El enojo -con la oposición, las telcos, su equipo, sus aliados- empuja la lapicera presidencial. “Es un calentón”, dicen en su entorno. Un gobierno bajo fuego.
Para Alberto Fernández, son días convulsionados, como casi todos los que le tocaron. El Presidente sigue enfrentando el asedio de un virus que no cede y ubica a la Argentina entre los países más afectados del mundo a nivel de contagios registrados. Con un índice de mortalidad bajo en comparación con otras realidades pero alarmante después de cinco meses de formatos más o menos restrictivos de cuarentena, Fernández debe decidir cómo continuar con la gestión de crisis en un marco en el que no dispone de herramientas para revertir una tendencia que no declina. Tal vez el pico tan anunciado llegue con la primavera y el calor, pero no está claro cuál es el botón rojo del que habló el Presidente.
Todavía condicionado por la peste y con una economía asfixiada que recién insinúa un rebote después del derrumbe, Fernández sufre el bombardeo permanente de la oposición más dura y padece las diferencias dentro del Frente de Todos. Aunque el antikirchnerismo esté tildado con la línea de batalla que presenta a un presidente rehén de su vice, las discrepancias no son solo las que la propia Cristina Fernández exhibe cuando sale a decir que la reforma judicial que se le atribuye no es una “verdadera” transformación sino apenas un “ordenamiento”.
Los que se mueven entre la Casa Rosada y la residencia de Olivos aseguran que a Fernández lo desquicia la falta de respuestas ante problemas que pretende resolver y no pocas veces son producto de esas mismas diferencias de criterio. Ante la ausencia de resoluciones, un día se cansa y decide sin que nadie lo espere de forma terminante.
“Se calentó con los aumentos que venían. Hace meses que venía pidiendo que los frenaran”, le dijo a Letra P un funcionario que estuvo con Fernández en los días en que ordenó el DNU que ahora cuestionan al unísono los gigantes de las telecomunicaciones.
Pasó por última vez con el decreto 690/2020, que congeló las tarifas de la telefonía móvil, internet y la TV paga hasta fin de año y ordenó su declaración como “servicio público esencial”. La medida sorprendió incluso a miembros del Gobierno que conocen el sector con detalle y dejó en offside a la cúpula del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). “Se calentó con los aumentos que venían. Hace meses que venía pidiendo que los frenaran”, le dijo a Letra P un funcionario que estuvo con Fernández en los días en que ordenó el DNU que ahora cuestionan al unísono los gigantes de las telecomunicaciones.
A su manera, lo mismo describen desde las empresas que verán postergadas las subas que habían decidido de manera unilateral después de haber aplicado, en 2019, incrementos 10% arriba de la inflación récord de 55,8%. “Fue una sorpresa total. Eso es patear la mesa de negociación con el sector. La última reunión había sido el miércoles con gente del Enacom y la Secretaría de Innovación y se fueron todos tranquilos con un ok oficial. Además, estaban sus funcionarios más cercanos al tanto de todo y participaban de las charlas”, afirma un gerente que nunca esperó una medida así firmada por Fernández.
Por supuesto, en Balcarce 50, presentan una visión opuesta sobre la discusión de fondo. Remarcan que las compañías pretenden actuar al margen de la realidad de la crisis, que reciben asistencia del Estado y que hacen inversiones a partir de márgenes de rentabilidad fabulosos en un mercado oligopólico y cautivo.
GOLPE A GOLPE. Como en el caso de la expropiación de Vicentin, otra vez el Presidente impacta con un DNU y abre un proceso incierto en el que ahora -se supone- el gobierno ya no tiene demasiado margen para retroceder. En esta oportunidad, las empresas figuran entre las más denunciadas y no aparecen sectores de la sociedad dispuestos a defenderlas, como pasó con la cerealera defaulteada. Sin embargo, más allá de la resolución final, lo que es casi idéntico es la forma en que Fernández toma las decisiones. No parece ser el resultado de una estrategia o una política de mediano plazo, sino de una reacción al filo de un desenlace desfavorable a ojos del gobierno. Algo decidió a Fernández, en junio pasado, a anunciar la intervención y el envío del proyecto de expropiación en conferencia de prensa, medida que encontró una resistencia que, según él mismo dijo después, no contemplaba en lo más mínimo. El profesor de Derecho Penal lo hizo sin atender a que había un juez que intervenía en el concurso de acreedores y -más importante tal vez- sin anticiparlo a funcionarios como Claudio Lozano, uno de los que desde diciembre había insistido en el caso de fraude al Estado que había consumado la cerealera durante la gestión Macri.
