Se trata de $100 mil millones que le habían otorgado por decreto de manera excepcional. Desde el Ministerio de Economía afirmaron a este medio que la Secretaría de Inteligencia de Estado recibió $80 mil millones, y que los devolvió al Tesoro Nacional. Perfil intentó reconstruir el recorrido del dinero originalmente imputado al organismo de los espías que se destinó en julio y cuyo decreto fue rechazado en el Congreso en septiembre. De acuerdo con los datos del presupuesto abierto la SIDE recibió $117 mil millones extra en el mismo mes en el que publicó la asignación de recursos.
El decreto 656/24 publicado en el Boletín Oficial del 23 de julio era claro: “Asígnase adicionalmente al presupuesto general de la administración nacional la suma de PESOS CIEN MIL MILLONES ($ 100.000.000.000) destinados a la SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE ESTADO de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN para el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional”. Sin embargo, de esos $100 mil millones, según afirmaron fuentes del Ministerio de Economía a Perfil, a la SIDE se transfirieron solamente $80 mil millones, que fueron devueltos al Tesoro Nacional. “Se llegaron a pagar $80 mil millones y se recibieron $80 mil millones”, se limitaron a confirmar a este medio. Ese mismo mes, sin embargo, el presupuesto de la Secretaría se amplió en $117 mil millones.
Ante la consulta acerca de si parte de estos $80 mil millones fueron ejecutados, la respuesta fue otra vez la misma: “Se devolvió todo lo que se dio”.
En septiembre, luego del rechazo del Congreso al DNU, Darío Neiffert, a cargo de la Secretaría, se presentó en la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso y aseguró que los fondos nunca fueron utilizados y que, en ese entonces, buscaban la manera de devolverlos al Ministerio de Economía.
Lo cierto es que, hasta hace pocos días, y según los datos del presupuesto abierto, la Secretaría de Inteligencia todavía contaba con un monto asignado de $ 136.741,77 millones, de los cuales había devengado y pagado $108.231,78 millones. Una semana después, sin embargo, como devengados y pagados figuran $ 31.934,50 millones, $ 76.297,28 millones menos que la semana anterior. La diferencia es casi coincidente con esos $ 80.000 millones que el Ministerio confirmó que recibió de vuelta.
En el mes en el que se publicó el decreto para la asignación de estos $100 mil millones, el dinero disponible para la Secretaría de Inteligencia pasó de los $ 19.355,78 millones a los $ 136.741,77, por lo que recibió $ 117.385,99 millones extra. Esto significa que, si los fondos asignados por el decreto fueron solamente $ 80.000, se agregaron $ 37.385 millones por otro canal.
Con todo, el monto que figura como ejecutado a noviembre (casi $32 mil millones) supera con creces el presupuesto previo a estos aumentos. Al menos en los papeles, según consta en el presupuesto, $76 mil millones que figuraban como ejecutados desaparecieron, pero los $136 mil millones continúan como “vigentes”, es decir, como disponibles para el gasto. Por eso, como porcentaje, lo ejecutado representa el 23,35% del total.
El monto destinado por decreto a los gastos reservados también continúa cargado como vigente en el presupuesto abierto. De los $ 650 millones –que pasaron a $ 103.194 millones–, ahora aparecen como devengados $1579 millones, y pagados $ 1428 millones. Sin embargo, a pocos días de asignados estos fondos, aparecían como devengados unos $ 80.893 millones.
Por eso, el diputado Maximiliano Ferraro, miembro de la Coalición Cívica, realizó a mediados de octubre un pedido de acceso a la información pública en el que solicitó la documentación que acredite la asignación y transferencia bancarias de fondos del Tesoro a la Secretaría de Inteligencia y de su restitución; el detalle del crédito vigente, comprometido, devengado y pagado cuyo objeto sean “gastos reservados”; y que se indique si la información que hasta ese momento figuraba en el presupuesto era “correcta, válida y actualizada”. Hasta ese día, según los datos abiertos, se habían devengado y pagado $ 81.373,50 millones.
Según afirmó el legislador a Perfil, lo único que tuvo fue una respuesta fechada el 29 de octubre, en donde se le informaba que el pedido sería remitido a la Secretaría de Inteligencia de Estado. Ferraro hizo esta presentación ante la Jefatura de Gabinete “atento a que no se encuentra en el listado la Presidencia de la Nación ni la Secretaría de Inteligencia como dependencias específicas de la solicitud”, puede leerse en el documento fechado el 17 de octubre que compartió con PERFIL. Según el diputado, la Jefatura tiene la facultad para informar sobre las partidas. Pero ahora, bajo el argumento de que corresponde a esa Secretaría, no habría forma de rastrear el expediente, ya que el trámite sigue su curso por correo electrónico, explicó. Esto se debe, argumentan en la respuesta, “a la incompatibilidad de los ecosistemas del Sistema de Gestión Documental Electrónica”.
Agustina Bordigoni-Perfil