La Fiscalía de Perú inicia formalmente unas investigaciones que apuntan a policías y altos cargos del Ejército, quienes están acusados de agredir o matar a 267 personas en las protestas antigubernamentales, que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Los hechos se registraron en varias regiones del país.
Más de 150 policías y militares están siendo investigados por la Fiscalía de Perú tras presuntamente causar la muerte o lesiones de centenares de personas durante las protestas registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. En concreto, hasta 267 ciudadanos fueron afectados por la violencia policial y militar en varias regiones del país.
Según destaca el ente acusador, en Ayacucho se formalizó una pesquisa contra 27 integrantes del Ejército, vinculados con la violencia que tuvo lugar en los exteriores del aeropuerto de la ciudad de Huamanga, el 15 y 16 de diciembre de 2022, que dejó “55 personas agraviadas”, según señala un comunicado oficial.
Entre los imputados se encuentran el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, Jesús Vera; el teniente coronel del Ejército Jimmy Vengoa; el coronel Carlos Vega; y el jefe de la Macrorregión Policial de Ayacucho, Antero Mejía, entre otros.
En la región Puno, limítrofe con Bolivia, la Fiscalía abrió tres investigaciones contra 24 policías como presuntos coautores del delito contra la vida, cuerpo y salud, por la muerte de Salomón Valenzuela y Sonia Aguilar durante la protesta en Macusani, ocurrida el 18 de enero de 2023.
En la ciudad de Juliacá, están investigados 19 miembros de la institución castrense y la Policía por la muerte de 18 personas y 108 heridos en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac.
En Lima, la capital del país, también se abrieron indagaciones contra 12 policías por los hechos de violencia que tuvieron lugar en el centro histórico el 12 de diciembre de 2022, el 4 de enero y el 2 de marzo de 2023.
En el distrito fiscal de Selva Central, la Fiscalía abrió investigación contra el jefe de la VI Macro Región Policial de Junín, Gregorio Villalón; el jefe de la División Policial de Chanchamayo, César Chávez, y el comisario de Pichanaqui, Jonny Vargas como presuntos autores de comisión por omisión de los delitos de homicidio calificado en agravio de un menor de 17 años, Diego Galindo, y Ronaldo Barra.
También han trascendido investigaciones en otras áreas del país, como Ucayali, Arequipa, La Libertad y Chao.
¿Qué ocurrió en las protestas?
La ola de movilizaciones convocadas por la izquierda del país se debió a la destitución y arresto en 2022 del entonces presidente Pedro Castillo, quien había anunciado anteriormente la disolución del Congreso, la intervención del aparato estatal, la instauración de un “gobierno de emergencia” y el intento de reemplazo de la Constitución de 1993.
Una segunda ola de protestas, ya en 2023, y principalmente en el sur del país, también incluía demandas políticas y la destitución de Dina Boluarte, quién juró el cargo de presidenta cuando Castillo fue arrestado.
Aún en el cargo, Boluarte sigue siendo acusada de “impopular” por sus opositores y ha enfrentado manifestaciones de descontento y acusaciones por represión policial, entre otros señalamientos, hacia los manifestantes, por parte de organismos de Derechos Humanos.
Países como Estados Unidos, Brasil, Chile o España han reconocido la figura de Boluarte.
En cambio, presidentes como Andrés Manuel López Obrador, de México; Gustavo Petro, de Colombia y Luis Arce, de Bolivia, así como el exmandatario de Argentina, Alberto Fernández, han cuestionado la legitimidad al actual Gobierno peruano.
Por France 24 con EFE y medios locales