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El Semab denuncia al presidente del CGE por posible tráfico de influencias

El Sindicato de Educadores Misioneros plantea que el presidente del CGE, Alberto Galarza, se valió de su cargo de funcionario público para generar un beneficio para sí mismo y personas que elegidas por él. 

En una carta presentada el último lunes al Presidente del Consejo General de Educación, Profesor Alberto Galarza, el Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo, (Semab-CEA), 

denunció que existió tráfico de influencias y discriminación en la manera que el funcionario implementó para otorgar certificados por capacitaciones a los docentes. 

El tráfico de influencias está considerado un delito tipificado en el Código Penal de Argentina y se constituye cuando un funcionario se vale de medios corruptos para alcanzar una finalidad buscada.

El sindicato de maestros presentó una nota dirigida a Galarza en la cual se expone que “aprobó y auspició”capacitaciones docentes aranceladas y dictadas en la provincia de Santiago del Estero a través de resoluciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Misiones, capacitaciones que ya poseen código QR implementado a fin de acreditar identidad y valoración en la Junta de Clasificación y Disciplina. Por este motivo, la representación gremial considera que el presidente del Consejo de Educación está incurriendo en tráfico de influencias ya que utilizaría la información a la que sólo él tiene acceso “para usufructuar de la misma en beneficio suyo y de los terceros que considere”.

El Semab fundamenta su declaración alegando que “la Resolución N° 123 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones, de fecha 01/07/22 aprobó y auspició el 2do. Congreso Internacional de Educación y Nuevas Tecnologías «Desafíos y posibilidades en los escenarios actuales» que se llevó a cabo el 1 y 2 de julio de 2022, en modalidad presencial y virtual, en las instalaciones del nodo tecnológico de La Banda- Santiago del Estero y que fue organizado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero y CyT Consultora, a solicitud del Director General del Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones”.

Asimismo destacó que “la Resolución N°242 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones, de fecha 09/08/23, aprobó y auspició el III Congreso Internacional de Educación y Nuevas Tecnologías. Desafío y Posibilidades en los escenarios actuales, realizado el día 28/04/23 en la Provincia de Santiago del Estero, a solicitud del Director General del Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones”.

A continuación afirmó que “estos congresos llevados a cabo en Santiago del Estero cuentan con un certificado oficial con código QR implementado de resoluciones y de Validación de Identidad que permite la carga inmediata y sin objeciones de dicho certificado en el legajo docente por parte de la Junta de Clasificación y Disciplina de la Provincia de Misiones, así como el acceso a la valoración docente respectiva”. 

Seguidamente, expuso que “la Resolución N°242 del 09/08/23 aprueba y auspicia un congreso realizado el 28/04/23, que expresamente tal lo establece el instrumento legal fuera solicitado por Usted en carácter de Director General del CGE , donde se difunde la participación gratuita, sin embargo para la certificación se pone como condición el pago del arancel acreditado como prueba que obra en nuestro poder, siendo que uno de

los requerimientos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia es no promocionar las capacitaciones antes de contar con la respectiva resolución y, en este caso, la resolución es posterior al congreso aprobado y auspiciado”.

Práctica desleal 

El Semab también sostuvo que “se constituye en práctica desleal hacia el Semab-CEA, quien habiendo presentado y cumplimentado todos los requisitos solicitados por ese ministerio y con las resoluciones de aprobación en mano, no puede lograr que a la fecha le valoren todas las capacitaciones dictadas el año 2022, que fueran reclamadas por recursos presentados que a la fecha no han sido contestados por su parte , formalmente a esta parte”.

En la Provincia de Misiones la Junta de Clasificación y Disciplina no valora ni reconoce cursos gratuitos dictados por el Semab-CEA en convenio con otras instituciones reconocidas a nivel nacional, pero ese organismo sí reconoce y valora congresos solicitados por el Presidente del CGE que son dictados en la provincia de Santiago del Estero y que tienen un arancel de $3.000 que deben ser abonados si el docente pretende obtener el certificado para que impacte en su legajo con la correspondiente valoración.

El sindicato agregó que “se ha constatado que los docentes que realizaron el congreso el 1 y 2 de julio de 2022 y que ingresaron sus certificados a la Junta de Clasificación y Disciplina en el mes de septiembre 2022, han visto el impacto en su legajoy valoración el mismo día del ingreso de dicho certificado”. 

En ese sentido, se añade que esta situación “pone en evidencia que el CGE viene implementando desde el año pasado el sistema SIRyC que otorga, a través de un código QR, la valoración de capacitaciones docentes que son aprobadas y auspiciadas por el Ministerio de Educación provincial pero que se llevan a cabo de manera arancelada en la provincia de Santiago del Estero, mientras en la provincia de Misiones recién este año el Presidente del CGE ha puesto a consideración de los sindicatos con representación nacional dicho sistema para analizar la posibilidad de implementación, lo que pone en evidencia el usufructo de información privilegiada por parte del mismo”. 

Discriminación laboral 

El Semab- CEA entiende que la falta de reconocimiento de los cursos realizados en el 2022 en convenio con el Instituto Freire -que no fueron a la fecha acreditados ni valorados por la Junta de Clasificación y Disciplina de ambas ramas-constituye una discriminación laboral, ya que los cursos solicitados por el Presidente del CGE “son los únicos reconocidos y valorados por dicha Junta el mismo día que se presentan”.

A su vez, dijo que “el Presidente del CGE, en tanto funcionario público con facultades administrativas, tiene acceso a información privilegiada (QR) y la utiliza en beneficio propio o de terceros, perjudicando gravemente tanto a esta entidad gremial como a los docentes que no fueron oportunamente valorados, perdiendo así la posibilidad de ascender a padrones de mayor jerarquía para acceder a cargos jerárquicos y/u horas de los diferentes niveles (principalmente el nivel superior)”.

Tráfico de influencias 

También consideró “que esta práctica es ilegal y, en principio, condenable éticamente, pero que también tiene efectos legales por los daños y perjuicios ocasionados, se inscribe dentro de los delitos contra la Administración Pública y se denomina Tráfico de Influencias en los términos establecidos en el artículo 256 y concordantes del Código

Penal Argentino”.

Finalmente, en la nota presentada, también se expresó que el Presidente del CGE “incurre en Tráfico de Influencias”, argumentando esta declaración en que “se aprovecha del ejercicio de las funciones a su cargo y utiliza sus relaciones personales con otros funcionarios públicos para conseguir una resolución que le genera un beneficio económico para sí y para terceros, lo que atenta contra el correcto funcionamiento del organismo a su cargo”.

Tras lo expuesto, el Semab-CEA solicitó un informe de la situación planteada y que se habiliten los mecanismos necesarios para discutir y elaborar de manera conjunta con los sindicatos de la Mesa de Diálogo y Comunicación una resolución que reglamente la implementación del código QR a fin de que todas las organizaciones sindicales en convenio con los institutos de formación habilitados puedan otorgar capacitaciones variadas y de calidad accesible para todos los docentes de la provincia sin discriminación de  ninguna índole.