La polémica por la reforma judicial impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se mantiene, después de que dos magistrados federales ordenaran la suspensión indefinida de los debates en la Cámara de Diputados en lo que se refiere a la controversial reforma. Los debates estaban presupuestados para los primeros días de septiembre; el oficialismo rechazó la medida, asegurando que “no se van a someter”.
Freno de mano en las discusiones sobre la reforma judicial. La jueza federal por el estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, expidió una suspensión de oficio para pausar indefinidamente el debate en el pleno de la Cámara Baja del Congreso mexicano sobre el paquete legislativo, impulsado desde Palacio Nacional, que pretende reformar el Poder Judicial federal.
La decisión de la jueza López viene después de que un grupo de magistrados tramitara un amparo para frenar la discusión de la reforma, misma que argumentan los separará de sus cargos “sin procedimiento previo ni derecho de audiencia, con las consecuencias jurídicas, laborales, psicológicas y económicas” que el proceso trae consigo, indican.
“Lo cual implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura (…) En suma la independencia judicial y un sistema de justicia libre de coacciones es una garantía para la sociedad”, indicó López en su fallo.
Además, la jueza otorgó un plazo de 24 horas a la nueva legislatura en la Cámara de Diputados, que entra en funciones el 1 de septiembre, para informar sobre el cumplimiento de su sentencia. De no ser así, la autoridad tiene la facultad de sancionar al organismo legislativo.
Por otro lado, un segundo juez federal en el estado de Chiapas, Felipe V. Consuelo Soto, concedió otra suspensión referente a los debates de la reforma judicial, ordenando que, en el caso de que la legislación sea aprobada en el pleno federal, la reforma no sea enviada a los congresos locales para su discusión, y eventual aprobación.
En el sistema legislativo mexicano, para la aprobación e implementación efectiva de una reforma a la Constitución, es necesario que tanto el Senado como la Cámara de Diputados aprueben el texto, pero también es indispensable que al menos 17 congresos estatales den el ‘sí’ a la propuesta.
El fallo del juez Soto también está relacionado con el amparo impulsado por los jueces, indicando que, hasta que no sea resuelto, la suspensión estará vigente. Está presupuestado que el próximo 6 de septiembre se tenga una respuesta final al proceso de amparo impulsado por los magistrados.
El oficialismo en el Congreso rechaza adherirse a la suspensión judicial
En las filas del partido gobernante, y ahora mayoritario en el Congreso, las suspensiones parecen no convencer. El actual líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados y próximo líder de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se pronunció en contra de las suspensiones, calificando las decisiones de los jueces como un acto “absurdo, grotesco e ignorante”.
Además, Monreal advirtió que el Congreso no acataría las suspensiones judiciales. “Esta mayoría legislativa categórica y enérgicamente determina que no se somete ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen porque no tienen competencia para ella, porque no se puede suspender el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo a la reforma constitucional en materia judicial”, resaltó Monreal en sus redes sociales.
Desde el arrasador triunfo de Morena, partido oficialista, en las pasadas elecciones presidenciales y legislativas del 2 de junio, México se ha dividido alrededor de la reforma judicial, prometida por Andrés Manuel López Obrador desde mediados de su sexenio e impulsada con fervor en las últimas semanas de mandato.
La base central de la reforma está en la elección popular de unos 7.000 miembros del Poder Judicial federal, entre jueces, magistrados y ministros, también rebajando la edad necesaria para sostener el cargo, la experiencia laboral y reduciendo el tamaño de la Suprema Corte de Justicia. En la actualidad, los miembros del Poder Judicial federal están inmersos en un sistema de carrera donde, en teoría, escalan paulatinamente.
Para la oposición y algunos gobiernos extranjeros, como el estadounidense y el canadiense, la posible reforma judicial representa un retroceso en la democracia mexicana, exponiendo al Poder Judicial a las influencias del crimen organizado y la concentración de poder en el Poder Ejecutivo. Para las corrientes afines a Morena, es un paso adelante en la democratización del país.
Por: Maximiliano Pérez Gallardo-Frances24.com