La presencia masiva de migrantes en la frontera entre Chile y Perú se intensifica con el bloqueo del paso a personas indocumentadas. Este 28 de abril, entró en vigor el estado de emergencia decretado por Lima que permite el despliegue de la fuerza pública para impedir el trayecto de los extranjeros que, aseguran, pretenden movilizarse hacia otras naciones de América del Sur e incluso Estados Unidos. Mientras la crisis migratoria se extiende, las relaciones diplomáticas entre Perú y Chile se ven afectadas.
La Línea de Concordia, la zona fronteriza entre Perú y Chile, es el escenario de una nueva crisis migratoria en Latinoamérica.
¿El motivo? Desde hace más de dos semanas decenas de personas, en su mayoría venezolanos y haitianos y, en menor medida colombianos, permanecen varados mientras intentan infructuosamente cruzar desde la ciudad de Arica, en el norte de Chile, hacia Tacna, en el sur del territorio peruano.
La situación se registra después de que el Gobierno del presidente chileno Gabriel Boric anunciara que los fiscales del país pedirán prisión preventiva para todos los extranjeros indocumentados que estén imputados de algún delito.
Pero Lima, que alega motivos de seguridad, tampoco permite su paso, lo que deja a alrededor de 300 personas, según cifras de Amnistía Internacional, estancadas en la zona.
La tensión alcanzó un punto cumbre el jueves 27 de marzo, cuando los migrantes intentaron continuar con su trayecto a la fuerza, lo que causó algunos choques con los uniformados desplegados allí por ambos países.
Muchos de los ciudadanos extranjeros señalan que Perú solo es un país de tránsito y que intentan regresar a su nación de origen. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la mayoría de ellos, el 70%, asegura tener la intención de arribar a Venezuela, el 11% afirma que se dirige a México o Estados Unidos u otros destinos y solo el 5% señala que pretende permanecer en el territorio peruano.
“No me voy a ir por el desierto ni voy a ir corriendo porque no soy un delincuente. Como ser humano merezco la oportunidad de llegar a mi destino, a mi país, nadie puede negarme el derecho de llegar a mi casa”, sostuvo uno de los migrantes venezolanos que se encuentran estancados en esa región.
Amnistía Internacional urgió a Chile y Perú a detener la “militarización” en la zona fronteriza y respetar las normas internacionales sobre la protección de migrantes y refugiados.
“Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por la situación de precariedad absoluta en la que se encuentran estas personas como resultado de políticas crueles y deshumanizadoras que violan las normas internacionales y leyes de Perú y Chile para la protección de personas en necesidad de protección internacional”, subrayó la organización defensora de derechos humanos.
Perú decretó el estado de emergencia en sus fronteras
La situación puede escalar aún más, luego de que la Administración de la presidenta peruana Dilma Boluarte decretara el estado de emergencia en las fronteras con Ecuador, Colombia, Brasil y, por supuesto, Chile.
La medida, que entró en vigor este viernes y se extiende por 60 días, permite la movilización de policías y militares a la región fronteriza para restringir el tránsito y la movilidad.
Boluarte declaró que el objetivo es “preservar el orden interno” y contener la llegada de migrantes. Al anunciar su decisión, la mandataria atribuyó sin pruebas el aumento de la violencia en su país a “actos delictivos” cometidos por migrantes.
Según la jefa de Estado, durante el Gobierno de uno de sus antecesores, Pedro Pablo Kuczynski, su país permitió el ingreso libre de “unos 800.000 venezolanos y otros tantos haitianos que son los que lamentablemente están cometiendo estos actos delincuenciales”, sostuvo.
El ministro peruano del Interior, Vicente Romero, agregó que para controlar la situación, su Gobierno envió 390 agentes de la Policía a Tacna, en la frontera con Chile, a los que se sumará un contingente de las Fuerzas Armadas.
Del lado chileno, las autoridades de Arica, que limita con Perú y está a unos 2.000 kilómetros de Santiago, la capital, también declararon el jueves una emergencia migratoria.
Estancados en la frontera de los dos países, los migrantes enfrentan el clima inhóspito que caracteriza al desierto de Atacama, uno de los más secos del planeta, con días extremadamente calurosos y noches de frío intenso. Algunos han armado tiendas de campaña improvisadas con mantas, pero carecen de agua y otros servicios básicos.
La tensión migratoria amenaza las relaciones diplomáticas
Las acusaciones y las palabras subidas de tono no han estado fuera de la tensión entre Lima y Santiago en los últimos días.
El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, arremetió contra el presidente chileno cuando lo acusó de “tirar hacia otro país” su “problema” con la migración.
“Lo que le pedimos al presidente Boric y a los demás presidentes es que solucionen sus problemas y que no los tiren a nuestro país. Estamos conversando activamente con las autoridades migratorias chilenas para resolver un problema que afecta a los dos países”, declaró.
Aunque Otálora agregó que la crisis migratoria “no afecta” las relaciones diplomáticas con su vecina nación sino que, al contrario, “obliga” a ambos países “a cooperar activamente”, lo evidente es que los desacuerdos en esta materia crecen y ya causaron el llamado a consultas de sus respectivos embajadores.
El Ministerio de Asuntos Exteriores peruano explicó que su país le expresó su protesta al diplomático chileno Jaime Pomareda por la “falta de colaboración” de sus autoridades policiales en la frontera.
Entretanto, el alcalde de Tacna, Pascual Guisa, fue más allá con los reproches al referirse en duros términos al presidente chileno. “No debemos permitir que un innombrable e irresponsable esté trasladando los problemas a la frontera”, dijo.
Ante las controvertidas palabras, la Cancillería de Chile citó al embajador de Perú, Fernando Rojas, y la ministra del Interior chilena, Carolina Tohá, remarcó que las declaraciones del alcalde de Tacna “no contribuyen en lo más mínimo a hacerse cargo del tipo de fenómeno que tenemos al frente y al rol que nos corresponde a las autoridades para manejarlo de la manera más adecuada”.
Desde un corredor humanitario hasta prisión para los indocumentados, las propuestas frente a la crisis
La iniciativa más polémica provino del parlamentario José Enrique Jeri, del partido Somos Perú, quien puso sobre la mesa la idea de un proyecto de ley para que los extranjeros que ingresen a su país sin la documentación requerida sean castigados con hasta diez años de prisión, según declaraciones recogidas por la televisión local.
Por el momento, se desconoce si más legisladores o miembros del gabinete de Boluarte respaldarían esa propuesta.
En Chile, la Cámara de Diputados tiene previsto discutir una medida que tipificaría como delito la inmigración irregular y propone penas de cárcel de hasta 541 días para quien sea sorprendido ingresando al país por vías no autorizadas.
Entretanto, algunos legisladores apelan a medidas compasivas. El presidente de la Cámara de Diputados de Chile, Vlado Mirosevic, pidió un corredor humanitario que involucre a todos los gobiernos de la región para resolver la crisis y permitir el regreso seguro de los migrantes, principalmente a Venezuela.
El canciller de la nación, Alberto van Klaveren, advirtió que hay “un problema humanitario importante en la zona” y sostuvo que la decisión de Boluarte “aumenta la presión” en la frontera.
Por Yurany Arciniegas-France24 con AP y medios locales