Expertos jurídicos y miembros del Cuerpo Nacional de Policía consultados por ‘Euronews’ aseguran que la detención del líder secesionista catalán huido de la justicia es un hecho.
Carles Puigdemont está de regreso a España. Este jueves pretende asistir al pleno de investidura del presidente de la Generalitat. Él mismo ha anunciado que emprende lo que considera “el viaje de retorno del exilio”.
“En condiciones de normalidad democrática, que un diputado como yo anuncie su intención de asistir a la sesión sería innecesario e irrelevante, pero las nuestras no son condiciones de normalidad democrática”, ha afirmado el líder secesionista huido de la Justicia.
La realidad es que sobre él, después de que el Supremo decidiera no amnistiar el delito de malversación de caudales públicos, pesa una orden de detención que se debe cumplir una vez entre en territorio español.
Pero no se sabe qué va a pasar realmente, dado que Puigdemont pretende asistir al pleno de investidura de Salvador Illa en calidad de diputado autonómico. No está claro, por ejemplo, si le pueden detener una vez acceda al interior de la Cámara.
Si realmente hay voluntad de detenerle, la Policía lo hará
Policía Nacional y miembro de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI
‘Euronews’ ha hablado con miembros del Cuerpo Nacional de Policía. “Cuando entre en España él estará perfectamente localizado y si realmente hay voluntad de detenerle, la Policía lo hará”, nos dice César Alvarado, uno de los portavoces de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI.
En cuanto a la posibilidad de que Puigdemont se ‘refugie’ en el interior del Parlamento, Alvarado nos aclara que dicho espacio “no cuenta con una condición especial” por lo que “sí podría ser detenido en un momento dado ahí mismo”.
El presidente de la Cámara autonómica es Josep Rull, miembro de Junts, la formación del que forma parte el propio Puigdemont. Él mismo ha ofrecido su despacho al líder fugado como lugar seguro. Ante estos hechos, el Partido Popular le acusa de “retorcer el reglamento” para “adaptarlo a las necesidades de Puigdemont”.
Lo que está claro, es que con su regreso se arriesga a ser detenido. El abogado Antonio Gómez de Olea explica a ‘Eruonews’ que dentro del del Parlament “puede haber cierta protección o, digamos, impedimentos a la hora de detener al exvicepresidente catalán”.
Acabará siendo detenido antes o después, porque un Parlamento no tiene el mismo estatus jurídico que una Embajada
“Pero en definitiva, al ser territorio nacional acabará siendo detenido antes o después, porque un Parlamento no tiene el mismo estatus jurídico que una Embajada de un país comunitario o tercero”, añade Gómez de Olea.
Todo esto hace pensar que la detención es inevitable. Ahora bien, podrían llevarla a cabo desde el cuerpo policial autonómico, los Mossos d’Esquadra; o bien el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil. El protocolo es diferente en función del cuerpo que la lleve a cabo.
¿Qué pasará cuando detengan a Carles Puigdemont?
“Si lo hace el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil, iría al Supremo directo. Si lo detienen los Mossos debe hacerlo un mando, previo saludo e introduciéndole en el vehículo sin esposar para trasladarlo al Juzgado de guardia”, detalla el agente César Alvarado.
Hay que tener en cuenta que el máximo jefe de los Mossos, Eduard Sallent, está de vacaciones, por lo que será un intendente quien coordine la detención y la lleve a cabo. Es previsible que los agentes actúen antes incluso de que Puigdemont llegue a Barcelona, donde hay previsto un recibimiento por parte de líderes de su formación en el Arco del Triunfo, un lugar elegido por su significado, una hora antes del pleno.
El abogado consultado por ‘Euronews’ asegura que “podría ser detenido en puestos fronterizos tanto por mar, como por tierra o a través de su llegada vía tráfico aéreo. Como entre Francia y España hay libre circulación, puede que no detengan su vehículo en ese punto si vienen en coche. En ese caso le detendrían una vez sea localizado ya en el territorio nacional”.
Una vez trasladado al Juzgado, éste “decidiría sobre la libertad de Carles Puigdemont y lo más probable es que su letrado alegue la Ley de Amnistía para defender la libertad del investigado”, dice Antonio Gómez de Olea.
Traslado a Madrid y toma de declaración
“Si el juez de guardia considera que hay que poner al investigado a disposición del juez Llarena, que es quien ha dictado la orden de detención en su contra, se le daría traslado a Madrid y aquí se le tomaría declaración”, añade.
Una vez en Madrid “se decidirá, en función del Artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si debe ir a prisión provisional o si por el contrario debe quedar en libertad”, dice.
¿Va a ir el ex ‘president’ Carles Puigdemont a la cárcel?
“Podría ir a prisión provisional siempre y cuando el juez Llarena valore tres conceptos: riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva“. Esto hace pensar, según expertos jurídicos consultados por ‘Euronews’, que sí cabe la prisión provisional en este caso.
Otras fuentes policiales con las que se ha puesto en contacto este medio aseguran que los agentes de las Unidades de Intervención Policial, conocidos como ‘antidisturbios’, están siendo convocados ante su posible traslado inminente a la capital catalana debido a los altercados y disturbios previstos.
Los Comités de Defensa de la República y asociaciones como Omnium Cultural, grupos activistas organizados a favor del independentismo cuyos líderes han sido juzgados por graves delitos de sedición o desórdenes públicos y acusados incluso de terrorismo, han convocado manifestaciones y concentraciones en contra de la investidura de Salvador Illa.
Está previsto que estos grupos puedan coordinar protestas masivas en caso de que se produzca la previsible detención del político independentista este jueves, antes de su llegada al pleno.
¿Por qué hay una orden de detención contra Puigdemont?
El líder de Junts huyó de la justicia española en el año 2017 y no regresó ni siquiera con motivo del entierro de su madre. Se marchó del país tras llevar a cabo ilegalmente y fuera de los cauces democráticos una declaración unilateral de independencia impuesta en contra de la legislación española, de la voluntad de la oposición, de la propia Constitución Española y tras la advertencia del Consejo General del Poder Judicial de la ilegalidad de hacerlo.
Este año el Gobierno de España aprobó una polémica Ley de Amnistía “por la reconciliación” que supone el olvido de tales delitos. La norma es fruto de la exigencia de los dos principales partidos independentistas con representación en el Congreso de los Diputados español (Junts, de Puigdemont; y ERC) para investir como presidente a Pedro Sánchez.
Aunque la Ley entró en vigor y se aplicó, borrando los delitos cometidos en el marco del proceso ilegal e independentista de Cataluña liderado por Puigdemont en 2017, el juez del caso, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, no consideró amnistiable el delito de malversación de caudales públicos que también se imputa al líder de Junts.
La Justicia española entiende que el Gobierno catalán de entonces, liderado por Puigdemont, malversó fondos públicos desviando dinero para celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre, hecho por el que la orden de detención sigue activa.
Fuente EuroNews