En el tema telcos, sucedió lo mismo. Ni el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, ni su segundo, Gustavo López, ni la secretaría de Innovación Pública, Micaela Sanchez Malcolm, estaban al tanto de la decisión que pensaba tomar el presidente. Al lado de Fernández, cuestionan a la cúpula del organismo que creó el macrismo para reemplazar a la AFSCA porque no logró acordar una postergación de los aumentos, pese a que las empresas lo habían anunciado con varios meses de antelación y el Presidente también había expresado su desacuerdo con un nuevo incremento en varias oportunidades. Algo falló: la comunicación interna o los intereses contradictorios que, de a ratos, quedan expuestos dentro del propio gobierno o la escasa predisposición de las telcos a frenar el nuevo incremento.
“Él te lo pide varias veces y tal vez después no te lo vuelve a mencionar, pero no se olvida y un día pasa por arriba de todo y decide”, explica a Letra P un colaborador del Presidente.
Un funcionario de máxima confianza de Fernández le dijo a Letra P que los aumentos en la telefonía cayeron en la residencia de Olivos tan mal como la demora del Banco Central a la hora de bajar las comisiones de las tarjetas de crédito -un pedido insistente del Presidente que finalmente se obtuvo de manera parcial- o los créditos a tasa cero para las pymes que se demoraron durante los dos o tres primeros meses de pandemia. Durante largas semanas, AF le pidió a Miguel Pesce que resolviera ese problema, que le parecía a todas luces una injusticia y dependía de un sector que figura entre los eternos ganadores de todas las eras. “Él te lo pide varias veces y tal vez después no te lo vuelve a mencionar, pero no se olvida y un día pasa por arriba de todo y decide”, explican sus colaboradores.
Otra vez, se trata casi siempre de situaciones donde el mercado es el que define un rumbo y el Estado no dispone de herramientas para intervenir como quisiera. Cuando Fernández golpea, llueven los cuestionamientos de la oposición, comienza de mal modo una verdadera negociación y se abre el Frente de Todos en diferentes líneas. En el caso Vicentin, un sector planteaba que no era el camino y otro sostenía que la medida llegó tarde y mal. Desde esa última perspectiva, la sorpresa y el apuro eran producto de una demora previa en la que el asunto no se trató a tiempo y con precisión.
LA LAPICERA Y EL FUEGO. En la Casa Rosada, admiten que Fernández es un “calentón” y puede decidir de forma intempestiva con resultados que pueden resultar inciertos, pero se esfuerzan por distinguir en el proceso de toma decisiones. “Es una práctica, pero no es contra Clarín o contra (Carlos) Slim o contra (Alberto) Pierri. Su carácter es así, pero no es irracional. Tiene la lapicera. Hay que mirar lo que decían de Kirchner en 2003 o de Cristina en 2008”, dicen.
De acuerdo a la visión oficial, hay temas que están en agenda, pero quizás figuran en el puesto 48 y algo hace que pasen en un minuto al puesto 2. Recuerdan, por ejemplo, la manera en que el Presidente ordenó cumplir con su promesa de campaña y lanzar el programa de medicamentos gratis para los afiliados del PAMI: lo hizo en marzo pasado, después de terminar una entrevista en Radio Continental en la que le preguntaron por qué no había avanzado todavía con la medida.
La renovada batería de críticas que presenta a un jefe de Estado que gira hacia el estatismo, atenta contra las inversiones y actúa forzado por su vicepresidenta es considerada por los funcionarios del Gobierno parte de una disputa a la que, dicen, ya están acostumbrados. “Somos un gobierno bajo fuego y lo sabemos. No podemos dejar de intervenir en la realidad porque la oposición se pinte la cara”. De ser así, habrá que esperar más medidas sorpresivas y el balance final dependerá de una doble variable: que Fernández logre imponer los cambios que pretende sin tener que dar marcha y que esas decisiones le permitan, al mismo tiempo, generar nuevos consensos a nivel social. Sólo así, el modo “calentón” de toma de decisiones podrá subsistir en la dinámica de gobierno.
Por Diego Genoud – Letra P