española fue el JP Morgan, de muy buena relación con el Ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo.
Nuevamente, la idea tiene un problema político: debería pasar por el Congreso. Pero a diferencia de la entrega de las acciones de YPF a Burford (plan A), en este caso no se necesitarían los 2/3 de los votos, sino mayoría simple de los presentes ya que se trata de colocar nueva deuda.
Toda esta sofisticada ingeniería financiera fue elaborada por un “lobo” de Wall Street, de sangre argentina y contratado especialmente por Burford para diseñar una salida aceptable y pagable para el gobierno nacional. Se trata de Gerardo “Gerry” Mato, un ex-HSBC especialista en deuda de países emergentes y operaciones de riesgo, que ya firmó su contrato con Burford para sondear un acuerdo extrajudicial. Se sabe que Mato tienen muchos contactos en la City porteña, con los que ya habría tomado contacto. Además de haber llamado a algunos analistas políticos locales para conocer las posibilidades reales de negociación que habría con el gobierno de Javier Milei. Esto, además de un panorama general sobre la oposición.
Burford había comprado el 70% de la causa, y actualmente sostiene bajo su propiedad el 30%, habiendo incluido en la sociedad litigante a algunos anónimos inversores privados (en principio unos diez fondos comunes de inversión), el resto de la causa. El 40% que ya vendió lo fue colocando en diferentes momentos del avance del caso y, a medida que se aproximaba el momento actual, su precio iba en incremento otorgándolo a Burford (un especialista en manejar los tiempos de la oferta y demanda de las casos que va litigando), ganancias extraordinarias.
El CEO y fundador de Burford Capital (casa abierta en 2009) es el exvicepresidente de Asuntos Legales de Time Warner, Christopher Bogart, líder de un ejército de 350 abogados y expertos en litigios de alto riesgo. Egresado de la Escuela de Leyes de la Universidad de Western Ontario, hoy Bogart posee oficinas en Chicago, Washington, Singapur, Sydney, Hong Kong y Dubai, además de Londres y Nueva York, donde, también, Burford cotiza de manera abierta. Su estrategia, como lo hace en el caso por la estatización de YPF, es “comprar” juicios, financiar luego esos litigios con ventas parciales de la causa en diferentes momentos del pleito aumentando el monto a medida que se acerque la resolución, y finalmente repartir los dividendos si la causa termina siendo favorable.
La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera. El Grupo Petersen hoy está fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la Justicia española y reconocida por el propio Burford, que desistió de reclamarle a Petersen.
La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una oferta pública de adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí, el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.
Por Carlos Burgueño -Perfil